Economía

La nueva agenda económica del gobierno provincial

La inflación y las consecuencias del conflicto del campo aparecen como emergentes de un cambio en el escenario macroeconómico que modifica los parámetros con los que desenvolvió la economía provincial en el primer semestre.

Domingo 06 de Julio de 2008

La inflación y las consecuencias del conflicto del campo aparecen como emergentes de un cambio en el escenario macroeconómico que modifica los parámetros con los que desenvolvió la economía provincial en el primer semestre. Esto tiene impacto directo en las cuentas públicas y obliga al gobierno de Hermes Binner a ajustar las proyecciones a futuro. La posibilidad de que el año cierre con déficit presupuestario se hace presente y la dinámica del gasto acelera los tiempos de modificaciones impositivas que podrían cristalizar en una reforma global, aunque también gradual, a partir del año próximo.

El arranque

Binner asumió el gobierno con un presupuesto elaborado por la anterior administración, que estimaba un superávit de 300 millones de pesos para el año 2008. Según el ex gobernador Jorge Obeid, la nueva gestión contaba desde el arranque con un disponibilidad de 1.500 millones de pesos. Más allá de que el nuevo gobierno discutió esas cifras, las cuentas provinciales se desarrolló durante el primer trimestre del año sobre un escenario, por lo menos, de equilibrio.

Durante ese lapso, los primeros pasos del gobierno se dirigieron a atender los frentes más urgentes. En materia de coparticipación, liberando topes, compensando el recorte por la ley de financiamiento educativo y adelantando fondos a municipios. El objetivo, además de reparar una deuda histórica, apuntaba a asistir al nivel de la administración pública que primero sintió el impacto inflacionario y la resaca electoral. La contrapartida fue un esquema de coordinación fiscal en la que provincia y comunas se repartieran compromisos.

Con el aumento tarifario de la EPE y un aporte de 100 millones de pesos apuntó a achicar el déficit estructural de 257 millones de pesos anuales y comenzar a sanear las empresas públicas. Con el aporte de 30 millones de pesos para la refacción de escuelas públicas cubrió su primer gran promesa electoral y, entre febrero y marzo, volcó más de mil millones de pesos a atender el frente salarial.

Hasta ese momento, la recaudación por impuestos propios y coparticipables evolucionaba por encima de las estimaciones presupuestarias y el objetivo principal del gobierno era ir acomodando esos recursos a un plan de gobierno que llevara su propia impronta, tanto en materia de obras públicas, como servicios y reforma del Estado, hasta la confección de su primer presupuesto, el que se ejecutará en el año 2009.

El conflicto

En marzo el panorama comenzó a cambiar a partir del conflicto agropecuario. Primero se notó una extraña desaceleración de las transferencias de recursos coparticipables de la Nación y, en la medida que el lock out se fue extendiendo, la incertidumbre alcanzó a los recursos propios. Estos límites se chocaron con un problema preexistente al diferendo entre el gobierno nacional y las entidades de la producción, como es la erosión de ingresos que produce la aceleración de la inflación.

En este marco, y cuando se ve venir una nueva ola de negociaciones salariales, mayores necesidades de los gobiernos locales, incremento del gasto real y probablemente mayores demandas sociales, la desaceleración de los recursos, que ahora evolucionan incluso por debajo de las bajas estimaciones presupuestarias, aceleró los tiempos de un cambio en el sistema impositivo.

"Si aumentamos los sueldos tenemos que subir los impuestos", se atajó Binner hace unas semanas. Desde el inicio de la gestión el Ministerio de Economía y la Administración Provincial de Impuestos (API) venían trabajando en la "sintonía fina" de mejorar el cobro de impuestos, a través de un mayor control de grandes contribuyentes, cambios en la forma de percepción de los mismos y una paulatina reforma administrativa.

La advertencia de Binner devolvió a primer plano uno de los lemas de la campaña electoral: una reforma impositiva que incluya eliminación de exenciones, reemplazo de impuestos y aumentos de tributos, volcando la estructura fiscal hacia un sistema más equitativo y anticíclico.

Escenarios

El ministro Sciara admitió esta semana la posibilidad de avanzar en algunos aspectos de esa reforma en el próximo presupuesto. La semana que viene se reunirá el gabinete económico para comenzar el análisis en detalle del sendero a transitar en el segundo semestre y el año próximo. Para ello, se pondrán bajo la lupa diferentes simulaciones económicas de probables escenarios.

El jueves se reúne la Comisión de Coordinación Fiscal, una instancia en la que participan funcionarios del gobierno y autoridades y dirigentes de las nuevas regiones, que a su vez se convierte en un plafón interesante a partir de la cual facilitar el consenso para sacar determinados proyectos en la Legislatura.

De todos modos, se estima que cualquier cambio será gradual y muy meditado, atento, entre otras cosas, al "efecto Lousteau", que obliga a analizar cualquier modificación impositiva en función de la respuesta social que genere.

El ministro de Economía señaló que, de momento, el plan para el segundo semestre "es tener el pie sobre el freno y no sobre el acelerador, teniendo más control sobre el gasto". Su preocupación es obtener recursos para poder cerrar las cuentas del 2008 con el menor rojo posible.

Lo cierto es que el gobierno provincial aceleró el análisis de estos temas y hoy se maneja con dos escenarios posibles: se resuelve el conflicto del campo y sobreviene una lenta recuperación de los niveles de actividad o persiste el enfrentamiento y se profundiza todo en una crisis.

