Economía

La economía de guerra

La crisis se profundiza y el gobierno endurece su política para enfrentar el aumento de la conflictividad.

Domingo 29 de Julio de 2018

La crisis se profundiza y el gobierno endurece su política para enfrentar el aumento de la conflictividad. Las renovada ofensiva contra los sindicatos críticos con la política económica y la decisión de abrir las puertas de la seguridad interior a las fuerzas armadas integran una misma secuencia. La lógica es dar señales al prestamista de última instancia de que está dispuesto a ir a fondo con el programa orientado a garantizar la fuga de capitales y el repago de la deuda tomada en los últimos dos años.

El mapa del disciplinamiento social y sindical fue diseñado desde el minuto uno de la actual administración. Los nombres propias y las organizaciones entran a la lista de acuerdo a las circunstancias. La nómina se agranda en proporción inversa a la brutalidad del modelo. Los tiempos de coqueteo preelectoral quedaron atrás, y el último capítulo de esta disputa tiene al camionero Hugo Moyano en el foco. El Ministerio de Trabajo le aplicó una millonaria multa por el presunto incumplimiento de una conciliación obligatoria. De acuerdo a la experiencia de los dos últimos conflictos en el complejo aceitero, pareciera que esa obsesión fiscalizadora es mayor con la representación de los trabajadores, ya que tanto Cargill en su momento, como Bunge hace unos días, se tomaron su tiempo para aceptar la tregua impuesta en medio de los conflictos por el despido de su personal.

Como si se turnaran, los gigantes multinacionales de la exportación se encadenaron en la ofensiva de despidos. Días después del cierre del largo conflicto iniciado por la desvinculación de 40 despidos en Cargill, su colega se cargó a 60 obreros aceiteros en la planta de Ramallo. En el vértice ganador del actual modelo económico, amparados por la cartera laboral y custodiados por la Prefectura, los grandes traders del agronegocio saborean una revancha largamente esperada contra una organización sindical que hace poco más de una década convirtió a trabajadores precarizados y mal encuadrados en los mejores pagos del país.

El tablero de la conflictividad que está en la cabeza del gobierno es todavía más amplio, y se nutre diariamente de organizaciones sindicales, sociales y políticas de diferentes espacios y orígenes. Como sucede por estas horas con los metalúrgicos de Firmat, las disputas activadas por la crisis se extienden por todos los territorios. Los números del Indec ya comienzan a reflejar el deterioro de las condiciones de vida que hace se experimenta desde hace meses. Hace unos días el organismo reconoció una caída de casi 6% en la actividad económica de mayo. Los números rojos arrastran a la actividad industrial y comercial, la inflación y desempleo. Y contrastan con la fenomenal y constante fuga de dólares que quedó reflejada en el último informe del Banco Central sobre el mercado cambiario. Más de 50 mil millones de dólares desde diciembre de 2015, sólo en concepto de adquisición de divisas para atesoramiento externo. La concentración de este proceso dolarizador en un reducido número de operadores pone en evidencia la lógica de la política económica. No busca corregir desequilibrios sino transferir ingresos a un núcleo de corporaciones muy definido.

Y ese camino se profundizará. Por distintas vías, voceros del oficialismo admitieron en los últimos días que el gobierno pretende ir por un nuevo cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. La nueva estación de una reforma más profunda del sistema previsional. El gobierno nacional busca un aval implícito de la oposición y los gobernadores, a quienes además les está presentando oficialmente un menú de recortes. En Santa Fe alcanzarían a unos 8 mil millones de pesos.

En el altar de esos sacrificios fiscales está el repago de una deuda que, como reiteró Ecolatina esta semana, saltó del 50% al 80% del PBI. Pasivo que no obedece a ningún desequilibrio heredado sino que, por el contrario, será la gran hipoteca que legará esta administración al próximo período de gobierno, sea quien sea.

El tamaño del condicionamiento comienza a sacudir el sistema de definiciones del espectro político no oficialista. La declaración de esa deuda como "odiosa" por parte de un grupo de organizaciones sociales y políticas es un posicionamiento clave, toda vez que la discusión económica en los próximos tiempos exigirá pasar de la crítica y la denuncia a la propuesta sobre cómo se abordará la pesada herencia.

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