El presidente Macri eligió el veto de la ley de emergencia ocupacional

Poco margen dio el brutal proceso de transformación económica que encaró el gobierno nacional desde que asumió al juego de la política palaciega. Lo sintió el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien engolosinado con el rol de árbitro que eligió jugar desde la "ancha vereda del medio", terminó a la cola de la principal batalla legislativa que se libró desde la votación que autorizó el megaendeudamiento para pagarle a los fondos buitre.

El nuevo mapa político y su traducción parlamentaria exhibieron toda su dinámica en una y otra discusión. Y también su crudeza. Pocas veces quedó tan claro en el tratamiento de ambos proyectos qué intereses están de cada lado. En el aquel caso, hombres de negocios, economistas ortodoxos, casas de inversión y políticos entusiasmados con el mercado de deuda festejaron la "recuperación de la república". En el segundo, la coalición opositora que se construyó rápidamente a partir de la demanda de las organizaciones que representan a los trabajadores provocó el espanto de quienes ahora sólo ven una puja legislativa ganada por la "demagogia".

La discusión cruda sobre la naturaleza y el objetivo del plan económico del gobierno nacional se condensó en el debate sobre la ley antidespidos, que inmediatamente fue vetada por el presidente Mauricio Macri. El conflicto se aceleró y la realidad acotó el juego de las tácticas políticas puramente especulativas. La calle, la sociedad civil, la demanda social y la disputa en el territorio se se cuelan en las estrategias electorales.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) actualizó al 30 de abril su informe sobre la evolución de los despidos y suspensiones desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Contabilizó 154.786 trabajadores en esta situación, un 9,36 por ciento más que en marzo y con un aumento notable de la participación del sector privado en las cesantías, fundamentalmente por un fortísimo incremento en el sector manufacturero.

Sólo el oficialismo nacional discute estos números y niega la ola de despidos. Pero los números del Cepa surgen del relevamiento cotidiano de los despidos y suspensiones públicamente expuestos. Y se corresponden con la experiencia cotidiana.

Las organizaciones sindicales, luego de un período de confusión y especulación, supieron leer este proceso y subordinaron todas sus estrategias políticas a la consigna que hoy une a todos los sectores por el espanto: la recesión, los despidos y, al final del camino, la devaluación del protagonismo que lograron recuperar durante la posconvertibilidad.

Un dirigente del gremio local de Luz y Fuerza lo dijo en un aparte de la jornada sobre el mundo del trabajo que organizó en la última semana el gobierno de Santa Fe. Recordó que la siesta, cuando no directamente la complicidad de las cúpulas sindicales con el ajuste del menemismo, erosionaron la representatividad del sector a tal punto que los trabajadores y los excluidos construyeron nuevas organizaciones como referencia.

El regreso de las recetas de los 90 se afirma cada vez más como un eje de debate político. Lo leyó así el gobernador Miguel Lifschitz en ese mismo encuentro con dirigentes sindicales, durante el cual denunció el retorno de los discursos de esa década e instó a la unidad del movimiento obrero para defender un modelo basado en el empleo y la inclusión. Entre las palabras y los hechos, es otra muestra del estado actual del debate. El gobierno nacional comenzó su gestión con un verdadero espectáculo de despidos. Escenificó para su tribuna la persecución de empleados del Estado acusados de ñoquis, las declaraciones peyorativas de sus ministros hacia los despedidos y la represión de la protesta.

De hecho, la avícola Cresta Roja, el escenario que elige el presidente cada vez que quiere justificar políticas de ajuste laboral, fue la primera experiencia represiva del gobierno. Sólo la resistencia de sus trabajadores forzó al Ejecutivo a volver sobre sus pasos y gestionar su recuperación parcial. Paradójicamente, el refugio elegido para anunciar el veto de la ley antidespidos es, en sí mismo, el resultado de la lucha contra su primera decisión política. Revaloriza, en ese sentido, la votación del Parlamento.

La reunión del Consejo del Salario terminó con un anodino aumento del 33 por ciento en tres cuotas del haber mínimo y una suba importante en el seguro de desempleo. Una buena medida en sí misma que se transforma en una señal preocupante cuando se la relaciona con el veto a la ley antidespidos.

El incremento en cuotas del salario mínimo, vital y móvil establece un sendero para las paritarias que, desordenadamente, comienzan a cerrarse. Importantes gremios acordaron en mayo incrementos anuales escalonados (la mayoría en tres cuotas) de entre 30 por ciento y 35 por ciento. Un mes antes, otra tanda cerró convenios semestrales del orden del 20 por ciento al 25 por ciento, entre pautas y sumas fijas. Los gremios combativos que disputan ingresos en sectores de alta actividad, como aceiteros y bancarios, acordaron subas de entre 33 por ciento y 38 por ciento en un solo tramo. Y los sindicatos públicos provinciales pactaron, desde temprano, aumentos del orden del 30 por ciento en dos tramos.

El menú de estrategias de negociación colectiva desplegado por las organizaciones sindicales es amplio y variado como la incertidumbre que se instaló en el escenario económico desde fines del año pasado. Lo que está en juego es apenas limitar el daño de la devaluación, inflación y recesión sobre el salario.