Economía

El poder profundiza, nunca retrocede

La inflación de septiembre fue 1,9 por ciento y resulta complejo combatirla con subas de tarifas de servicios públicos"

Domingo 15 de Octubre de 2017

La semana saliente se celebró el Coloquio Anual de Idea en Mar del Plata. La preocupación central del empresariado local y foráneo —con CEO's locales que participaron en representación, pero con la sorpresa de la presencia de los mismísimos dueños del capital como Paolo Rocca—giró en torno de la reforma laboral a aplicarse luego de las elecciones. Ya lo había preanunciado Marcos Galperín, de Mercado Libre: "O nos ajustamos a una reforma laboral a la brasileña, o nos resignamos a perder puestos de trabajo". Ese fue, en resumidas cuentas, su llamamiento por Twitter a emular las transformaciones que tuvieron lugar en el país vecino, votadas el 11 de julio en el Senado y con próxima implementación a partir del mes de noviembre. Decirle "reforma" resulta sin dudas una calificación edulcorada para un paquete de leyes que, entre los puntos centrales, extiende la duración de la jornada laboral, fracciona las vacaciones, habilita condiciones de trabajo insalubres para embarazadas, desfinancia a los sindicatos y paraleliza su accionar con la creación de comisiones de planta, y abre la puerta al eventual incumplimiento de las leyes laborales en caso de existir acuerdos por empresa diferentes a aquellas.

No se agrega información nueva si uno reitera que la característica de la actual conducción económica es su afinidad con la ortodoxia o las escuelas neoclásicas de pensamiento, lo que significa una determinada posición respecto de la puja capital-trabajo, donde no sólo se niega el conflicto entre los factores, sino que el trabajo resulta un costo productivo naturalmente a ser reducido en función de incrementos de productividad que conlleven crecimiento económico. Este es, sin fisuras, un común denominador de Alfonso Prat Gay (ex ministro de Hacienda y Finanzas), Luis Caputo (ministro de Finanzas), Nicolás Dujovne (de Hacienda) y del propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el último monetarista vivo. Con ello, también es autoevidente el hecho de que las reformas precarizantes en el orden laboral serán abiertamente propuestas por el empresariado y enfáticamente apoyadas por los funcionarios de la cartera económica.

En este sentido, tanto el retroceso en puestos de trabajo (66.100 menos puestos en industria desde noviembre 2015 a julio 2017) y la caída del poder adquisitivo salarial (entre 7 y 10 puntos en 2016, con posible "empate" en 2017) son datos que poco alarman en altos círculos. Pero no deja de ser sorprendente la ostensible minimización de una serie de fiascos y resbalones cometidos en variables clave de la economía local, que refieren al área donde precisamente los funcionarios han desarrollado su métier: el mundo de las finanzas y las cuentas públicas.

Uno supone que el círculo vicioso en el que ha entrado la economía argentina debiera ser la principal preocupación de los monetaristas egresados de universidades norteamericanas. El problema arranca en el déficit fiscal, agigantado bajo la gestión de Cambiemos (en 2016 llegó a 4,8% del PBI) a través de la reducción de impuestos de carácter progresivo (como bienes personales) y de los derechos de exportación. La financiación del déficit, en este esquema antiemisión, se realiza con deuda externa (113 mil millones de dólares emitidos en moneda extranjera entre enero 2016 y septiembre 2017, por parte del estado en sus tres niveles y del sector privado). Pero esos dólares que ingresan al Tesoro son adquiridos por el Banco Central a través de pesos (y así pasan a constituir reservas, los demás se fugan). Es decir, al fin de cuentas, el Banco Central requiere emisión monetaria como contracara del endeudamiento en dólares. Y como correlato de aquello, según los lentes ortodoxos, se requiere política monetaria restrictiva para contraer la expansión del circulante evitando el traslado a precios. La absorción de este exceso de pesos en plaza lleva cuantiosas colocaciones de Letras del Central, a una tasa que hoy se ubica a 27,3% a 274 días. La alta tasa —"efecto colateral"— genera desincentivos a la inversión productiva y enormes costos de financiación para las empresas pymes (las que, a diferencia de los grupos económicos concentrados y diversificados, sí desean continuar produciendo).

Pero tampoco la tasa real positiva funciona para bajar la inflación: cabe enumerar sólo el último dato de IPC en 1,9% para el indicador nacional de septiembre y 2% para Gran Buenos Aires, dato que refuta la desinflación y da cuenta de un 17,6% de inflación acumulada que supera la meta para 2017.

Seguidamente, la caída del principal motor de la economía argentina, el consumo masivo —vía reducción del poder adquisitivo— conlleva una obvia caída de la actividad económica cuyo impacto en las cuentas públicas es una menor recaudación (resentida doblemente: por menos impuestos progresivos y ahora, por menos actividad). Volvemos a punto de inicio: el déficit fiscal se incrementa, y hay que financiarlo.

Los problemas de este círculo vicioso encontrarían propuestas bifurcadas, según de donde provengan. La mirada heterodoxa que orienta el presente análisis pone llamados de atención en el poco sustentable endeudamiento externo, en las generosas concesiones a los sectores más poderosos en materia de reducción de gravámenes, en la pérdida salarial y en la alta tasa de interés a cuyo efecto la inflación parece resultar inmune.

Pero la clase empresarial sólo mira dos cosas: el problema del déficit se resolvería con una reforma tributaria (que grave menos a las empresas y amplíe la base imponible ¿todavía más regresividad?) y el problema de la actividad económica (vía llegada de inversiones) se resolvería con una reforma laboral que reduzca el costo de contratación del empleo.

Ante los obstáculos, la salida del poder económico es profundizar, nunca retroceder.

Por Julia Strada / Investigadora de Cepa

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