Economía

El sistema previsional es una provincia más

Las contingencias pueden ser, de origen patológico: salud, riesgos del trabajo; contingencias de origen biológico: maternidad, vejez, muerte; y contingencias de origen económico y social.

Domingo 19 de Octubre de 2014

Comencemos por definir a la seguridad social: consiste en un conjunto de regulaciones legislativas que aseguran al individuo o grupos sociales un derecho a determinadas prestaciones que cubren los riesgos derivados de contingencias sociales varias. Obviamente, las consecuencias de dichas contingencias no pueden ser afrontadas por los propios afectados.

   Las contingencias pueden ser, de origen patológico: salud, riesgos del trabajo; contingencias de origen biológico: maternidad, vejez, muerte; y contingencias de origen económico y social: desempleo, cargas de familia y vivienda.

   Luego, podemos puntualizar a la previsión social, que es uno de los subsistemas componentes de la seguridad social y se fundamenta en la protección ante la vejez, la incapacidad o la muerte del principal sustento familiar; todas situaciones que limitan la capacidad de una persona de ofrecer sus servicios en el mercado laboral, sufriendo así una pérdida o importante caída de sus ingresos.

   Ahora bien, ¿cómo se financia en el mundo? Tenemos el régimen de capitalización y el de reparto. Brevemente, el primero implica que cada trabajador ahorra mientras se encuentra activo para poder disfrutar de cierto nivel de consumo en su período laboralmente pasivo, que dependerá directamente de los frutos del ahorro por él mismo conseguido.

   En cambio, el segundo radica en un contrato intergeneracional donde los aportes de los trabajadores activos son utilizados en el mismo período para financiar las prestaciones a los pasivos, siendo el Estado, que conoce las preferencias de los beneficiarios, quien toma la decisión de distribución de los recursos entre ellos.

   Es decir, que en el régimen de capitalización tanto los empleados como los empleadores conocen el monto de los aportes, pero la pensión que recibirá cada trabajador es incierta, pues depende de la rentabilidad de la inversión de esos aportes. En el régimen de reparto, en cambio, las transferencias de las contribuciones y aportes realizadas por las personas jóvenes son dirigidas directamente para financiar a los ancianos de ese mismo período.

   Desde el comienzo de las primeras cajas previsionales, Argentina optó por el régimen de reparto, con un breve intervalo desde 1994 hasta 2008 en el que coexistieron ambos sistemas. A su vez, históricamente, los aportes y contribuciones no resultaron suficientes para sostener el conjunto de las prestaciones del sistema por diversos motivos.

Financiamento. Es por ello que el Estado ha recurrido de manera sostenida a los recursos tributarios para hacer frente a las jubilaciones y pensiones. En 1980 se institucionalizó esta situación por medio de la ley 22.293, que modificó la ley 20.221 de coparticipación federal de recursos vigente en dicho momento.

   Esta modificación suprimió las contribuciones a cargo de los empleadores y las correspondientes Fonavi, que se compensaban, en principio, con la generalización y aumento de la alícuota del IVA. Es decir que se recurrió a la federalización de la cuestión previsional. A esta situación se la puede denominar “la provincia de la previsión social”, porque disminuye recursos tributarios de las provincias.

Aportes. En 2013, el rubro aportes y contribuciones, con el 8,8% del PBI alcanzaron su máximo valor histórico. Se debe tener presente que en el 2005 dicho rubro significó el 3,27%.

   A su vez, actualmente la financiación se complementa con aportes de la recaudación de tributos nacionales, entre otros:

   u 15% de la masa coparticipable, ley 24.130
  u 11% IVA, ley 23.966
  u 20 % impuesto a las ganancias, decreto 879 /92
  u 21% impuestos a los combustibles, ley 24.966
  u 100 % impuestos a los combustibles gas oil, diesel, gas natural, ley 24.966
  u 120 millones anuales de impuesto a las ganancias, ley 24.966
  u 70% monotributo impositivo, ley 24.977

   Con estos recursos tributarios, vale la pena denominar al sistema “la provincia de la previsión social.”

Conclusiones. Aquí la primera reflexión; un ciudadano puede ser contribuyente del sistema tributario, de manera directa o indirecta. Por estar inscripto en el padrón de IVA, impuesto a las ganancias, combustibles, lo que en términos de la Afip se denomina inscripto en el régimen general; o bien por vía indirecta, por consumir bienes y servicios gravados del IVA (impuesto que paga todos los días, desde la compra de artículos de primera necesidad hasta bienes y /o servicios de confort, como también bienes de lujo; a su vez, idénticas circunstancias se plantea al cargar combustibles).

   Es decir, que tanto los ciudadanos que aportan directa o indirectamente al sistema tributario, lo son del sistema previsional. Por lo cual, si alguno, de ellos no realizó los aportes jubilatorios suficientes, debería recibir un haber jubilatorio del sistema por una cuestión de justicia y equidad.

   Por el mismo motivo descrito en el párrafo precedente, tampoco es justo el reclamo frío y matemático de cuánto pierden las provincias por este concepto, ya que los jubilados del régimen previsional nacional son de la República Argentina como un todo, es decir de las veintitrés provincias y Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

   Sin embargo, es una cuestión que se debe tener presente en el debate de una nueva ley de coparticipación. Porque las provincias de Jujuy, San Luis, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Río Negro y Ciudad Buenos Aires han transferido sus cajas de empleados provinciales al sistema de previsión social nacional, mientras que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Cruz no las han transferido, y esto requeriría algún criterio de compensación para este último grupo de provincias.

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