Economía

Inmobiliario rural: el valor fiscal y el del mercado se equipararían en 6 años

Es si la Legislatura aprueba el proyecto de reforma tributaria que elevó el Ejecutivo provincial. Las diferencias entre las valuaciones oficiales actuales y los precios reales difieren entre 23 a 40 veces.

Lunes 23 de Abril de 2012

El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno provincial prevé la convergencia del valor fiscal de los inmuebles rurales con los valores de mercado para el 2018, año en que se prevé la eliminación total de los topes a los incrementos surgidos de la revaluación fiscal de los campos y la "progresividad" prevista, entre otros aspectos, con la creación de las Unidades Económicas Agropecuarias (UEA).

El proyecto que ingresó la semana pasada en la Cámara alta santafesino contempla una suba del impuesto inmobiliario rural con progresiones que van del 50 por ciento al 600 por ciento.

El relevamiento del Poder Ejecutivo incluido en el mensaje de la iniciativa resalta que las diferencias entre valor fiscal versus de mercado promedian, según el departamento de la provincia auscultado, entre las 23 y 40 veces. Las mayores diferencias se registran en los campos considerados de "alta productividad".

Casos. Por ejemplo, una hectárea en El Trébol, del departamento San Martín, tiene un valor fiscal máximo de 1.411 pesos, mientras que el valor de mercado sería de 56.000 pesos, según el análisis realizado por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Las menores diferencias -23 veces- se registran en los departamentos de San Lorenzo y Rosario, donde, en este último caso, el valor fiscal máximo de una hectárea en Funes es de 2.800 pesos, mientras que el valor de mercado ronda los 64.000 pesos.

De todas formas, al interior de cada departamento también se registran diferencias entre los valores máximos, en algunos casos de forma significativa. Así está reflejado en el anexo del artículado del proyecto.

"El valor promedio del inmobiliario rural es de 11 pesos por hectárea", se quejó el gobernador Antonio Bonfatti al día siguiente de la presentación del proyecto ante la prensa.

Casi medio siglo. "Los valores fiscales que actualmente componen la base de datos del Servicio de Catastro e Información Territorial, se elaboraron sobre la realidad agropecuaria provincial en el año 1974 y luego se actualizaron en forma uniforme en 1992", apunta el Ejecutivo en el mensaje del proyecto, y agrega que en Santa Fe los valores fiscales de la hectárea están "muy por debajo del resto de las provincias de la Región Centro". Y pone como ejemplo que la emisión en 2012 del inmobiliario rural no llegó a los 160 millones de pesos, siendo en Córdoba 630 millones y en Entre Ríos 680 millones para el año en curso.

Unidades económicas. La iniciativa propone una progresividad en función de la superficie.

Además del incremento resultante por la suba de la valuación y de la cuota a pagar, los propietarios que acumulen varias unidades económicas, pagarán un extra.

El proyecto establece un adicional a grandes propietarios cuando se acumulen entre 5 y 10 inclusive UEA del 50 por ciento del impuesto para ese período; más de 10 y hasta 15 inclusive del 75 por ciento; y cuando se acumulen más de 15 UEA, el adicional será igual al 100 por ciento.

Todos estos aspectos, algunos de los cuales recogen las demandas de la Federación Agraria Argentina (FAA), son temas aún debate entre los senadores del oficialismo y la oposición, y de malestar entre algunos los productores.

Si bien hay consenso entre los distintos bloques legislativos sobre el atraso del inmobiliario rural, las mayores diferencias estriban sobre la "progresividad" que busca imprimir el Ejecutivo provincial al impuesto.

La iniciativa es similar, en su concepción, a la llevada adelante por el socialismo en Rosario años atrás con la tasa municipal.

Método de cálculo. Los cambios que propone el Ejecutivo establecerían que "se actualizarán en forma anual los precios básicos máximos y mínimos por hectárea y por distritos para los inmuebles rurales conforme a las variaciones de precios que se produzcan en el mercado e identificados por el observatorio de valores, debiendo rendir información al Poder Legislativo".

De este modo, a través del observatorio que elabora el Servicio de Catastro e Información Territorial provincial, el gobierno tendrá la potestad de revaluar los valores de los campos sin necesidad de contar con una aprobación legislativa previa, que sólo tendría ingerencia en caso de que se busquen modificar las alícuotas.

En el artículo 32 del proyecto de reforma se elabora un cuadro con los topes de incrementos de acuerdo a la valuación fiscal de los campos, pero también establece que estos topes "se eliminarán gradualmente conforme lo establezca la reglamentación que se dicte al efecto, hasta su eliminación definitiva en 2018".

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