Economía

El nuevo Código Civil y Comercial le cambia la cara a la economía

Marco legal. El ordenamiento jurídico genera opiniones divididas entre los especialistas sobre el impacto que tendrá sobre las empresas, la inversión y las relaciones económicas.

Domingo 26 de Julio de 2015

La opinión de los especialistas del derecho y las ciencias económicas sobre el nuevo Código Civil y Comercial está dividida: para algunos es claro, recoge la jurisprudencia actual y beneficia la actividad empresarial; para otros, varias de sus principales modificaciones generan incertidumbre y desalientan la inversión. Sin embargo, todos acuerdan en algo: el 1 de agosto será el punto de partida de una transición que durará al menos cinco años, período en el que los jueces deberán generar nueva jurisprudencia y en el que se tendrá que adaptar distintas estructuras del poder judicial y legislación impositiva al nuevo marco legal.

   Después de 144 años, las relaciones entre las personas tendrán nuevas reglas de juego. El Código Civil y Comercial redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield será reemplazado por un nuevo ordenamiento legal. En principio iba a regir desde el 1 de enero de 2016, pero el Congreso nacional adelantó su aplicación al 1 de agosto de este año.

   El Código Civil y Comercial sancionado mediante la ley 26.994 consta de 2.671 artículos —el anterior tenía 4.051— que están ordenados en seis libros, en los que se establecen los derechos y obligaciones de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Si bien las modificaciones abarcan distintos aspectos de la esfera civil, varios de los principales cambios se relacionan con la actividad económica. En algunos casos, el nuevo Código formaliza situaciones que existían de hecho; en otros, crea nuevas figuras.

   En cuanto a sociedades, hay un escenario más favorable para la pequeña y mediana empresa. Las llamadas sociedades irregulares o de hecho —que son la mayoría— se denominan ahora “Sociedades no constituidas formalmente” y se reconoce la validez de sus contratos entre los socios y los terceros que los conozcan al momento de la contratación. Además, a partir de este momento la responsabilidad de los integrantes de sociedades informales pasa de solidaria ilimitada y directa a mancomunada no solidaria. Esto significa, por ejemplo, que si una sociedad tenía una deuda, se podía exigir la totalidad al integrante que tuviera el patrimonio más importante; con la nueva ley cada miembro responde en función de su participación en la sociedad.

   Por su lado, también nace la llamada sociedad anónima unipersonal, una vieja aspiración de las pymes y microemprendedores. Sin embargo, el nuevo Código establece que deben tener directorio y sindicatura plural e impar, una exigencia que según los expertos dificultará su uso por sus supuestos beneficiarios naturales. Prevén, en cambio, que esta figura será empleada por firmas multinacionales que quieran subdividir sus unidades de negocios.

   Con respecto a los contratos, se establecen dos grandes tipos: aquellos en los cuales se trata de partes iguales y los que se vinculan a usuarios y consumidores, en los que se supone que una parte está en desventaja frente a la otra.

   Una novedad del Código es que formaliza contratos que existían de hecho pero que no tenían una regulación específica como arbitraje, concesión, franquicia, leasing, fideicomiso y los celebrados en bolsa o en mercado de valores.

   Además, se incorporan los llamados “contratos asociativos” como uniones transitorias de empresas (UTE) y consorcios de cooperación (joint venture) que pueden no inscribirse y que no tienen configuración societaria ni riesgo de quiebra.

   También se reglamenta la situación de clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, incluso cementerios privados.

   Pero uno de los cambios más controversiales se refiere a la posibilidad de cancelar deuda contraída en moneda extranjera en moneda local, al tipo de cambio oficial. Más aún, cuando se dispone un plazo máximo locación para vivienda de veinte años y de cincuenta años para otro destino, lo que según los especialistas dificultará el establecimiento de un canon a largo plazo.

   Finalmente, otras modificaciones vinculadas al régimen de familia también impactarán en la economía. Desde el 1 de agosto se permite la celebración de contratos prenupciales y que los cónyuges sean socios en cualquier tipo de sociedades, mientras que hasta el momento solo podían serlo en sociedades de responsabilidad limitada. Por otro lado, aumenta en la sucesión el porcentaje que una persona puede disponer libremente, aun teniendo hijos: del 20% actual pasará a un 33%.

   Según expertos, esto dará mayor margen de maniobra para que la empresa quede en manos de quienes participen de ella, en lugar de que todos los herederos se conviertan necesariamente en dueños.

Opiniones divididas. Para el presidente del Instituto de Derecho Comercial y Económico del Colegio de Abogados de Rosario, Sebastián Farina, el nuevo Código establece “reglas más claras” y reconoce tanto situaciones de hecho que no estaban plasmadas en la norma escrita como la jurisprudencia actual.

