Argentina sufrió un duro golpe anoche, cuando el juez federal de Nueva York Thomas Griesa, citando las amenazas de los líderes del país de desafiar sus resoluciones en una dilatada disputa sobre bonos soberanos morosos, ordenó su pago inmediato.
Argentina sufrió un duro golpe anoche, cuando el juez federal de Nueva York Thomas Griesa, citando las amenazas de los líderes del país de desafiar sus resoluciones en una dilatada disputa sobre bonos soberanos morosos, ordenó su pago inmediato.
En un fallo anunciado antes de que Estados Unidos iniciara el feriado del Día de Acción de Gracias, el juez de distrito Thomas Griesa rechazó la solicitud de Argentina de mantener su orden previa para frenar los pagos a los inversores que no participaron en dos canje de bonos de deuda soberana impaga.
La decisión es el último desarrollo en la saga legal que ha durado más de diez años y parece estar favoreciendo a los inversores de bonos como NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management.
Si la decisión de Griesa se mantiene y Argentina elige desafiarla, los tribunales estadounidenses en última instancia podría inhibir el pago de la deuda a los acreedores que aceptaron los términos de la reestructuración, por consideración a los inversores que rechazaron los términos de Argentina en ese momento. Esto daría lugar a una moratoria técnica de aproximadamente 24.000 millones de dólares en deuda emitida en los canjes del 2005 y el 2010.
La semana pasada, Argentina, que entró en una cesación de pagos en el 2002, pidió a Griesa mantener su orden de suspensión, mientras la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones de Nueva York considera la solicitud del país para revisar una resolución desfavorable en octubre.
Griesa escribió que normalmente mantendría su orden en espera de una decisión del Segundo Circuito. Sin embargo, concluyó que no era posible teniendo en cuenta los comentarios de funcionarios argentinos, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner, de que Argentina no pagaría nada a los tenedores de bonos excluidos.
“Es la opinión de la Corte de Distrito que estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto, y que se requiere una acción”, escribió Griesa, diciendo que los pagos deben hacerse tan pronto como sea posible.
El Segundo Circuito ya confirmó la decisión de Griesa del 23 de febrero del 2012 de que Argentina violó las provisiones de igualdad de trato para todos los acreedores cuando optó por pagar los bonistas que participaron en el canje y no a los que se excluyeron.
Teniendo en cuenta que la última decisión de Griesa aún necesita la aprobación final del Segundo Circuito, él ordenó que en lugar de que Argentina pague directamente a los demandantes, debe depositar el dinero en una cuenta de garantía para el 15 de diciembre.
Griesa no fue convencido por Francisco Eggers, director de la Oficina Nacional de Crédito Público de Argentina, quien presentó la semana pasada una declaración jurada firmada diciendo que Buenos Aires acatará las decisiones de la corte y no trataría de evadir sus directivas.