De todas formas, el gabinete de Sciara parte de una premisa: la estructura impositiva actual está armada en base a un modelo económico que se hizo trizas con la salida de la convertibilidad. Además, la provincia en los últimos años perdió autonomía fiscal, ya que hoy los recursos propios alcanzan apenas al 40%. Esto limita la capacidad de solventar políticas que mejoren sustantivamente los ingresos.

El esquema fiscal

El esquema fiscal está condicionado y sostenido por parámetros que fueron delineados a partir del pacto fiscal de 1993, cuando las provincias se comprometieron a rebajar impuestos propios y a aumentar las exenciones y las desgravaciones impositivas. Esto se tradujo en la eliminación progresiva del pago de ingresos brutos y aportes sociales, fundamentalmente para la industria y el campo, la carga del peso tributario sobre el comercio, los servicios y los consumidores.

Las espadas económicas de Binner consideran que la devaluación se convirtió en la principal política de promoción para los sectores industriales y agropecuarios, sumada a medidas específicas para algunos como las salvaguardas y subsidios. De esta forma, mantener el esquema de incentivos del pasado hoy actuarían como una especie de sobrepromoción.

Sin embargo, Sciara aclaró que toda modificación tributaria debe ser analizada dentro del corset que las propias provincias fueron admitiendo a través de la rúbrica de los diferentes pactos fiscales. "Nosotros apuntamos a una estrategia tributaria que pueda tener viabilidad fáctica y política", agregó.

Este es un aspecto en el que coinciden otras fuentes especializadas en temas tributarios, que entienden que en realidad las posibilidades de cambios profundos quedan más supeditadas a la aceptación política y social de los santafesinos y a la efectividad que puedan llegar a tener al momento de recaudar.

Con todos estos elementos en la mesa de trabajo, Sciara explicó que de arreglarse el enfrentamiento entre el gobierno nacional y los productores rurales se avanzaría con una reforma tributaria más integral que empezaría a plasmarse en el proyecto de presupuesto 2009, que debe ser presentado en la Legislatura provincial para septiembre.

La reforma

En esta hipótesis, el ministro explicó que se analiza el posible reemplazo o configuración de nuevos tributos, como puede ser, entre otros, el ya anunciado monotributo provincial y la eliminación de exenciones. Sobre este último punto, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren, aclaró que se respetarán los acuerdos ya firmados, para evitar problemas relacionados con la seguridad jurídica. Pero agregó que "lo que estamos planteando es sincerar cómo contribuye cada sector, porque hoy las condiciones macroeconómicas son muy distintas a las de los 90".

El secretario de Hacienda, Carlos Fernández, señaló que las potenciales modificaciones aún están en un estado "de debate conceptual". Sí admitió que el objetivo de la gestión apunta "a una estructura tributaria con gravámenes menos procíclicos".

Desde 2003, y con la decisión de las últimas gestiones de no subir bases imponibles ni alícuotas, los gravámenes relacionados con el movimiento económico (particularmente ingresos brutos) pasaron a representar en la actualidad casi el 70% de los recursos propios. Por lo que ante una caída de la actividad, como se produjo en junio, salvada por el cambio en el mecanismo de percepción de ingresos brutos, el Estado queda cada vez más atado a las fluctuaciones de la coyuntura económica y a la dependencia de los fondos provenientes de la Nación.

Frente a esta situación, una variante podría ser la modificación del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, que desde todos lados admiten que, al menos las bases imponibles, quedaron muy atrasadas. Una fórmula que barajan para hacer más equitativo un incremento de este gravamen sería ir hacia un esquema como el adoptado en Rosario. El problema que aparece es político en el caso del campo. "¿Cómo subirle el inmobiliario rural en un momento de tanta crispación en el sector y que tendría escasos beneficios para las arcas públicas?", se preguntan en el gobierno. Igual se responden que tampoco puede ser que una campo que en el mercado está tasado en medio millón de dólares (el caso de un predio de alrededor de 50 hectáreas en la zona núcleo) pague apenas cuatro cuotas de 100 pesos al año.

En el caso de patentes, que junto con el inmobiliario es uno de los tributos que más interesan a los intendentes y presidentes comunales, todo cambio es auscultado en relación al comportamiento de las provincias vecinas, ya que si bien podría ser una de las medidas para mejorar la recaudación su efectividad se vería resentida si los compradores de vehículos decidieran anotarlos en distritos límitrofes que cobren un porcentaje inferior al que se cobra en Santa Fe.

Otro punto en carpeta, pero que está más relacionado con la administración tributaria, es avanzar con la descentralización del cobro de tributos como inmobiliario e ingresos brutos. Aquí entra a jugar la Constitución provincial casi como una especie de barrera.

El plan B

En el caso de no arreglarse la situación del campo, el gobierno iría hacia a un aumento de algún de los tributos, pero simplemente apuntaría a cubrir gastos operativos y compromisos ya asumidos.

En general, en esta hipótesis abreba una importante masa de funcionarios provinciales. La mayoría cree que por encima del conflicto de los ruralistas el gran desafío es la inflación.

Las obras

En este sentido, habría una revisión mayor de las obras de infraestructura proyectadas y una postergación en la estrategia de imprimir una impronta más marcada a la gestión en materia de reforma del Estado.

Desde mayo, el gobernador Hermes Binner viene advirtiendo sobre la posibilidad de un replanteo y rediscusión de las obras públicas, pero todavía mantienen en marcha proyectos como la avenida de la Travesía en Rosario y el llamado a licitación de los acueductos en los próximos dos meses.

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