Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el viernes pasado la derogación del decreto de intervención de Vicentin, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina advirtieron que “ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos y las condiciones laborales” en el gigante agroexportador, que atraviesa un concurso preventivo de acreedores.
La federación recordó su pronunciamiento en ese sentido poco después del anuncio de la intervención de la cerealera por parte de la Casa Rosada. “También lo afirmamos meses antes, cuando se conoció el todavía inexplicado «estrés financiero» de Vicentin, cuyo directorio continúa negándose a entregar el balance 2019”, indica el comunicado.
“No es cierto que la intervención estatal fuera recibida con desconfianza por los trabajadores. Muy por el contrario, el anuncio del 8 de junio pasado fue profundamente celebrado por un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas, entre otras, valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30 por ciento de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas”, precisó.
Asimismo, destacó que “la medida sí encontró rechazo en sectores del poder económico concentrado, en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, que rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector”.
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“El nuevo anuncio presidencial de derogación del decreto de intervención se fundamentó con énfasis en el rechazo a la impunidad del actual directorio de la empresa, investigado penal y legislativamente, y el posterior vaciamiento de Vicentin. También apuntó al juez Civil y Comercial (de Reconquista) Fabián Lorenzini por su accionar al frente del concurso, incluyendo el haberlo iniciado sin contar siquiera con el balance 2019, todavía ausente”, puntualizó el comunicado.
Tras reclamar una “profunda y exhaustiva investigación frente a lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública y, por ende, al conjunto del pueblo argentino”, la federación aludió a la reciente decisión de Fernández.
“El nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será, a partir de ahora, el accionar gubernamental. Tampoco brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales el grupo Vicentin. El gobierno nacional debe hacer cumplir la normativa laboral y el mandato constitucional en la protección del trabajo”, alertó el comunicado.
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Al respecto, la federación concluyó: “Si así no ocurriera, con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores”.