La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional un artículo de la ley de reforma previsional sancionada en diciembre pasado y ordenó al gobierno aplicar la fórmula anterior de movilidad para calcular el aumento del haber jubilatorio que realizó en marzo pasado. Esto significa que el Estado deberá reconocer un incremento de 14,5 por ciento en lugar del 5,71 por ciento que finalmente otorgó cuando debutó el nuevo sistema. Y ordenó devolver la diferencia de casi nueve puntos porcentuales.
La demanda fue presentada por Miguel Fernández Pastor, y el fallo del tribunal de alzada le dio la razón al entender que la nueva fórmula de actualización debe ser aplicada "hacia adelante" y no en forma retroactiva.
En medio de una batalla adentro y afuera del Congreso, el gobierno logró aprobar en diciembre pasado la ley reforma previsional. La norma cambió la fórmula de ajuste de los incrementos y su forma de aplicación en el tiempo. Mientras el anterior sistema, sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tomaba en cuenta la variación de la recaudación y de los salarios en los seis meses anteriores, con el nuevo mecanismo la suba del haber comenzó a calcularse en base a la evolución de la inflación (70 por ciento) y de los salarios contemplados en el Ripte (30 por ciento). Tanto el cálculo como la aplicación de esta modalidad pasó a ser trimestral.
El cambio de fórmula significó una pérdida para los jubilados, que en 2018 cobrarán un aumento menor que en 2017. Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), en el primer semestre hubiesen cobrado con un incremento de 14,5 por ciento en un solo pago, mientras que el efectivamente otorgado por el gobierno tras la modificación de la fórmula es de 11,7 por ciento en dos tramos.
Pero el punto que dirimió ayer Justicia, fue el "empalme" entre el nuevo y el viejo sistema. Según el demandante, en marzo se debió haber aplicado el aumento basado en la fórmula anterior, que ya había sido calculada en 14,5 por ciento. En cambio, el gobierno aplicó la fórmula nueva, que arrojó una suba de 5,7 por ciento trimestral. Ese cambio le comió nueve puntos porcentuales de aumento a los jubilados y pensionados, que fue parcialmente compensada sólo en algunos casos por un bono extraordinario que entregó el gobierno.
Ayer la Sala III del tribunal de alzada declaró inconstitucional el artículo 2 de la ley de reforma previsional, que establece ese anclaje. Y ordenó restituir esos nueve puntos obre los haberes de jubilados y pensionados.
Los jueces sostuvieron que el gobierno vulneró los derechos de los jubilados al quitarles ese porcentaje, y que debía haber encontrado otra forma. La instancia siguiente de apelación es la Corte Suprema de Justicia, a la cual se descuenta que concurrirá el gobierno.
En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la ley es inconstitucional y "no aplicable" a los haberes devengados entre el 1º de julio y el 29 de diciembre del 2017".
La decisión del tribunal ordena también que "dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la ley 26,417, los haberes del actor correspondiente al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la ley número 27.426".
El fallo está firmado por el juez subrogante Rodolfo Mario Milano, y los camaristas titulares del tribunal Néstor Fasciolo y Martín Laclau, y llega en medio de la decisión del gobierno nacional de realizar un ajuste sobre las cuentas del Estado.
Oficializan tregua en tarifa social
Las distribuidoras de gas volverán a aplicar la bonificación del 100 por ciento para los usuarios con tarifa social, aunque sólo por los consumos efectuados en mayo y junio, según oficializó ayer el gobierno. La decisión se tomó a través de una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicada ayer en el Boletín Oficial. En consecuencia, el incremento de la tarifa social comenzará a correr desde julio, en pleno invierno. El ajuste de la tarifa social había sido dispuesto en una audiencia pública que se realizó en noviembre del año pasado.
