El regreso de los proyectos oficiales para recrear un organismo regulador del comercio exterior de productos agropecuarios lleva el sello del estilo más puro de Néstor Kirchner. La falta de definiciones en torno de la versión que difundieron funcionarios oficiales a través de un selecto canal de comunicación impide aventurar a prima facie la profundidad de la iniciativa y hasta dónde está dispuesto a llevar con ella, pero la movida no deja lugar a dudas. En tiempos de diáspora en el oficialismo y en reacción a la foto de los presidentes de las entidades ruralistas con los máximos referentes de la oposición, la señal es que aun desde la última trinchera está dispuesto a redoblar la apuesta como lo hizo, hace casi un año, cuando enfrentó la reacción por la resolución 125.

Para la coalición política que alguna vez intentó expresar el kirchnerismo, la estatización del comercio exterior es más seductora que una pelea por la alícuota de un impuesto. También más riesgosa en momentos de debilidad política y un escenario macroeconómico que no deja mucho margen para experimentar. Por lo pronto, le propinó un día de pánico a la coalición política-sectorial que sueña con asestarle el golpe de knock out en las elecciones de octubre.

Con este nuevo dato, la posibilidad de un acuerdo en la reunión de funcionarios del gobierno con dirigentes de la mesa de enlace, el martes próximo, parece alejarse y, con ella, la posibilidad de evitar que el crónico conflicto siga haciendo su aporte a la inquietante desaceleración económica.

La dinámica de confrontación política y la presión para hacerse de los agrodólares en tiempos en que los productores retienen a la espera de mejores precios es la segunda lectura de la movida de ayer. De hecho, ayer se rumoreaba que algunos exportadores habían sido anoticiados previamente de la avanzada. En la siempre inestable coalición agroindustrial, no faltaron las interpretaciones que asociaban la necesidad de dólares del Estado con la ventaja que significaría para ese sector una venta masiva de los productores a precios de liquidación.

"No hagan ninguna proyección, acá hay una interna política muy grande y no se sabe bien qué quieren hacer", bajó ayer la orden el presidente de una multinacional exportadora a sus mandos medios. La opinión hasta ese momento era que el regreso de las juntas reguladoras era un operativo de presión.

Pero más allá de estas especulaciones, las corporaciones agroindustriales cerraron filas y prometieron dar una batalla más dura que con la 125. No es la primera vez que se discute en los últimos tiempos la recreación de organismos reguladores y la buena cosecha que obtuvo el gobierno con la estatización de Aerolíneas y las AFJP son antecedentes que habilitan a tomar el proyecto en serio, aunque todavía no se sepa bien de qué se trata.

Un sistema en que el Estado vuelva a ser el comprador de granos para comercializar los excedentes al exterior no es imposible, pero no debería ser tomado a la ligera. Desde la infraestructura y los cuadros técnicos que se necesitan hasta la adecuación de la operatoria a la nueva mecánica del comercio internacional y el tendal que dejaría en un conjunto de actividades asociadas a la intermediación granaria, el desafío sería algo más complejo que la estatización de las AFJP.