El Estado nacional desembolsará en el segundo trimestre del año $ 1,7 billón en asistencia económica a personas y empresas afectadas por la crisis del coronavirus. El paquete de auxilio fiscal sumará así un monto equivalente al 5,6% del PBI, una proporción que se extiende al 7,7% cuando se suma la inversión social que ya se venía realizando para intentar recuperar la economía de la recesión de los últimos años.

En un informe difundido a principios de la última semana, el Ministerio de Economía de la Nación las cifras involucradas en el conjunto de medidas que fue tomando desde el mismo momento en que se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Buscó aclarar algunas cifras que se habían difundido en algunos informes privados y contextualizarlas con veracidad en el concierto global de paquetes de ayuda por el coronavirus. Para realizar esta última comparación, se apoyó en el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El trabajo dividió el programa de asistencia en dos grandes grupos. Uno contempla programas puntuales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), así como los bonos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de asignaciones. Insumen $ 350 mil millones mensuales, lo que equivale a casi 1,2% del PBI. En caso de repetirse estos programas por tres meses más, se estaría alcanzando un valor cercano a los $ 1,05 billón, o sea 3,5% del producto.

El segundo paquete de medidas está vinculado a la financiación de créditos productivos orientados a empresas y sectores afectados por la emergencia, mediante aportes del Tesoro que se destinan para financiar líneas de créditos a tasas subsidiadas o programas de garantías. Estas facilidades tienen un devengamiento de mediano plazo, como en el caso de los préstamos a tasa fija del 24% para el pago de salarios, los créditos Bice y el respaldo del Fondo de Garantías (Fogar). La masa monetaria a volcar en los próximos meses suma $ 640 mil millones, es decir, 2,1% del PBI.

El total de dinero ya inyectado a la economía a través de políticas de ingresos, fomento, créditos y facilidades financieras asciende a abril, a 3,3% del PBI. Pero entre abril y junio el Estado habrá destinado cerca de $ 1,7 billón en el paquete de medidas para combatir los efectos económicos del coronavirus, cerca de 5,6% del PBI.

Según Economía, en la comparación internacional, el tamaño del paquete fiscal argentino “es superior al de Brasil, Corea, Italia, España y Francia”.

El informe destaca, además, que Argentina “ya cuenta con una red de seguridad social extensa, que otros países no tienen, que abarca amplios sectores de la población y constituye una base de protección que permite paliar aún más la situación en el marco de la pandemia”. Actualmente dedica 0,7% del PBI por mes a garantizar un piso de seguridad social a través de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH-AUE), asignaciones familiares a empleados registrados, jubilaciones, pensiones no contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Si se tomara en consideración el paquete fiscal de políticas de emergencia, el programa de facilidades financieras y el piso de seguridad social garantizado, el gobierno estima que se estaría alcanzando un 4% del PBI. Si, además, las medidas de emergencia se extendieran por algunos meses, ese 4% podría ascender a más del 7,7%.

Economía destacó que la amplia infraestructura hospitalaria y del sistema de salud en general es “no se computan como ayudas extraordinarias”. De hacerlo, sumarían a la relación con el PBI”.

A la luz de la disputa política aparecieron recientemente algunos economistas y dirigentes políticos que reclamaron medidas de apoyo del gobierno al sector económico privado, y cuestionando la prioridad que le dio a la contención sanitaria de la pandemia.

La verdad es que ya el 18 de marzo, antes de decretar oficialmente la cuarentena, la administración de Alberto Fernández anunció un plan de medidas que incluyó un refuerzo de las jubilaciones mínimas y asignaciones, el Repro (subsidios salariales), un aumento del gasto en salud, planes de obra pública, ampliación del Procrear y la inyección de liquidez a los bancos para que prestaran a las empresas al 24% para financiar capital de trabajo y salarios. También se dispusieron rebajas de contribuciones patronales a empresas afectadas por la crisis, se postergaron vencimientos impositivos y financieros, y se congelaron tarifas. Centros de estudio s como Ieral, Iaraf, Ceso y Cepa estimaron el monto de esas primeras medidas entre 2 y 2,5% del PBI.

