Economía

La oferta nacional por la deuda es más de lo mismo

El gobierno de Macri volvió en las últimas semanas a proponer el pago con obras. Una alternativa improcedente que atenta contra el federalismo

Domingo 01 de Abril de 2018

En las últimas semanas se conoció una "propuesta de pago de la deuda" (una de las tantas: RN 19, presos federales, etc.) que el gobierno nacional tiene con el gobierno de la provincia de Santa Fe por la retención indebida de recursos coparticipables. En este contexto vale la pena recurrir a los archivos para demostrar que es "más de lo mismo", sólo que dos años y medio después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN).

Veamos. En septiembre de 2017, en una entrevista periodística, el jefe de gabinete nacional ya había expresado la idea de que se consideraran las obras que el gobierno central tiene la obligación de ejecutar en la provincia de Santa Fe como parte del pago. "Una especie de plan canje" como le repreguntó un periodista local.

"La inversión de más de diez mil millones de pesos que está prevista para el presupuesto 2018 en la provincia ya es una parte de esa propuesta" expresó falazmente, y ya analizaremos más adelante por qué.

Un mes después, el ministro del Interior declara: "Respetaremos el fallo de la Justicia, porque siempre actuamos de ese modo, nos pondremos de acuerdo y terminaremos de definir una propuesta que conforme a todas las partes" pero volvió a marcar la estrategia "lo queremos basar (al pago) en obras de infraestructura, los santafesinos necesitan obras que cambien sus vidas más que recursos que no terminan siendo bien invertidos". (La Capital, 11.10.17).

Apenas unos pocos días después, fue el turno del diputado nacional Luciano Laspina: "Hay que ponerse de acuerdo en la tasa de actualización y en la forma de devolución" declaró y propuso en nombre de la Nación (debiera decir del gobierno central), "sentarnos a discutir un programa de cofinanciación de obras estructurales". (La capital, 19-10-17).

Todas estas declaraciones por parte de funcionarios nacionales formados pueden considerarse "un menosprecio a la inteligencia de los santafesinos, una afrenta contra el federalismo y una falta de respeto al gobierno de la provincia de Santa Fe".

Volvamos a los diez mil millones de pesos del presupuesto 2018 para Santa Fe, y analicemos cuánto de cierto hay en poder tomarlo como parte del pago de la deuda.

Al señalar que Santa Fe recibirá inversiones por diez mil millones de pesos se está refiriendo al total de los gastos de capital localizados en su territorio. Se trata de 9.624.925.115 pesos, formado por la inversión real directa (5.817.008.085 pesos) y las transferencias de capital (3.807.917.030 pesos). Por la variedad de elementos que contienen cada uno de estos rubros del clasificador económico, es una falacia indicar que ellos reflejan "las inversiones" localizadas en territorio provincial.

Lo más claro es analizar los proyectos de inversión por ubicación geográfica y jurisdicción o entidad. Así veríamos (Planilla 12, Capítulo I, Presupuesto Nacional 2018) que la provincia de Santa Fe tiene asignado un total de 5.790.456.031 pesos de los cuales 4.340.587.920 pesos corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad. Esto es, el 75% de lo presupuestado debiera ser ejecutado en las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia y que nadie más que el gobierno nacional debiera ejecutar. El 25% restante están asignados a distintas jurisdicciones y entidades de competencia exclusivamente nacional.

El verdadero punto está en preguntarnos: ¿Los diez mil millones de pesos del presupuesto 2018 son destinados a áreas con competencia conjunta de Nación y Provincia? ¿Es una inversión que ayuda al Estado provincial o municipal? ¿O es la inversión que hace el Estado Nacional porque es su deber hacerlo, porque es su competencia ineludible?

Lo primero y segundo son las menos (entran, por ejemplo, la construcción de los Jardines con recursos del Ministerio de Educación nacional). Pero el grueso de los gastos de capital que se localizan en el territorio provincial, abarca desde la reparación y ampliación necesaria de rutas nacionales hasta cuestiones elementales como el mobiliario de las oficinas de Ansés o Pami, la compra de equipos para las dependencias de Afip y hasta las notebook y celulares de los funcionarios nacionales que están en Santa Fe.

Es decir que con esa "propuesta" a la provincia no le estarían devolviendo nada: es lo que le corresponde hacer al gobierno nacional.

