Economía

El pago a buitres dibuja el nuevo mapa político

El fallo del juez Griesa y los plazos con los que condicionó al Parlamento argentino para que habilite el pago a los fondos buitre configuraron el nuevo mapa de la clase política argentina.

Domingo 20 de Marzo de 2016

La deuda externa vuelve a convertirse en el articulador de un proceso político y económico en Argentina. El fallo del juez Griesa y los plazos con los que condicionó al Parlamento argentino para que habilite el pago a los fondos buitre configuraron el nuevo mapa de la clase política argentina.

Gobernadores, diputados y senadores concurrieron mayoritariamente a sacarse la nueva foto de oficialistas y opositores. La foto del sistema de representación política que se autopostula, desde el lado oscuro de la deuda, como la institucionalidad del nuevo modelo económico.

Con la misma rapidez con la que viraron del acompañamiento a De la Rúa al aplauso rabioso del default y el apoyo el programa de recomposición política surgido de la crisis de la convertibilidad, ahora se amontonaron para votar la ley fundacional de un nuevo ciclo de acumulación.

La mayor emisión de deuda de un país emergente desde los 90, tasas de interés del 40 por ciento, apertura comercial, retracción del consumo interno, ajuste fiscal, descontrol de precios y desregulación del mercado cambiario y financiero son pivotes de este nuevo programa aceptado festivamente bajo el disfraz del "regreso al mundo".

No interpela esto al gobierno nacional y su coalición parlamentaria, que llegó anunciando en forma más o menos clara este plan. Sí abre una disputa en el espacio político delineado por el 49 por ciento de los votos opositores en los últimos comicios presidenciales.

La próxima elección legislativa será un buen test para medir esta confrontación, que hoy por hoy se expresa en la tensión fáctica entre la plata y la calle.

La foto de los gobernadores discutiendo los morlacos a cuenta de un nuevo festival de deuda, con la avidez por la chequera como única razón de la acción política, contrasta con lo que pasó esta semana en el Concejo rosarino. Allí, un amplia coalición legislativa finalmente aprobó la adhesión tardía y parcial de Rosario a la ley provincial de descanso dominical.

El rasgo premonitorio con el que suele insertarse la ciudad en los procesos históricos nacionales parece emerger en la larga la lucha para recuperar, aunque sea en jirones, un derecho laboral conculcado en los 90.

La nueva conformación legislativa, la emergencia de nuevas fuerzas y figuras políticas aceleraron la sanción de la norma. Si este consenso, de características muy distintas al que se articuló en torno del pacto con los buitres, anticipa la construcción de un espacio político que defienda y renueve la mejor herencia del amplio movimiento político surgido de la rebelión de 2001, está por verse.

Por lo pronto, marca un fuerte contraste con la militancia de la liga de los gobernadores a favor el acuerdo con Singer. Menos pruritos tuvo el gobernador de Santa Fe en cuestionar el descanso dominical de los empleados de comercio que en exponer a favor del proyecto que convalida el pago a los usureros.

La violencia fue ejercida por la patronal hipermercadista, con los patovicas de Coto repitiendo la invasión a la ciudad que realizaron hace dos años cuando se sancionó la ley provincial. Una movilización que seguramente no será objeto de la aplicación del protocolo de Bullrich, y que tuvo como objetivo abierto amedrentar a las instituciones políticas locales. La injustificada y extorsionadora presión de los despidos potencia la brutalidad que viene ganando la restauración en marcha.

La consigna de "salarios o empleos" que lanzó tempranamente el ministro Prat Gay sobrevuela en los argumentos de la patronal de los hipermercados: hay una relación de causa y efecto entre la reivindicación de un derecho y los telegramas de despidos. La clase política tradicional compró esta proclama.

La ola de despidos estatales y privados desatados y alentados por el gobierno nacional echa por tierra, si acaso hace falta, el intento de culpar a los propios trabajadores y su representación sindical por la suerte de sus puestos de trabajo.

El disciplinamiento guía la política oficial hacia los trabajadores, cuyo primer logro fue el cierre de paritarias por debajo de la inflación anualizada y los magros acuerdos salariales por seis meses que se imponen como moda en el sector privado.

Como contrapartida al shock de ganancias y liquidez (y su consecuente impacto inflacionario), sobre los sectores empresarios más grandes del agro, el comercio y los bancos, el gobierno invita otra vez al salario a ser el encargado de moderar la suba de precios. La presión sobre el empleo tiene ese objetivo. Se suma al impacto que el cambio de política económica está teniendo sobre amplios sectores productivos que tienen peso en la provincia. Carroceros, industriales de la línea blanca, autopartistas, fabricantes de calzado, lecheros, productores de cerdos, metalúrgicos, entre otros, ya encendieron la luz de alarma.

Los efectos colaterales de la política económica que los gobernadores avalan comienzan a recorrer sus territorios. Y es probable que en ese escenario conflictivo los interpele también políticamente.

Mientras, esperan que la apuesta total a la deuda y los agronegocios derramen en dólares y actividad. Y que alcancen para evitar que la crisis provocada tras el cambio de política económica se descontrole como en otras épocas.

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