El director nacional de Migraciones, Horacio García, ratificó ayer que el gobierno buscará acentuar su política migratoria para fortalecer el control sobre "quién entra y quién no" al país en función de sus antecedentes penales, con la finalidad de reducir el narcotráfico y otras actividades delictivas.
"En el último mes dimos 28 mil turnos para atención de migrantes. Nos creemos con la autoridad moral suficiente para sentarnos en una mesa a pensar a quiénes vamos a seguir dejando entrar porque vienen a trabajar y a quiénes no porque vienen a traer delito y muerte a toda la República Argentina", enfatizó.
Además, pidió al Congreso que discuta la "modificación de los plazos" para resolver la expulsión de un extranjero que delinque en el país, tras advertir que en la actualidad ese proceso puede llegar a demorar hasta "ocho años".
En este sentido, anticipó que el Ejecutivo está "trabajando en un proyecto" de ley en pos de "generar las condiciones para que el Congreso se expida, porque hay que modificar plazos que la ley ha hecho eternos".
"Tenemos que ser amigables con los que vienen a trabajar a la Argentina, pero tenemos que ser estrictos y determinantes: no queremos delincuentes en la Argentina. No queremos ni que ingresen ni que permanezcan en la Argentina los inmigrantes que vienen a delinquir", sentenció.
García reveló que "desde hace un año por expresa directiva" del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, su dirección viene trabajando para "cambiar la política migratoria".
Para el director de la dependencia gubernamental, es necesario "generar la mayor cantidad de convenios de información con todos los países de la región y del mundo".
Daniel Cinalli estimó que los focos de la semana pasada "se dieron por desidia" de algunos vecinos de un asentamiento irregular. "No fue por las altas temperaturas", subrayó.
Por Carina Bazzoni
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