Cierto es que las medidas se fueron corrigiendo y/o ampliando con el correr de las semanas. Las vinculadas a la obra pública fueron tempranamente congeladas por la cuarentena. Más conocida fue la demora en el traslado de los créditos bancarios para capital de trabajo. Es más, gran parte de esa liquidez fue a calentar el dólar paralelo. Esa traba y las limitaciones del sistema tradicional de Repros (subsidios salariales) frente a una crisis inédita obligaron al gabinete económico a avanzar con el programa de Asistencia y Trabajo a la Producción (ATP) para cubrir el pago de salarios a un enorme universo de empresas.

“El gobierno se dio cuenta de que no tiene sentido inundar de liquidez la economía porque no va a crédito y sí a aumentar la brecha cambiaria”, señaló el economista Emanuel Alvarez Agis durante una reciente videoconferencia organizada por PPI. Por la situación de insolvencia de las empresas y la reticencia de los bancos a prestar, se optó finalmente por ofrecer subsidios directos a las empresas a través de la Afip.

Con la cuarentena se puso en marcha el programa más ambicioso de ingresos ciudadanos luego de la creación de la AUH. Se trata del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que asegura $ 10 mil a los trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. Es decir, a atender el enorme universo de la precariedad laboral que afecta desde hace años a un tercio del mercado de empleo pero que se disparó con la fuerza de una política de Estado durante los cuatros años del gobierno de Mauricio Macri.

El gobierno previó la inscripción de 3,6 millones de personas para cobrar el IFE. Se anotaron casi 8 millones, cifra que coincide con el número de trabajadores informales y desocupados del país.

La Ansés dividió a los beneficiarios en dos grupos. El IFE 1 incluyó a quienes ya recibían la AUH. Son 2,4 millones de personas. El IFE 2 convocó a quienes no venían recibiendo esos beneficios. Suman 5,4 millones de personas, unos 4.8 millones son trabajadores del sector informal; otros 470 mil son monotributistas sociales y de las categorías A y B, y 133.500 son empleadas de casas particulares.

El ATP promete ser otro programa pilar de la emergencia, vinculado en este caso a la asistencia de los empresarios para el cumplimiento de sus obligaciones salariales con los empleados del sector privado formal de la economía. Se presentaron 420 mil empresarios para beneficiarse con el programa del salario complementario, por el cual el Estado “se hace cargo del 50% de la masa salarial de las firmas que está en crisis” durante la emergencia, con un salario mínimo como piso y dos como máximo ($ 33.750). Es decir que la cobertura alcanza al 80% del universo de empresas registradas. En una primera etapa, cerca de 130 mil empresas fueron calificadas. También se eximieron contribuciones patronales.

Para los monotributistas de las escalas más altas y autónomos, el gobierno dispuso créditos a tasa cero hasta $ 150 mil pesos. Se trata de “saldos a favor en la tarjeta”.

A marcha lenta, se suman créditos al 24%

El programa oficial de asistencia que más controversia generó, por la demora en su implementación, fue el de los créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a una tasa del 24%, destinado al pago de salarios y capital de trabajo.

De a poco, parece estar arrancando. El Banco Central informó que ya se prestaron $ 120.596 millones, a 81.993 empresas. El 53% de estas financiaciones se destinó a capital de trabajo y el 36% a líneas destinadas al pago de sueldos.

Según un informe de la consultora First Capital Group, en 31 días de aislamiento, los préstamos comerciales crecieron en $ 95.919 millones, lo cual implica una expansión real del 16,4%. Se explica por “los nuevos créditos otorgados y la disminución en las cancelaciones ante la baja de ingresos de gran parte de los actores económicos”.