El gasto primario del Estado nacional era de 24,5% del PBI a fines de 2015. En dos años bajó al 22,8%, fundamentalmente por una reducción de la participación en el producto de los subsidios económicos, los gastos de capital y los salarios de la administración pública. La baja del gasto total fue menos contundente, ya que en ese punto influye el salto en el pago de los intereses de la deuda, de 0,8 puntos porcentuales en relación al volumen de la economía, en dos años. El aumento del peso de la deuda se llevó en buena medida el ajuste del gasto público primario que impulsó el gobierno en 2016 y 2017.
Así, mientras el déficit fiscal primario en relación al producto bajó de 4,3% a 3,8%, el resultado negativo final, que incluye los servicios de deuda, subió del 5,6% al 6%. En el contexto de la actual crisis externa, el gobierno anunció nuevos recortes para bajar el deficit fiscal primario en 2018 y 2019, y así garantizar el pago de la deuda y la provisión de dólares a los inversores financieros que salen del país. Como en este esquema el servicio de la deuda no entra en el radar de los recortes, las apuestas de los analistas se orientan a determinar qué rubros del gasto primario tendrán un recorte extra.
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revisó las cuentas públicas en los últimos dos años, y formuló una serie de hipótesis sobre las áreas en las que el gobierno podría hincar las tijeras. Subsidios, obras públicas y salarios seguirán, según este análisis, sometidos a la presión del ajuste fiscal. Pero este año, ya antes de la necesidad del acuerdo con el FMI, se incorporó a la tijera otro ítem: el de prestaciones sociales.
Esto, por el ajuste contemplado en el cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria. Los distintos escenarios fiscales que construyó el Iaraf se basaron en proyecciones de un crecimiento del 2,5% este año, una inflación del 22% y el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y de la movilidad de las jubilaciones. El punto es clave porque, debido a los beneficios derivados del anterior régimen y a la ley de reparación histórica sancionada junto al blanqueo, el ítem que explica la mitad del gasto público primario se mantuvo estable en 2016 y aumentó algunas décimas en 2017. Lo que busca el informe es determinar es qué áreas se presentan márgenes de recorte, sin que ello implique una recomendación.
Para ello trazó la historia de los ajustes que hizo el gobierno, que hasta 2015 cayeron en subsidios y gastos de capital. En 2015 el gasto en estos rubros eran equivalentes a 90% y 63%, respectivamente, del déficit fiscal. Las prestaciones sociales casi triplicaban ese rojo, pero ese gasto es más inflexible.
El desafío de reducir el gasto primario fue más difícil debido al ofertismo impositivo sobre los sectores de ingresos más altos de la economia. En 2016 bajaron los ingresos 0,3 puntos porcentuales del PBI por reducción de retenciones e impuestos a las ganancias de pesonas físicas.
En 2017, el déficit fiscal primario bajó a 3,8% del PBI, con lo cual se sobrecumplió la meta fijada por el propio gobierno, del 4,2%. Pero como los intereses de la deuda subieron a 2,2% del PBI, el déficit total subió al 6%.
Recortes en subsidios y obras
En tanto, subsidios (3,8% a 2,1% PBI) y gastos de capital (2,7% a 2%) fueron los rubros que más cedieron en relación al PBI en los útimos dos años. En base a los parámetros de la esponsabilidad fiscal, la movilidad jubilatoria y la reforma tributaria, las proyecciones para 2018 revén una reducción de 1,4 punto porcentual del gasto primario para alcanzar un déficit fiscal primario de 2,9% del PBI, un resultado que significaría el sobrecumplimiento de la meta autoimpuesta.
Ya antes de la corrida del dólar, el rubro de prestaciones sociales se sumaba a la guillotina fiscal, con una reducción prevista de 0,3 punto porcentual del PBI Pero en medio de la corrida, el gobierno anunció una profundización de las metas de déficit fiscal, al 2,7% del PBI en 2018. Alcanzar ese resultado implicaría bajar 0,2 puntos el gasto de capital, adicional a la reducción de 0,3 punto ya pautada. Así, llegaría al 1,5% del PBI, desde el 2,7% que representaba en 2015.
En este escenario, el Iaraf analizó tres escenarios de aceleración de las metas de reducción del déficit, considerando como el rubro más flexible el de los subsidios económicos. Concluyó que si se eliminar totalmente este rubro para 2020, el equilibrio fiscal se alcanzaría en 2021. Si la meta de déficit cero fuera 2020, la eliminacion de los subsidios debería se total para ese año. Pero si el gobierno buscara el equilibrio el año próximo, esa reducción no alcanzaría, ya que se necesitaría sumar un 0,5 punto porcentual adicional, que debería salir de otros rubros.