Economía

Explican los planes para saldar las deudas en Vicentín

El vicepresidente de la compañía presentó algunas definiciones sobre cómo continuará operando la firma

Sábado 22 de Febrero de 2020

La firma Vicentín presentó algunos lineamientos más concretos sobre el futuro de la compañía. Alberto Macua, vicepresidente de la agroexportadora, explicó durante una reunión de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe que los puestos de trabajo se van a mantener y detalló la propuesta de pago que presentarán a sus acreedores, tanto comerciales como financieros.

Según aseguró el ejecutivo, pretenden saldar su deuda con el Banco Nación en un plazo de 10 años,

tomarse tres años y medio para lograr el acuerdo con los acreedores privados tanto nacionales como provinciales y, finalmente prevén cancelar en 8 años el saldo total de las acreencias que mantienen con los 1.800 productores y corredores.

Durante la reunión que mantuvo con legisladores provinciales, que convocaron al directivo para dar explicaciones sobre la situación de crisis de la compañía, Macua destacó que durante los últimos quince años Vicentín hizo inversiones millonarias en dólares y que no le parece “ilógico” el grado de endeudamiento del Banco Nación con la empresa fundada en 1929 en Reconquista.

Además, el directivo sostuvo que los informes oficiales sobre los movimientos de la empresa no son correctos y que es una cuestión de tiempo acordar de forma extrajudicial con los acreedores privados, bancos oficiales y demandantes internacionales de la firma que son aproximadamente 1.800 en total.

Asimismo, Macua precisó que en los próximos diez días entregarán toda la información necesaria ante el juzgado de Reconquista donde presentaron el concurso de acreedores y que no tienen problemas de testificar ante la Justicia Federal de Capital Federal.

Sobre la deuda con el Banco Nación de casi 8.500 millones de pesos, indicó que se trata de un movimiento lógico por el volumen de negocios que la firma le llevó a la institución bancaria, cosa que no fue aceptada por los diputados y las diputadas presentes que recordaron el caso de Vassalli, en la ciudad de Firmat, departamento General López.

Por otra parte, habló de un total de 1.300 trabajadores santafesinos, número que quedó chico ante los datos que manejaban los legisladores que tenían informaciones sobre más de 4.500 en toda la provincia.

Por otra parte, el vicepresidente de Vicentín responsabilizó de la supuesta crisis de la empresa a la volatilidad y devaluación de la moneda y la posibilidad de incrementar las retenciones de parte del gobierno de Alberto Fernández, como también de las sequías sufridas a partir de 2018. También rechazó que la situación de la compañía tengan que ver con algún tipo de maniobra ilícita como lavado de dinero.

Firmas en el extranjero

No obstante, los últimos casos ligados a triangulación de negocios con sociedades off shore, como muestran los primeros indicios en el caso de Vicentín, impulsaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) a derogar una norma dictada durante el gobierno anterior, referida al régimen para empresas constituidas en el extranjero, a través de la resolución general 2/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial.

El organismo estatal consideró que dicha norma tenía “la virtualidad de neutralizar un régimen dirigido a la efectiva aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público” de la ley general de sociedades.

La IGJ advirtió que “en nuestro medio, hechos recientes como las triangulaciones negociables que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del grupo Vicentín, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales”.

La resolución general 2/2020 de la IGJ restablece pautas sobre registración, recaudos de inscripción registral, actos registrables de empresas locales participadas por sociedades del exterior, actuación del representante legal a cargo de la sucursal permanente; régimen informativo, parámetros para apreciar la actividad de la sociedad en el exterior y cancelación de la inscripción originaria. La medida dio de baja “en su totalidad” la resolución 6/2018, y reimpuso “todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos” en agosto de aquel año.

Según fundamenta la nueva resolución, en la anterior gestión se suprimió “todo tratamiento por la IGJ de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero que llegaran a su conocimiento, como supuestamente realizados en calidad de actos aislados”, como también se había eliminado el apartado que contenía “las definiciones de sociedades off shore y de jurisdicciones off shore”.

La Inspección General de Justicia estableció además que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero “deberán constituir y mantener vigente una garantía” para cubrir sus responsabilidades.

Según la IGJ, las modificaciones introducidas durante la anterior gestión “entrañan suplantar ese régimen por otro asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial”.

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