El procedimiento establecido por la Corte en la sentencia que declara inconstitucional las detracciones y obliga a suspenderlas y pagar lo adeudado. No es una mera formalidad sino que su cumplimiento por parte del gobierno nacional es una obligación independientemente del consenso fiscal, e implica tiempo, "recurso" que para una gestión de 4 años es escaso.

En primer lugar, se requiere acordar entre las partes (Nación y provincia) el monto definitivo de la deuda, que surge de la cantidad adeudada más los intereses aplicables. En segundo lugar, satisfecho lo primero, se entra en una segunda negociación con un plazo de 120 días fijado por la Corte, para acordar entre las partes la forma y plazos para el reintegro de lo adeudado; de no ser así lo determinaría la Corte en la etapa de ejecución. Ello conlleva la posibilidad de una dilación sin plazo, lo cual no es bueno para la provincia, económicamente hablando. La trayectoria jurídica para que esto no ocurra es sumamente relevante.

Más de lo mismo

Como vimos en propias palabras de altos funcionarios del gobierno central, el pago de la deuda con obras y el despropósito de que las que figuran en el presupuesto 2018 fueran tomadas como pago a cuenta, fue anticipado en los mismos términos que la reciente propuesta. "Más de lo mismo". Lo nuevo es el pago con bonos, sin decir más.

El pago con obras es, a nuestro juicio, improcedente por cinco cuestiones graves:

u Una primera cuestión es conceptual. La deuda que tiene el Estado nacional con Santa Fe es de recursos financieros. Así de claro. Porque esa deuda no radica en una compensación por un daño ni en aspectos patrimoniales no financieros. Se trata de recursos que el gobierno nacional se quedó con indebidamente y debe reintegrarlos. Entonces, la cuestión es simple: el rol del gobierno central es ver cuáles son las posibilidades de reintegrar esos recursos financieros. Y el rol de los poderes ejecutivo y legislativo provincial (porque esos recursos integrarán los respectivos presupuestos provinciales) será decidir cómo y a qué se destinarán. Nuestra opinión técnica sobre la creación de un Fondo anticíclico ha sido ya publicada y a ella nos remitimos.

u La segunda cuestión radica en que la propuesta de pagar con obras no es neutra en lo instrumental y tiene algo de capcioso, queriendo participar en la decisión sobre en qué gastar esos recursos que debe. Y, además, porque si ese criterio es aceptado los mecanismos de instrumentación quedan bajo el control del gobierno nacional, como lo indica la experiencia incluso en obras de su jurisdicción. Si vemos el ritmo lento de ejecución que tiene el gobierno central para las obras que son de su interés político, no hace falta imaginar mucho cuál será el ritmo que le imprimirá a aquellas donde el interés no sea el suyo.

u En tercer lugar, debe quedar claro que, independientemente de la situación particular de Santa Fe, al tener una sentencia favorable que la hace acreedora del gobierno central, este debe cumplir con el programa de obras públicas oportunamente presupuestado y que le corresponde jurisdiccionalmente ejecutar. En otras palabras, no aceptar el pago con obras no debe tener como contrapartida la desaparición de las obras en territorio santafesino financiadas con el presupuesto nacional, que como vimos en su gran mayoría son en su propia jurisdicción.

u La cuarta cuestión es de tipo institucional. Un 13,4% de la deuda del Estado nacional le pertenece a los 363 municipios y comunas de la Provincia. Y esa deuda con cada municipio o comuna tiene un monto determinado. Entonces, de aceptarse el criterio de pago mediante obras se abre la puerta a la discrecionalidad política para que se hagan las obras en los municipios o comunas que el gobierno nacional prefiera. Y a los hechos nos remitimos, sólo con ver a qué municipios o comunas de la provincia el gobierno nacional ha estado enviando ATN o fondos discrecionales ya es un anticipo de lo que sucedería.

u La quinta observación toca una cuestión de equidad federal. Como sabemos, la provincia de San Luis, favorecida al igual que Santa Fe, por la sentencia de la CSJN, ha presentado ante ella una solicitud para que esta fije el monto y las condiciones de pago. Correspondería que Santa Fe se reserve el derecho de solicitar la mejora en las condiciones acordadas si posteriormente la sentencia de la CSJN sobre lo solicitado por San Luis significa una oferta superadora de las condiciones del acuerdo de pago que se defina.

No es fácil manejar un Estado federal, pero lo difícil y complejo no se resuelve confundiendo el gobierno nacional con la Nación.

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