La inflación y el financiamiento internacional serán los frentes de la política económica nacional más impactados por la guerra en Medio Oriente. La economista y diputada nacional Julia Strada consideró que las turbulencias en los mercados globales alejan la posiblidad de volver al mercado de deuda. “El ministro de Economía dice que se resiste a ir a Wall Street pero eso casi un chiste porque, en realidad, no puede colocar bonos afuera”, señaló.

En ese escenario se explica el apuro del gobierno por la reforma laboral. “El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de u$s 4.000 millones anuales, está diseñado precisamente para que Luis Caputo pueda incluso usar fondos de las jubilaciones en títulos del Tesoro”, señaló la directora del Centro Economía Política (Cepa) durante una entrevista con el programa La Banda Cambiaria.

El efecto de la guerra en la economía global toma a la Argentina en un momento complejo. “La economía no atraviesa un proceso de desinflación acelerado como vende el presidente, llevamos más de seis meses en los que el IPC sube”, señaló Strada, quien advirtió que el conflicto en Medio Oriente ya está pegó en el precio de la nafta.

Por otro lado, está la tasa de interés. “El camino de descenso de la Reserva Federal podría revertirse si la inflación se recalienta, complicando la estrategia de Caputo para refinanciar la deuda”, explicó. Y recordó que Argentina tiene u$s 30.000 millones en vencimientos de acá al 2027.

“Sin la posibilidad de rolear esa deuda, el escenario es muy difícil, especialmente porque recién ahora se empezaron a comprar reservas”, agregó.

El "blindaje" del FAL

En ese contexto se pone en evidencia uno de los objetivos del apuro del gobierno nacional por sancionar la reforma laboral. “Caputo no puede colocar deuda afuera por el alto riesgo país y por eso recurre al mercado local, y en ese marco el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de 4.000 millones de dólares anuales, está diseñado precisamente para que pueda negociar mejor, o incluso para usar fondos de las jubilaciones en títulos del Tesoro”, explicó.

La reforma también da luz verde a una avanzada empresarial sobre los sindicatos. “Es como si hubieran puesto todos los semáforos en verde para que los empresarios vayan a alta velocidad y los trabajadores deban esquivarlos”, describió. La norma facilita el despido “sin dar demasiadas explicaciones ante una Secretaría de Trabajo que ya no cuestiona si la empresa realmente está mal”.

Pero además avanza sobre una informalidad preexistente y “apuesta a una nivelación para abajo: si se puede precarizar al trabajador registrado, no hay incentivo para formalizar al que ya está en la informalidad”, apuntó. Por eso, aclaró que en torno del cambio en el ley de contrato de trabajo “no se discute productividad sino destrucción de puestos de trabajo”.

La diputada de Unión por la Patria lamentó que “el peronismo y el movimiento obrero organizado” reaccionara “de manera tardía” frente a este debate. “El tema de la reforma laboral se instaló seriamente recién cuando llegó a Diputados con media sanción del Senado, hay un déficit democrático ahí: mucha gente se enteró de lo que se votaba mientras ocurría o incluso después de aprobada la ley; existe una mezcla de ignorancia sobre los efectos de los cambios y un individualismo muy fuerte que se ha construido durante años”, indicó.

La micro y la macro

El punto es que la crisis laboral y social que se profundiza con estos cambios torpedea el propio programa macroeconómico del gobierno nacional. “La micro y la macro se están retroalimentando en un círculo vicioso negativo, el consumo interno representa el 60% del PBI y está muy afectado por la contracción salarial”, subrayó. Y consideró que “lo más preocupante es que ha surgido un problema sistémico de morosidad: los balances de los bancos muestran altas tasas de incobrabilidad porque las familias ya no pueden pagar la tarjeta de crédito ni para comprar comida; cuando esto llega a los bancos y al Merval, deja de ser un problema individual para ser un riesgo para todo el sistema”.

Frente a esta situación, la economista entiende que, pese al impacto de la guerra, el gobierno intentará que el tipo de cambio baje o se mantenga atrasado. “El objetivo del equipo económico es que el tipo de cambio sea el ancla inflacionaria”, enfatizó.