Economía

Fondos buitre: desarreglar adentro para arreglar afuera

El Poder Legislativo autorizó al gobierno a tomar nueva deuda, pero no hay una explicación sobre los costos para la economía argentina.

Domingo 27 de Marzo de 2016

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo que deroga dos leyes recientemente aprobadas por el mismo Congreso y habilita al gobierno a emitir deuda externa con la que se pagará lo acordado con una parte de los denominados fondos buitre.

El debate parlamentario presentó un variado espectro de argumentos a favor y en contra de la propuesta. Sin embargo, y fuera de toda materia opinable, nadie se animó a asegurar que la aprobación de estas leyes significará la resolución definitiva de los problemas del país respecto al cumplimiento de sus compromisos de deuda externa. En rigor, nadie podría, sin recurrir al engaño, asegurar que los argentinos estarán mejor con la implementación de estas propuestas.

Por un lado, porque se sabe que este acuerdo no garantiza la ausencia de futuros conflictos, tanto por parte de los acreedores que quedarán fuera de todos los acuerdos, como de aquellos que aceptaron el canje en 2005 o 2010 y se sientan perjudicados por la mejor oferta que el país les está haciendo hoy a los fondos buitre.

Por el otro, y de mayor trascendencia, porque la autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para emitir los volúmenes de deuda externa planteados, no está fundamentada por un programa económico que explique la solvencia de la economía argentina para afrontar los nuevos compromisos de pago en moneda extranjera, ni mucho menos el criterio político para distribuir internamente los costos que ello signifique.

El modelo de Macri. En sus primeros 100 días de gestión, el gobierno de Mauricio Macri ha dado claras señales respecto a la concepción política con la cual piensa encarar estos aspectos económicos, lo que sumado a sus declaraciones públicas, reduce la incertidumbre sobre el cauce que tomará el cambio vigente. Puntualmente, desregular el marcado cambiario (o como se suele decir, levantar el denominado “cepo cambiario”), quitar retenciones a sectores exportadores, impulsar despidos masivos y no intervenir en conflictos laborales del sector privado, bajar impuestos a los bienes de lujo, promover el aumento de tarifas y liberalizar el comercio exterior, son una muestra fáctica de ello.

Con las medidas adoptadas al día de hoy y considerando sus primeros efectos visibles, se puede apreciar el nuevo esquema de ganadores y perdedores propuesto por el gobierno de Cambiemos. En efecto, es totalmente esperable que el mayor sacrificio fiscal del Estado producto de la emisión de deuda para el arreglo con los fondos buitre (y otros destinos) recaiga principalmente sobre los sectores de menores ingresos. El mecanismo utilizado es conocido: la quita de subsidios y servicios públicos a los sectores más vulnerables, los recortes presupuestarios en promoción y desarrollo, el efecto sobre los precios de las medidas liberalizadoras y, en general las medidas que encuadran bajo el denominado ajuste fiscal (o eficientización del Estado), tal como ocurrió en Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, por mencionar el caso más reciente.

Por el contrario, los sectores concentradores del poder económico, pueden apropiarse de los excedentes y eludir los costos sociales de un mayor sacrificio fiscal, con ganancias extraordinarias basadas en la especulación financiera, la remarcación de precios y mayor rentabilidad, la concentración económica, la flexibilización laboral, etc. Todo esto, se facilita no sólo por la concepción de un Estado “eficiente que no pone palos en la rueda al sector privado”, sino también con la presencia de funcionarios y representantes de las propias corporaciones ocupando gran parte de los cargos del actual gobierno. Así, la llegada de más dólares producto de la emisión de deuda externa, podría terminar en la ya conocida fuga de capitales que, gracias a la libertad de acceso a la divisa, permitiría engrosar los más de u$s 80.000 millones que ya se absorbieron del sistema productivo argentino durante los últimos 10 años.

el costo de la deuda. Con este panorama, es muy difícil pensar que cualquier sacrificio fiscal necesario para afrontar una mayor carga de deuda externa recaerá equitativamente sobre el conjunto de los argentinos; además del sentido común, la propia historia se encarga de atestiguar que esto nunca fue posible sin la presencia de pujas distributivas y sin la conducción política de un gobierno que decididamente se ocupe de equilibrar las relaciones de poder, aun asumiendo el costo de sufrir permanentes escarnios.

Por lo tanto, está claro que la opción no es tan simple como “arreglar o no arreglar” un litigio con acreedores internacionales. A pesar de que algunos intentan que se desvíe la atención de esta importante y trascendente cuestión, hay un interés genuino por saber cuánto les costará este arreglo a los argentinos (de las generaciones actuales y futuras) y cómo se repartirán los sacrificios derivados del mismo entre todos los miembros de la sociedad. Al ser un tema tan profundo que apunta al mismo centro de la concepción política de un pueblo, merece que los gobernantes aporten más información sobre el tema, le dediquen más tiempo a divulgar sus consecuencias y hagan partícipe a toda las organizaciones representativas de la sociedad civil en la decisión que tomen, respondiendo al mandato que se les han dado todos y cada uno de los argentinos.

Queda la esperanza de que los senadores jerarquicen este debate otorgando la profundidad que merece. En un momento crucial como el que atraviesa la Argentina, poco interesan los éxitos y fracasos de un gobierno que ya pasó, porque lo hecho, bueno o malo, hecho está. Muy lejos de que esta decisión signifique la victoria o derrota de una facción política particular, está en juego el ordenamiento de una comunidad y al reparto de sus recursos. Cualquier reduccionismo o interés particular sobre el hecho es, por fuera de cualquier opinión, un acto de irresponsabilidad con la patria y con las futuras generaciones.

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