Contra reloj, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que busca prorrogar la moratoria previsional que tiene vencimiento el próximo 23 de julio, y que abre una puerta para aquellas personas que no han cumplido con los 30 años de aportes de todos modos pueden jubilarse. El proyecto pasó el Senado con cierta holgura (38 votos, con un miembro del bloque oficialista, Adolfo Rodríguez Saá, ausente por enfermedad) y ahora enfrentará el desafío de la Cámara baja, donde el Frente de Todos (FdT) no cuenta con mayorías cómodas. La novedad en el Senado la dio el voto de acompañamiento al proyecto del oficialismo que concretó Alejandra Vigo, representante de Córdoba, de la fuerza política que conduce Juan Schiaretti, habitualmente alejada del FdT en las votaciones.
La iniciativa, que tuvo su punto de partida en un proyecto de los senadores Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, que busca robustecer el sistema previsional argentino, establece un mecanismo para posibilitar el acceso al beneficio de las personas -durante 2022- lleguen a la edad establecida para jubilarse (65 años para los varones y 60 para las mujeres), pero no cuentan con los aportes correspondientes. Y otro, para quienes todavía no están en edad, pero saben que no alcanzarán la cantidad de aportes, al momento de jubilarse.
Mariano Recalde expuso: “Estamos discutiendo este proyecto porque hay una necesidad y una urgencia, dado que el 23 de julio vence la moratoria previsional vigente y hay un universo de más de medio millón de personas que pueden perder el acceso al beneficio. De no sancionarse la normativa ‘una de cada diez mujeres’ y ‘tres de cada diez varones’, que lleguen a la edad jubilatoria este año, no podrán jubilar por no contar con los años de aportes requeridos”
Con la persistencia y profundización del trabajo informal (sin aportes jubilatorios) a la vez que, del requisito de los 30 años mínimos de deducciones para el Anses, sin la intervención específica del Estado, la posibilidad de jubilarse en la Argentina resulta estadísticamente baja. En el cierre del debate, el jefe del interbloque FdT, José Mayans, señaló: “Si hay un proyecto profundamente cristiano y profundamente humanista, es este que estamos tratando”. “Es un proyecto que tiende a la justicia social y a la solidaridad”, agregó. El formoseño amplió su fundamentación en el concepto de “compartir para agrandar, contrario a la idea de ambición y codicia desmedida”
El titular del interbloque FdT, a la vez, fustigó a Juntos por el Cambio (JxC), que dividió su actitud entre la abstención (18 votos) y otros seis senadores de ese espacio, que lo hicieron de manera negativa. La recordada sesión de 2008, cuando el entonces Frente para la Victoria recuperó a manos estatales las AFJP volvió a rondar el recinto del Senado. El espacio radical-macrista se opuso, en aquel momento, al fin de la jubilación privada. “Lamento profundamente que ustedes, los opositores, no acompañen y tenga la misma actitud que tuvieron cuando votaron a favor de las AFJP”, disparó el legislador oficialista. “Hay que ponerse del lado del hombre que cumple 65 y no se puede jubilar, de la mujer que llega a los 60 y no se puede jubilar, de ese lado hay que ponerse”, abundó.
La posición de rechazo opositor se sustentó en el costo fiscal que traería la continuidad de la moratoria, que de aplicarse obligaría al Ejecutivo nacional a redireccionar recursos del Tesoro. Desde el FdT, hablan de un costo “insignificante” del proyecto, del orden del 0,3 por ciento del presupuesto nacional.
Con todo, fueron recibidas con cierta inquietud en el bloque oficialista del FdT en el Senado las declaraciones periodísticas del presidente Alberto Fernández, que unas pocas horas antes de concretarse la media sanción en la Cámara alta, dijo en el canal C5N, “no hemos estudiado el proyecto”, desligándose del impulso legislativo de su propio frente, y poniendo en duda la decisión política y económica para el caso de que atraviese con éxito la Cámara baja.
Por su parte, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana e integrante de la bancada FdT, Juliana di Tulio, miembro informante del impulso a la nueva moratoria, destacó que la normativa “puede darle la posibilidad a 800 mil personas, que están en condiciones por la edad de jubilarse, aunque tengan deuda previsional”. “Es un plan para pagar esa deuda previsional”, explicó y agregó que, también, permitirá a quienes todavía no alcanzan la edad del retiro, pero saben que le faltan aportes, hacer un plan de pagos para cancelar su deuda de manera anticipada a cumplir la edad jubilatoria.
La vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, a su turno, aseveró que el proyecto analizado formó parte del compromiso electoral del Frente de Todos de 2019 y por “seguir trabajando por un sistema previsional solidario, universal y, cada día, más justo”.
La mendocina analizó; “esta ley es superadora de anteriores moratorias, porque, no solo tiene en vista el corto plazo, con la unidad de pago previsional, sino también mediano plazo, a través de la unidad de cancelación de aportes previsional para las personas que le faltan diez años para jubilarse”. “La propuesta – agregó- busca, crear una conciencia previsional en todos los argentinos con el fin de que puedan prever cómo estarán sus aportes cuando les llegue la edad de jubilarse”.
Luego remató, “con esta propuesta, estamos garantizando el derecho a la jubilación a 800 mil personas, el derecho a tener PAMI y acceso a los medicamentos gratis, como ocurrió desde la llegada al gobierno del Frente de Todos”, indicó.
Otro instrumento clave del sistema jubilatorio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al finalizar el período 2003-2015 quedó con 66.105 millones de dólares. En cuatro años (2015-2019), se redujo en 28 mil millones y quedó con 39.896 millones de dólares. Según José Mayans, ese Fondo, durante el gobierno actual de Alberto Fernández, ya recuperó unos 20 de los 28 mil millones perdidos durante el macrismo.
