Martes 06 de Julio de 2021
La Justicia comercial decretó ayer la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. La jueza Marta Cirulli consideró que la oferta realizada por la compañía postal era inferior al valor de la deuda de la compañía.
“Sólo a los ojos de la propia empresa la oferta que hizo representaba el 100%”, dijo la jueza en lo comercial.
Cirulli resaltó en su fallo que “el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A (con el Estado), en el 100% del capital nominal ($ 296 millones) más intereses”. Pero a la hora de calcularlos recurre a una tasa que “no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, en 2003”.
En sus últimos intentos, el Correo Argentino había ofrecido pagar $ 1.000 millones por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal supera los $ 5 mil millones.
La ley de concursos y quiebras establece que si en esta etapa no hubo acuerdo preventivo, el juez declarará la quiebra sin más trámite.
El concurso de acreedores del Correo Argentino inició en 2001 cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
En su fallo, la jueza Cirulli recordó que de las seis firmas que se presentaron al salvataje sólo el propio Correo Argentino SA “mantuvo el interés de seguir con el trámite”.
La magistrada también hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal. “A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones”, recordó. En esa situación, consideró “no podría razonablemente suponerse” que aquellos acreedores aceptarían ahora “la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas”.
La magistrada resaltó además que aún si se dejaran de lado los cuestionamientos a los avales presentados por la concursada, la empresa postal de los Macri no logró la conformidad de su principal acreedor, que es el Estado nacional, acreedor Categoría A.
También rechazó las acusaciones que había lanzado la empresa de los Macri contra la Procuración General del Tesoro, en el expediente del concurso. “No encuentro ahora, como no encontré el 18 de marzo de 2010, mérito para calificar al Estado nacional como acreedor hostil”, sostuvo.
La jueza explicó que “si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de hostil al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente”.
La magistrada dedicó una parte de su fallo a aclarar en qué condiciones llegó a la decisión emitida, luego de que en las últimas horas el ex presidente Mauricio Macri y algunos de sus ex funcionarios la mencionaran en redes sociales y le advirtieran sobre las consecuencias políticas que podría generar su fallo. “Efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada”, subrayó.
En la parte resolutiva del fallo, la magistrada ordenó oficiar a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central y requerirle a este último que “el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
La jueza también dispuso la incautación de los bienes de la empresa decretada en quiebra para ser rematados.
La quiebra del Correo Argentino SA puso fin a un concurso de acreedores de 20 años, que se inició a fines de 2001, una vez que la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
El concurso había empezado en septiembre de 2001. Un año antes, el entonces presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, le había reclamado que pague el canon, advirtiéndole que de no cancelarse el monto adeudado, en ese momento calculado en $ 92 millones de pesos, se aplicará la ley.
En 2003, el Estado le quitó la concesión al Grupo Macri y rechazó el acuerdo que se sustanciaba como parte del concurso, por lo que se decretó la primera quiebra de la empresa, lo que dio lugar a más de una década de marchas y contramarchas con revocaciones y reaperturas.
Luego de que en 2007 se fijara un nuevo plazo para llegar a un acuerdo, Correo Argentino SA alcanzó un entendimiento con los acreedores en 2010, aunque no con el Estado nacional, lo que resultaba imprescindible para el avance del expediente.
En 2016, ya durante el gobierno de Cambiemos, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
Esa misma resolución tuvo como consecuencia una investigación penal contra Macri.
