La mesa de enlace cuestionó el proyecto de incentivo a la agroindustria

La comisión de enlace de entidades agropecuarias (CEEA) salió a cuestionar el proyecto de incentivo a la inversión agroindustrial que hoy enviará el gobierno al Congreso y que fue trabajado en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Pocas horas antes de que la iniciativa llegue al Congreso para su tratamiento, la comisión de enlace que integran Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que el reciente proyecto del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, no es más que un aporte menor a ideas elevadas al Poder Ejecutivo”.

También señalaron que “son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que depende de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no está estableciendo ni quién las regulará”.

En cambio, insisten con una ley “de contenido más amplio”, que entre otras cosas contenga una reducción hasta su eliminación de las retenciones o un tipo de cambio único para la actividad.

El gobierno presentará la iniciativa esta tarde a las 18 en el Museo del Bicentenario en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, que contará con la presencia de funcionarios y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector.

El proyecto original propuesto por el sector privado tenía como objetivo principal un incremento en las exportaciones de los diferentes complejos agroindustriales hasta llegar a los u$s 100.000 millones, sumado a la creación de 700.000 puestos de empleo.

Ahora, esta iniciativa estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas.

A mediados del año pasado, el gabinete económico, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó los trabajos con el CAA en diferentes mesas técnicas de trabajo para diseñar herramientas de incentivo para las diferentes actividades agroindustriales.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que, entre algunos de los beneficios que contendrá el proyecto de ley, se prevé un “diferimiento anticipado de IVA a tres años para nuevas inversiones” y demás cuestiones impositivas.

“Lo que se trata de mandar es un fuerte mensaje a la demanda de todo el complejo agroindustrial”, culminó Domínguez.

Este proyecto no conformó a la mesa de enlace, la cual emitió un comunicado en el cual indicó que aspiran a que el país “algún día tenga una ley agroindustrial que englobe a todos los sectores involucrados y por la cual hoy estamos integrando la iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino, donde perseguimos el objetivo de hacer aportes, desde las entidades de productores, participando en las mesas de trabajo conformadas en ese ámbito”.

Por eso, consideraron que la iniciativa del Ejecutivo “no es más que un aporte menor” a las ideas propuestas.

“Coincidimos en que debemos lograr una ley de contenido mucho más amplio donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación para todas las actividades agroindustriales y economías regionales”.

Además, consideraron clave “operar con un único tipo de cambio, bajo propuestas sectoriales de crecimiento sostenible de producción y exportación con mayor valor agregado, con regímenes especiales de inversión con amortización acelerada”, agregaron, entre otras tantas medidas que “nos permitan alcanzar metas que ayudarán a revertir la situación actual de pobreza y marginalidad que afecta a nuestro país”, concluyeron.