La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (que el gobierno toma como referencia hasta que el Indec vuelva a funcionar) alcanzó el 6,5 por ciento para el mes de abril, el nivel mensual más alto de los últimos 14 años y anualizada superó el 40 por ciento. La última medición del sector industrial de la UIA, indica que la producción manufacturera cayó 3,8 por ciento en marzo, mientras las fábricas de la provincia de Santa Fe encendieron el alerta por la crisis que les generó el aumento de las importaciones y la caída del consumo.
La caída del poder adquisitivo del sector asalariado ronda los 10 puntos en el primer trimestre del año, según mediciones privadas, al punto que empresas como algunas tabacaleras bajaron el precio de los cigarrillos esta semana casi un 5 por ciento por el derrumbe de las ventas. La producción de autos retrocedió 3,8 entre marzo y abril último. El empleo sigue mostrando tantas señales de resentimiento que el debate por la ley antidespidos se convirtió en una cuestión de Estado en las últimas semanas. Y finalmente, las previsiones internacionales indican que la economía argentina está en recesión y caerá 1,5 por ciento el PBI este año, con un nivel de inflación anual superior al 30 por ciento y un aumento del desempleo, según estimó la calificadora de riesgo internacional Moody's en su último informe.
A medida que los datos objetivos muestran en forma palmaria que el primer cuatrimestre del año expresa síntomas claros de desaceleración y deterioro de las variables macro y micro económicas, el relato oficial de que se llegará a la "Tierra Prometida" en el segundo semestre comienza a diluirse empujado por lo fáctico. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri sigue cosechando aún parte del capital político nacido de la avalancha de votos y es a través de ese resquicio donde busca ganar tiempo suficiente para evitar que el rumbo económico que eligió tenga un impacto social tan contundente que le complique la gobernabilidad.
El crédito político (ahijado también en la suma de desaciertos que provocaron la derrota del kirchnerismo en diciembre último y afianzado por la sucesión de causas judiciales contra funcionarios de ese gobierno) llegó al punto tal de lograr capitalizar conquistas de otro modelo económico. Así se reflejó esta semana en el acto de inauguración de la nueva línea de producción en General Motors, donde la CEO global y número uno de la compañía automotriz saludó a Macri por sus "extraordinarias reformas económicas y su fuerte apoyo a la inversión y a la industria han permitido que General Motors fortalezca su compromiso histórico con Argentina". Ese mismo compromiso que la compañía asumió en 2013 cuando eligió a la Argentina entre otras locaciones mundiales para desarrollar un proyecto de auto global que fue el que se presentó esta semana.
Sin embargo, la empatía ideológica de los grupos de poder con los gobiernos "amigos" sobrevive sólo hasta el límite del negocio y el dinero. Es por eso que los sectores empresarios que esta semana firmaron con el presidente el "compromiso por el empleo" por 90 días lo hicieron con la promesa oficial de que ese entendimiento le ponía un cepo a la ley antidespidos que avanzaba a toda máquina en el Congreso. Pero estuvieron mucho más esquivos en salir a respaldar el sucesivo y reiterado pedido de Macri de crear nuevos puestos de trabajo.
"Forzados". Tras el encuentro y el anuncio en Casa Rosada, el representante de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, reconoció que muchos empresarios fueron forzados a firmar el acuerdo. Aclaró después que era porque no pensaban despedir. Sin embargo, luego del encuentro la mayoría de los firmantes también dejó entrever que lo de crear nuevos puestos era un tema que recién se analizará a partir de 2017, porque a todas luces el segundo semestre ya está encima como para pensar que habrá una recuperación que lo amerite.
Ese escenario de expectativas poco alentadoras es una realidad que termina neutralizando el paquete de medidas fiscales que adoptó el macrismo al inicio de su gobierno, como la salida del cepo o las eliminación de las retenciones al sector agropecuario.
Con un dólar que volvió a plancharse y que en el segmento mayorista esta semana perforó el piso de los 14,20 pesos, los sectores exportadores comienzan a encender el alerta. Además, la imposibilidad del gobierno de frenar la inflación mantiene expectantes a industrias tan dinámicas como la automotriz que encuentran en esta variable un signo de preocupación.
Por otra parte, con un fenómeno climático que deterioró la producción agrícola y pulverizó al sector tambero, la rentabilidad que se ganó por un lado vía reducción de retenciones, se terminó licuando por las pérdidas. Esa situación se palpa con más dureza en los territorios, a través de las renovadas demandas de las provincias hacia la Nación para discutir en otros términos la coparticipación. E incluso aceleró la intención de algunos estados subnacionales como Santa Fe de buscar dinero por otro lado. La provincia avanzó en su intención por salir a endeudarse en el mercado internacional a través de la colocación de bonos, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a la autorización para tomar deuda por 1.000 millones de dólares. Una decisión que puede sumar liquidez a las finanzas públicas en la coyuntura, pero que al igual que lo hizo la Nación tras la salida del default, expone a la provincia a los vaivenes internacionales del tipo de cambio y a la voluntad de los jueces de Nueva York.
