Fernando está casado, tiene dos hijos y cuenta con 23 años de trabajo en el puerto de Rosario. Es maquinista pero la polifuncionalidad le impone distintos tipos de tareas. El año pasado fue despedido junto a otros 24 compañeros por la concesionaria TPR, en un hecho que encendió la mecha de un conflicto que lleva más de un mes. Como parte de las negociaciones para destrabarlo, la empresa accedió a reincorporar a veinte estibadores, pero él está entre los otros cinco. Ayer se levantó a las 6 y se fue a la puerta de la terminal, donde se encadenó en reclamo por su reincorporación y la de sus colegas.

La situación motivó un operativo en la zona, con la intervención de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), de la policía provincial, de Bomberos Zapadores y también dos negociadores de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Es que como parte de la medida, el trabajador amenazó con prenderse fuego.

Rodeado de sus compañeros, exhibía su telegrama y reclamaba que le expliquen qué “causa” tenía la empresa conformada por Vicentin y Ultramar para echarlo. También pidió la presencia de autoridades provinciales y del Enapro, para interpelarlas a actuar en este largo conflicto. Pasado el mediodía, un mediador policial intentaba hacer la gestión para tratar de calmar la situación.

En Buenos Aires, mientras tanto, se desarrollaba una nueva audiencia de conciliación entre representantes de la concesionaria y el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), César Aybar. Aunque el encuentro se desarrollo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, estuvo presente también el titular de la cartera laboral de la provincia, Juan Manuel Pusineri. Se pasó a un nuevo cuarto intermedio, hasta hoy a las 10.

“Hubo avances ya que la empresa está dispuesta a reconocer la paritaria del sector portuario, y originalmente lo que eran 25 despidos, hoy alcanzan a cinco trabajadores, cuya situación está siendo discutida por parte de la empresa y del sindicato”, reconoció Pusineri.

El contó que “la firma aduce que estos trabajadores tienen causas para ser desvinculados mientras que el gremio plantea esquemas de reincorporación u otras alternativas para ello”. Ese, dijo, es el punto de discusión central, que llevan adelante la empresa y el sindicato”, cerró el funcionario.

En el portón de entrada al puerto, donde Fernando se encadenó, no había palabras amables ni para la empresa, ni para la provincia ni para el titular del gremio. Vienen de pasar un fin de año horrible, angustiados por el rumbo de un conflicto que arrancó cuando Terminal Puerto Rosario (TPR) despidió a 25 empleados en medio de una discusión por la recomposición de sueldos.

El gremio denunció desde un primer momento que la empresa buscaba crear un conflicto para presionar al gobernador Omar Perotti a negociar una extensión del contrato de concesión. De hecho, el Supa pidió que le saquen la gestión a la concesionaria y el Enapro le quitó el lugar en el directorio. Aunque hubo un cambio de interlocutor en la patronal, la intransigencia persiste sobre todo en relación a los cinco empleados que se niega a retomar.

“Estoy cansado de la situación que estamos viviendo, estoy desde los 18 años en el puerto y estoy harto de la injusticia”, dijo Fernando, encadenado al portón. Le al gobernador Perotti que “se haga cargo del puerto” y también interpeló a Aybar: “Que ponga lo que tiene que poner y metan a las 600 familias adentro”.

Reclamo de los industriales

Desde el sector patronal, entidades como la UIA y Fisfe reclamaron poner fin al conflicto y liberar las cargas retenidas.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) reclamó la “urgente” puesta en marcha del puerto de Rosario, que se encuentra paralizado por un conflicto gremial desde noviembre pasado. Advirtió que la industria santafesina no puede acceder a insumos que afectan las cadenas de valor de múltiples sectores, lo cual interrumpe procesos productivos, incrementa costos logísticos y perjudica planes de comercialización.

Fisfe recordó que desde el inicio del conflicto, gestionó a través de su entidad de cúpula, la Unión Industrial Argentina, la liberación de cargas inmovilizadas, que se estiman en más de 1.000 contenedores.

Advirtió que volver a realizar operaciones por otros puertos no sólo implicaría costos adicionales sino atravesar nuevas aprobaciones de Siras.