“La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas y es la principal preocupación y el principal desafio del gobierno”, reconoció ayer el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa al reconocer que se trata de un fenómeno “multicausal” y que los factores que la provocan “tienen que ser atacados coordinadamente”.

“No queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes”, sentenció, en una crítica a quienes objetaron las características del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en defensa de las políticas implementadas para bajar el alza de precios. En ese sentido, sostuvo que por medio de la planificación se podrá reducir la inflación “año tras año, de modo sostenido y paulatino”.

Por otra parte, el presidente criticó “esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas”, que impidió reducir en el contexto de la pandemia “la muy alta inflación que heredamos”.

La inflación del último año de la presidencia de Mauricio Macri fue del 53,8%, el registro más alto desde 1991. Desde entonces, las tasas anuales de inflación fueron del 36,1% en 2020 y del 50,9% en 2021.

También sostuvo que el país “necesita ordenar su política monetaria y fiscal”, además de asegurar que se seguirá “la senda de ordenar las cuentas públicas”, aunque “sin condicionar nuestras políticas de justicia social”.

La inflación de los últimos dos años muestra una marcada diferencia entre los precios de los bienes y los de los servicios, debido a que las tarifas de estos últimos estuvieron congeladas la mayor parte de ese período. Esa brecha podría reducirse en 2022, luego de la aplicación de aumentos tarifarios en los servicios de electricidad y gas, aunque en porcentajes inferiores a la evolución de los salarios y a la inflación proyectada, según planteó el mandatario.

La segmentación de los subsidios busca “lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos, afirmó el presidente y remarcó que “en Argentina se acabaron los tarifazos”.

“Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, planteó.

Por eso, precisó, “en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”. Para el resto de los usuarios, “nuestra política se inspirará en la ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri”.

Según recordó, esa normativa _que declaraba la emergencia tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019_ establecía que “las tarifas sólo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial”.

La ley vetada por el ex presidente Macri retrotraía los aumentos de luz, gas y agua a noviembre de 2017 y prohibía su actualización por encima del índice de variación salarial hasta 2019 para los usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que disponía que las empresas concesionarias de los servicios deberían devolver lo que se cobró de más al momento de sanción de la ley.

“Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios”, remarcó.

Así, consideró, “alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”.

El swap con China

El presidente Fernández también anunció ayer que la República Popular China accedió al pedido del gobierno argentino de ampliación del “swap” de monedas, con el objetivo de fortalecer la estabilidad cambiaria.

“Puedo anunciarles hoy que ayer he recibido la confirmación del gobierno chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap en función de lo expresado en la declaración conjunta que firmáramos en mi visita oficial” a Beijing, dijo el jefe del Estado.

Sostuvo que esta decisión se dio en medio del trabajo que lleva adelante la Argentina en el marco multilateral, “para una integración que potencie nuestras posibilidades productivas y fortalezca la estabilidad de nuestra economía”.

“China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria”, acotó.

La ampliación del swap con China fue activada en la vista que Fernández concretó el 6 de febrero a su par del gigante asiático, Xi Jinping. Su uso está centrado en el fortalecimiento de las reservas internacionales y en la realización de intercambios comerciales con China sin emplear dólares. La ampliación del “swap” fue uno de los temas abordados por el presidente a principios de febrero pasado durante la visita que realizó a China. Actualmente el intercambio de monedas entre el Banco Central y el Banco de la República Popular de China es de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s 18.700 millones. Una vez que se efectivice la ampliación, el monto total sumará u$s 21.700 millones.

Si bien el swap con China no tiene costo mientras se encuentre inactivo, queda contabilizado dentro de las reservas internacionales y está disponible para ser utilizado inmediatamente ante una crisis cambiaria.