Vicentin

"La intervención de Vicentín es un atropello a la Constitución"

El constitucionalista y diputado provincial Nicolás Mayoraz afirmó que el Ejecutivo nacional "no tiene facultades para dictar un DNU para intervenir" la cerealera.

Jueves 18 de Junio de 2020

El constitucionalista y diputado provincial Nicolás Mayoraz aseguró en la Cámara baja santafesina que se está discutiendo “un proyecto de expropiación" de la empresa cerealera Vicentin "que no existe y que se hace para disimular la intervención que se está haciendo", y señaló que "la decisión del gobierno es un grave atropello a nuestro sistema federal de gobierno y al principio republicano de división de poderes".

“Debemos decirlo con toda claridad: el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente es inconstitucional. El Poder Ejecutivo de la Nación no tiene facultades para dictar un DNU para intervenir Vicentín. El Poder Ejecutivo no tenía ningún fundamento para hacerlo”, señaló el diputado y, luego de detallar las precisiones jurídicas, destacó: “Nos parece realmente muy grave que naturalicemos esta decisión y que ahora la demos por hecha, por indiscutida, cuando muy por el contrario, sea Vicentín o sea la que sea, no podemos aceptar que el presidente de la Nación intervenga de ese modo y atropelle el derecho de propiedad y de ejercer una industria lícita a ninguna empresa argentina”

Pero el constitucionalista también mostró su preocupación por el "avasallamiento" de las autonomías provinciales: "En un país que se precia de ser federal lo primero que debe respetarse son las instituciones locales. Esto estaba ocurriendo y ocurre en la provincia de Santa Fe y tiene sus autoridades designadas por el pueblo de Santa Fe. Se trata además de un problema que está judicializado. Es decir, que está interviniendo el Poder Judicial. No podemos permitir esa intromisión y esa violación del principio de división de poderes como lo han hecho. Mucho menos si ni siquiera estaba ingresado el proyecto de ley de expropiación y ni hablar de si no está aprobado".

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Para Mayoraz, no es cuestión de ponerse del lado de la empresa o del lado del Estado Nacional, sino de la ley. “El rechazo a la intervención no implica apoyar a la empresa, mucho menos cuando son los primeros responsables de haber llegado a esta situación”, indicó, además de remarcar que también hay que considerar si hubo desmanejos e irregularidades.

"El desafío es encontrar un equilibrio dentro de la ley. La propiedad privada no es absoluta sino un derecho que debe armonizarse con el bien común", pero advierte que "los mecanismos inconstitucionales sólo agravan el problema porque aumentan la inseguridad jurídica: ¿qué tranquilidad pueden tener ahora los productores, los trabajadores, si vemos que un Poder Ejecutivo de la Nación hace lo que quiere si no se respeta la Constitución, si no se respeta la división de poderes". Señaló además su preocupación de que esto quede como un antecedente para futuras intervenciones de un gobierno centralista.

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Para Mayoraz es también una cuestión de cómo se usa el poder: “El Estado debe estar presente, no ya como un acreedor que busca la satisfacción de su crédito individual, sino como un garante de un proceso transparente y ágil que redunde en beneficio de todos”.

"Desde el bloque Somos Vida y Familia trabajamos por soluciones reales y sustentables con todos los actores involucrados, sin atropellos, para recuperar la confianza en el cuidado, a través de la ley, del trabajo, la producción y la propiedad de miles de trabajadores, productores, cooperativistas y prestadores de servicios. Son miles de familias que están en riesgo. Ellos también tienen que recibir una atención prioritaria en el marco de la ley", concluyó.

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