Gremios del cordón industrial y representantes de los 22 despedidos de la firma sanlorencina Guerrero Motos se encuentran en alerta y revisión de las medidas a tomar en adelante, ante la falta de acatamiento por parte de la empresa de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, a lo que se suman una serie de episodios sombríos que recalientan el conflicto.

Con la adhesión de numerosos sindicatos y de legisladores, se realizó ayer en la sede rosarina de la CGT (Córdoba 1076) un acto en repudio de la judicialización y criminalización de la protesta, luego de que la patronal denunciara esta semana a al secretario gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (Smata), Román Moyano y el fiscal Aquiles Balbis ordenara su detención bajo las figuras legales de incumplimiento de mandato judicial y turbación de derechos.

Tal detención ocurrió en el marco del encadenamiento de los trabajadores frente a la planta, bloqueando el ingreso, y Moyano fue liberado horas más tarde.

“El lunes nos vamos a tener una reunión con los despedidos para ver cómo seguimos, porque no podemos exponer a los compañeros a que los verdugueen, que les pegue la policía o que los metan presos y los tengan en una cueva de 1,5 metro cuadrado”, señaló el secretario General de Smata, Marcelo Barros, quien denunció que “la empresa, insolente, hace lo que quiere y se cree dueña del campo laboral, como otras que se hacen las dormidas, pero no lo están”.

Finalmente, el dirigente gremial instó a la unión del movimiento obrero, que “debe estar preparado para enfrentar el futuro y ayudar a todos los gremios que estén en situaciones como ésta. Acá no tenemos que pensar en los dirigentes sino en la necesidad de la gente de una vez por todas”, remató.