Economía

Empresas recuperadas, protegidas por ley

El Senado provincial sancionó definitivamente la ley de protección y apoyo a las empresas recuperadas, impulsada por el diputado provincial Joaquín Blanco. La norma propone brindar, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, asistencia técnica, económica y capacitaciones a trabajadores que se constituyen en cooperativas. Además, éstas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, un tratamiento fiscal acorde a la situación en la que se encuentran y acceso a líneas de crédito.

Viernes 01 de Diciembre de 2017

El Senado provincial sancionó definitivamente la ley de protección y apoyo a las empresas recuperadas, impulsada por el diputado provincial Joaquín Blanco. La norma propone brindar, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, asistencia técnica, económica y capacitaciones a trabajadores que se constituyen en cooperativas. Además, éstas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, un tratamiento fiscal acorde a la situación en la que se encuentran y acceso a líneas de crédito.

Asimismo, la ley establece el acompañamiento por parte del Estado provincial "en los trámites correspondientes para la exportación de productos, asistiendo a las empresas recuperadas en la realización de las inscripciones que deben obtener para poder exportar" y también la "consideración por parte de la Empresa Provincial de la Energía si las empresas recuperadas pueden ser sujetos alcanzados por beneficios en la tarifa de electricidad".

Según Blanco, "con esta ley apuntamos a que el Estado tenga herramientas para ayudar a la sustentabilidad económica de las empresas recuperadas", que, "en la mayoría de los casos, surgen debido al cierre o abandono de sus dueños".

Servicios públicos

La Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto de ley de marco regulatorio de los servicios públicos, presentado por los diputados de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, y del radical Palo Oliver.

La normativa contempla la regulación de los servicios de agua, energía, gas y transporte interurbano de pasajeros a través de tres puntos fundamentales: tarifas justas y razonables, entes de control y audiencias públicas que deben tomarse en cuenta. "Es una herramienta fundamental para evitar los tarifazos", explicó.

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