La crisis económica en los tres años de gobierno de Macri

El gobierno de Mauricio Macri cumplirá su tercer año de gestión, en medio de la crisis económica más profunda desde e período 2001/2002. De acuerdo a las estimaciones de organismos internacionales, consultoras y economistas de diferentes capillas para el año 2019, el presidente se encamina a terminar el mandato con una economía al menos dos puntos más chica que la que encontró. El derrumbe es mayor cuando se mide en términos per cápita.

Será la primera vez desde la crisis de fin de siglo que la el PBI se contrae dos años seguidos. Desde finales de 2015, la inflación acumulada supera el 120%, la producción industrial cayó seis puntos porcentuales, el desempleo nacional volvió a la zona de dos dígitos, el salario real promedio cayó cerca de 10 puntos en tres años, la tasa de interés está en el podio del ránking mundial, se desplomó el consumo y se estancó la inversión. El déficit fiscal total se mantendrá el año próximo en 3 puntos del PBI por la creciente carga de la deuda y, producto de un enloquecido proceso de endeudamiento y una descontrolada fuga de capitales, el Estado nacional debió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para no oficializar el default.

Aun cuando queda un año para mostrar alivio estadístico en algunos indicadores, a tres años de iniciado el gobierno, la política económica macrista exhibe un fracaso. Puede haber diferentes diagnósticos, pero no hay disonancia entre los especialistas más serios sobre este punto. Tampoco sobre la responsabilidad excluyente que le caben a sus propias decisiones en la dinámica que desembocó en la actual crisis.

El endeudamiento del Estado nacional superior a los 100 mil millones de dólares (al que se suman 50 mil millones de provincias y privados), combinado con una salida de divisas por un monto casi equivalente, alimentó el gatillo fácil que disparó la corrida cambiaria de este año. La descontrolada apertura de la cuenta capital y el estímulo oficial al carry trade en un contexto de retirada de los capitales en los mercados emergentes detonaron la bomba.

Hubo advertencias muchas, de propios y ajenos, que empezaron desde el mismo momento en que se decidió el levantamiento de las restricciones cambiarias, en diciembre de 2015.

Como se subrayo en su momento, el levantamiento del cepo no iba a tener efecto en la atracción de capitales sino que estaba destinado facilitar su salida. Fue lo que pasó, finalmente, al cabo de un breve festival de deuda y bicicleta financiera para inversores de corto plazo.

La pronosticada lluvia de inversiones no ocurrió. Los únicos proyectos de inversión directa se llevan o llevarán adelante en áreas cuya puesta en valor excede las decisiones del gobierno. Tal el caso de Vaca Muerta o los acuerdos con China, que se apoyan en marcos normativos y planes de acción anteriores a su gestión, sobre un potencial intrínseco.

La colección de fotos con líderes mundiales que el gobierno de Macri traduce, desde su primera participación en el Foro de Davos, como "regreso al mundo" no se traduce en negocios genuinos. El riesgo país sigue por las nubes, golpeado por la prevención que los inversores internacionales tienen sobre la economía argentina.

El blindaje financiero del FMI, acordado en dos pasos, muestra un respaldo político internacional, aunque más relacionado con el interés por encapsular una crisis que puede impactar más allá de la frontera, que en la confianza sobre la solvencia de la actual administración. De hecho, esas dudas fueron documentadas por el organismo multilateral durante la discusión del último pacto.

Los cercanos y abultados vencimientos de deuda correspondientes a ese salvataje, así como el fuerte salto en el ratio de deuda al 100% del PBI contribuyen a construir la pesada herencia que dejará el presidente. Sea a sí mismo o a otro. Más allá de lo que pase, el costo del experimento al que optó por someterse el electorado local en 2015 y 2017 es alto.

El programa del gobierno de los CEOs se reveló como un mero plan de saqueo y una paritaria de negocios cada vez más restringida a un puñado de empresas de los sectores de energía y finanzas. Un derrotero que esta altura ameritaría una mirada más relacionada con la valoración judicial que económica o política.