Economía

La deuda por coparticipación, una disputa que atravesó varios gobiernos

A fines de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe y San Luis en los pleitos que iniciaron contra el Estado nacional por la detracción de recursos coparticipables para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Miércoles 18 de Octubre de 2017

A fines de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe y San Luis en los pleitos que iniciaron contra el Estado nacional por la detracción de recursos coparticipables para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

El máximo tribunal, que extendió los alcances de la sentencia a Córdoba, ordenó negociar en un plazo de 120 días la forma en que se pagaría la deuda acumulada por esas reducciones y frenar inmediatamente los descuentos que mensualmente se realizan cuando el Banco Nación envía las transferencias automáticas a estos Estados.

El fallo de la Corte Suprema también ordenó cumplir con el mandato de la Constitución de 1994 para discutir una nueva ley de coparticipación, y contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

La prehistoria del caso se remonta a la década del 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmó con las provincias el primer pacto fiscal. Por ese acuerdo, la Nación pasó a detraer el 15 por ciento de los recursos tributarios previos a la coparticipación a provincias, para financiar a la seguridad social.

La cláusula primera del pacto fiscal de agosto de 1992 fue prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos federales. En una de esas prórrogas, el Estado extendió a partir de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral.

En ese momento, Santa Fe no firmó el pacto, por lo cual reclamó la devolución de los fondos. Tras una serie de pasos de reclamo administrativo, el gobernador Hermes Binner presentó el reclamo a la Corte Suprema. En 2010 hubo una audiencia pública en Buenos Aires para analizar el diferendo. La posición de Santa Fe fue avalada por los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann.

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