   En su opinión, los temores en ciertos ámbitos sobre “la desaparición del derecho comercial” son “infundados”. De acuerdo al profesional, el derecho comercial está “difuminado” en la nueva legislación y señaló que más que de Código Civil y Comercial debería hablarse de un “Código único de derecho privado”, porque unifica todo el derecho privado y se trasciende la frontera entre lo civil y lo comercial.

   En la misma línea, la Secretaria de Relaciones y Difusión del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario, Patricia Pérez Plá, afirmó que “las modificaciones introducidas son en general beneficiosas para las empresas y los negocios”.

   En este sentido, destacó la regularización de las sociedades de hecho, la limitación de la responsabilidad, la flexibilización de normas para que las sociedades anónimas puedan integrar sociedades de responsabilidad limitada y la incorporación de los contratos asociativos.

   Por su lado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano, también elogió el nuevo Código. “Las modificaciones en materia de defensa del consumidor son muy positivas, se complementa con la ley y se incorporan las últimas novedades en la materia, como los medios electrónicos de contratación”, señaló.

   Aun dentro de una evaluación positiva, los expertos consideraron que se podría haber incorporado otras reformas. Según Farina, se desperdició “una oportunidad interesante” para analizar los concursos y las responsabilidades de los organizadores de fideicomisos. Según su opinión, si un emprendimiento de este tipo no funciona, hoy “es prácticamente imposible de demostrar” la responsabilidad del administrador. “Es una figura que se puso de moda por la explosión de la construcción con la mejora de la economía, habría que haber tomado algunas precauciones extra”, sostuvo.

   En tanto, Aviano afirmó que en el nuevo Código falta “el reconocimiento de los derechos colectivos, con la posibilidad de llevar adelante reclamos tanto por la vía administrativa como judicial representando a grupos de usuarios y consumidores de casos testigo”. En este sentido, Aviano confió en que en próximos procesos judiciales se asiente “la jurisprudencia positiva que existe en la justicia y se proceda resolver fallos en términos de acciones de clase”.

   Sin embargo, la posición más crítica provino desde la Universidad Católica Argentina. El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Nelson Cossari, aseguró que el nuevo Código “trae incertidumbre”. “Había un colchón normativo conocido —con defectos y virtudes— y se lo cambia por algo que no se sabe cómo va a ser interpretado en la práctica por los tribunales; se crea inseguridad y eso no es bueno para los negocios”, indicó.

   Cossari sostuvo que en algunos aspectos “se ha involucionado”. En este sentido, se manifestó en contra de la modificación de los plazos locación para destinos comerciales e industriales. A su entender, se “crea de alguna manera una división en el derecho de propiedad”, a lo que se agrega la dificultad de “fijar el importe al no permitirse la indexación”.

   Vinculado a esta cuestión, se refirió a la posibilidad de cancelar deuda contraída en moneda extranjera con moneda local: “El tema con los contratos a largo plazo es cómo se asegura realmente que se mantenga el valor de la moneda. El temor que puede tener el operador económico es que el cambio oficial no refleje lo que para él es el dólar o la moneda extranjera al cambio real. Son problemas que no tienen tanto que ver con la norma, sino con el estado general de la economía”, apuntó.

Transición. Más allá de los debates sobre el texto del Código, los especialistas consultados coincidieron en que a partir del 1 de agosto deberán llenarse ciertos “huecos legales” y habrá que adaptar determinadas estructuras al nuevo ordenamiento.

   Por ejemplo, se deberá modificar ciertas leyes impositivas —especialmente las vinculadas al impuesto a las ganancias— a partir de las sociedades anónimas unipersonales. Además, Fernanda Fernández, CPN integrante del a Comisión de Sociedades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, destacó que el nuevo Código “sigue pensando en un registro soporte papel pero no se contempla la existencia de libros electrónicos” y preguntó: “Uno de los artículos dice que los registros tienen que estar en el domicilio del titular, pero si están electrónicamente, o incluso en la nube, ¿En qué domicilio están?”.

   En tanto, para Farina será necesario hacer modificaciones en el poder judicial. “Hoy los jueces civiles y comerciales de distrito están desbordados. Dentro de los juzgados se podrían hacer prosecretarías o secretarías para cuestiones netamente comerciales como concursos y quiebras. Quizás así se pueda agilizar y perfeccionar la prestación del servicio de justicia”, consideró.

   Por un plazo que estima no menor a los cinco años, ambos códigos coexistirán. En algunos casos se resolverá con el viejo, en otros con el nuevo. En ciertos asuntos, qué código se utiliza será motivo de disputa en sede judicial.

   Para Cossari, la implementación del nuevo Código no necesariamente significará un aumento de la ligitiosidad: “Sí va a aumentar el ingenio del abogado en nuevos planteos que se pueden hacer a la luz de la nueva norma”, evaluó. Según Farina, el incremento de la cantidad de procesos tendrá otras causas: “La economía se está frenando. Al interrumpirse las cadenas de pago habrá más juicios, no por el Código”, estimó.

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