El presupuesto del Fondo Monetario y del ajuste

En medio de la catarata de indicadores negativos de la economía, el gobierno nacional logró aprobar el presupuesto 2019, elaborado a la medida de las exigencias del nuevo acuerdo de salvataje financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proyecto recorta gastos y sube impuestos para ajustar las cuentas fiscales en más de 400 mil millones de pesos y alcanzar el déficit primario cero. Transferencias a provincias, obras públicas, subsidios, salarios, erogaciones en salud, educación y ciencia y tecnología tendrán fuertes podas.

En cambio, aumentan 50% la partidas para pagar intereses de la deuda. De hecho, el déficit total, que incluye estas obligaciones de fuerte crecimiento desde 2016, será de tres puntos del PBI. Es decir que el esfuerzo fiscal no desaparecerá con el desequilibrio primario sino que se focalizará en el pago a los acreedores, mayoritariamente en moneda dura.

El acelerado y voluminoso endeudamiento es la gran herencia que construyó la administración macrista. Más de 100 mil millones de dólares, diez veces por encima del déficit primario, tomó solamente el Estado nacional. Provincias gobernadas por Cambiemos y aliados le siguen en el ranking.

Esta enorme bola de deuda, cuya imposibilidad de pago llevó al gobierno a pedir dos veces en un año el auxilio del Fondo, tuvo como principalísimo destino importar los dólares para subsidiar la fuga de capitales. Este mecanismo, en el que se confunden bajo los mismos nombres los tomadores de deuda, los prestamistas y los fugadores, rifó u$s 30 mil millones de las reservas en un año y obligó a tomar un crédito de urgencia por u$s 57 mil millones. Además, llevó al límite un esquema de bicicleta financiera que entre letras y bonos le cuesta al BCRA y al Tesoro 3 mil millones de pesos por día en concepto de pago de intereses.

Las deudas son de todos, los dólares son de algunos. Cuando el presidente culpa a los maestros, los jubilados, los trabajadores de aerolíneas, los trabajadores en general o los beneficiarios de pensiones por los déficits fiscales o de infraestructura, esconde automáticamente el fenomenal subsidio al negocio financiero que armó su administración y que puso al erario público al borde de la bancarrota.

El presupuesto aprobado el jueves, aunque desactualizado en sus proyecciones macroeconómicas, es un documento político que expresa cómo se pagará la fiesta que armaron los émulos de Isidoro Cañones en los últimos tres años.

El ministro de Hacienda, cínico y preciso, describió el plan con la crudeza que lo caracteriza. "Nunca se hizo un ajuste así sin que caiga un gobierno", dijo. La confesión de parte pulveriza, en primer lugar, las teorías conspirativas que lanzan periódicamente los halcones del gobierno sobre el supuesto carácter destituyente de los partidos y organizaciones que ejercen su derecho a la protesta. En segundo lugar, expone la complicidad que el programa de gobierno encuentra en un sector de la corporación política, sindical y empresarial que, más allá de los rótulos partidarios, está "condenado" por su escaso peso electoral a girar eternamente en órbitas oficialistas.╠Operadores de tiempo completo, magos de la rosca y amos del pasillo, son hoy el respirador político del gobierno nacional en su peor hora. El senador Pichetto les saca el presupuesto, los gordos de la CGT le maniobran la protesta social, los jueces y gobernadores rosquean en sus territorios, mientras los CEOs bailan, de prestado, con la jefa del FMI.╠

El empoderamiento de ministros como Dante Sica, un lobbista industrial fogueado en la crisis de principios de siglo, es un ejemplo de la revalorización de este expertise. Desplazó en la interlocución sindical al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, un funcionario de perfil más noventista que entre otras intervino un sindicato cuya caja utilizó para pagar en negro el sueldo de su empleada doméstica. Todo un retrato de quien se va, no sin antes haber contribuido sustancialmente a lograr uno de los objetivos de política oficial del gobierno: la precarización práctica del mercado del trabajo, la caída del salario y la reducción de la participación de los asalariados en el ingreso.

Con ese trabajo sucio hecho, Sica pudo neutralizar sin despeinarse al ala gordista del sindicalismo, con un bono de 5 mil pesos para un acotado conjunto de trabajadores, a pagar en cómodas cuotas y mecanismos de flexibilidad que apenas lo separan de lo meramente voluntario. Un diseño legal a mitad de camino de aquel decreto fundacional de Roberto Lavagna en 2002 y el bono fantasma que el gobierno y la CGT "pactaron" en 2016.

A pura rosca, el oficialismo salta obstáculos políticos y se sale con la suya. Va dejando jirones en el camino. Las voluntades que acompañaron el presupuesto fueron más estrechas que las del año pasado. En aquellos tiempos en que avanzó con el pacto fiscal, la reforma previsional y la reforma impositiva, 23 gobernadores le hicieron en coro. La addenda fiscal, en cambio, exhibe notorias ausencias, y las negociaciones con gobernadores para reunir voluntades en torno de la ley de leyes fueron casi cuerpo a cuerpo.

Compensando a unos y otros, pilotea el siempre difícil fin de año con una paritaria del Titanic. Aguanta los trapos a la espera de la cosecha que confía salvadora. No es tarea fácil. La crisis se profundiza. Los números de producción industrial, capacidad instalada, inflación, empleo y actividad muestran su peor cara. Y a diferencia de los dos años anteriores, ya no hay colchón que disperse la percepción sobre el desastre. El impacto es evidente y generalizado. Y nuevas malas noticias alumbran con el cambio de año, cuando entre en vigencia otra ola de aumentos tarifarios e impositivos en los tres niveles del Estado.