La economía argentina cierra en 2022 el segundo año de crecimiento consecutivo, una secuencia que no se daba desde hace diez años. Tras la profunda recesión provocada por el ciclo del macrismo y la pandemia, la recuperación de la actividad permitió que la tasa de desempleo en el Gran Rosario, un aglomerado históricamente problemático en la materia, descendiera hasta tocar el menor nivel de los últimos cuarenta años.

La reactivación, apalancada en un cambio significativo de las políticas públicas nacionales, se mantuvo firme hasta el tercer trimestre, sustentada en la fuerte expansión de la producción de bienes y una tasa de inversión que alcanzó picos históricos.

La inflación, mayor al 90% en 2022, se encargó de arrebatar los beneficios de esta expansión a los trabajadores, cuya participación en el ingreso nacional está poco por encima del 40%. Los robustos resultados que muestran los balances presentados por las principales empresas que cotizan en Bolsa muestran a dónde fueron a parar.

También señalan a los ganadores de la durísima puja distributiva que se desplegó en el último año de feroces corridas contra el peso, especulación con el abastecimiento de insumos y rabiosos aumentos de precios. Matizada con algunos conflictos sindicales de envergadura, como la emblemática pelea de los trabajadores del neumático, que fueron rápidamente estigmatizados.

Los efectos de larga duración de la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania, la inflación mundial, el aumento de las tasas de interés, la crisis de la burbuja financiera en el sector tecnológico y de criptomonedas, y el sendero hacia el estancamiento o recesión iniciado por la economía global impactaron y seguirán condicionando el desempeño de la actividad local. Aunque fueron dos sucesos estrechamente vinculados los que hicieron la diferencia en este plano: el acuerdo con el FMI y la crisis política en la coalición oficialista nacional.

El programa acordado con el Fondo para refinanciar los pagos de la megadeuda que tomó Mauricio Macri se consolidó como el plan económico del gobierno, paradójicamente luego de la traumática salida de quien lo firmó: Martín Guzmán. El ex ministro cuya suerte fue sellada por los socios mayores del Frente de Todos, renunció en malos términos con el gasto en alza, la actividad volando y la deuda en pesos bajo fuego.

La turbulenta transición que siguió a su salida le sumó varios puntos mensuales a la inflación, pulverizó cualquier intento de valorizar los datos positivos de la gestión, atizó la corrida cambiaria casi hasta el borde del abismo y encendió la mecha de una ofensiva política de la oposición que tuvo al Poder Judicial como uno de sus principales arietes.

Sergio Massa se convirtió finalmente en la figura que “le dio volumen político” a la gestión. Se aferró al plan de ajuste pactado con el Fondo, abrió una paritaria con los tenedores de dólares para recomponer las reservas y con los grandes formadores de precios para intentar desacelerar la inercia inflacionaria. Paso a paso, logró una frágil tregua en el mercado cambiario y hoy celebra, módicamente, haber devuelto la inflación similares a los que dejó su antecesor.

Este pequeño plan de estabilización tiene sus costos, y uno de ellos es profundizar la desaceleración de la actividad económica en los últimos meses de 2022. Un aterrizaje que podría ser más duro de lo esperado por el efecto del peor fantasma que recorre hoy la economía argentina: la mayor sequía desde el ciclo 2008/2009. Ese clima y el de la política le pondrán el condimento al año electoral que se presenta. Un año bisagra y plebiscitario en materia de política económica ya que se decidirá entre las promesas de subsanar las cuentas pendientes del actual modelo o el programa para regresar lisa y llanamente a la versión más cruda del régimen instrumentado entre los años 2016 y 2019.