El tarifazo anunciado por el ministro de Energía no ayudó mucho a reequilibrar las cargas entre la ciudad de Buenos Aires y el interior. Los porteños pagarán mucho más de lo que vienen pagando pero el incremento del 300 por ciento en el precio del mercado mayorista impacta en todo el universo territorial, con lo cual los usuarios que en las provincias ya experimentaron incrementos superiores al 300 por ciento en los últimos ocho años, sumarán una nueva carga a la factura.
Una carga que en el verano caliente que trajo el cambio de ciclo político consolidará la brutal transferencia de ingresos hacia sectores empresarios que comenzó el día en el que actual ministro de Hacienda anunció la devaluación.
La lluvia de aumentos de origen público y privado nacional, provincial y nacional, acompañada de la presión sobre el empleo, inclina la cancha de la negociación salarial, ante la mirada apática de las grandes centrales sindicales.
Es más bien dentro de los complejos productivos donde comenzaron a registrarse roces distributivos más duros.. La pelea entre ganaderos, frigoríficos y carniceros fue el primer cruce público derivado del incremento de más del 50 por ciento en el precio de carne desde noviembre. Una suba apalancada por el cambio de esquema de negocios del sector, destinado a favorecer la exportación. El ganado en pie se disparó en diciembre y luego retrocedió un poco en enero, aunque muy por encima de los valores previos.
Igual, el ministro de Agroindustria y las entidades de la producción reclamaron la baja de precios de los cortes al mostrador. La respuesta minorista fue que en los dos últimos meses de 2015 los minoristas no habían trasladado todo el aumento de la hacienda.
Finalmente, el titular de la cartera agropecuaria instó a los consumidores a dejar de comprar carne. Una consigna que parece más un objetivo de política económica que una recomendación orientada a la defensa del consumidor
Fue Silvio Etcheún, uno de los sindicalistas de la carne, quien le avisó que la sugerencia llegaba tarde porque ya había bajado el consumo. Al mismo tiempo, pidió la renuncia del secretario de Comercio.
Hay aquí un conflicto conceptual. Para el gobierno nacional, el descontrol inflacionario no deriva del fracaso en la contención de precios sino del "éxito" en la política de "sinceramiento". En términos prácticos, esa arquitectura argumental encierra un riesgo. La ola de remarcaciones es hoy la principal amenaza a la luna de miel que el presidente disfruta con el electorado. Al menos hasta que los despidos y la recesión se generalicen y capten el primer lugar en la lista de preocupaciones.
Aun con tanto disfraz discursivo, donde los aumentos de precios son correcciones, los ajustes sinceramiento, la represión una señal de autoridad y los viajes a Europa una política de la inserción en el mundo, parece difícil sostener que la sobredosis de inflación sea el remedio para combatir la inflación que el ahora oficialismo criticó como principal factor distorsivo del anterior modelo económico.
Mientras Jorge Todesca sigue estudiando las estadísticas del Indec, los centros privados, que cantaron una inflación de casi diez puntos en el último bimestre del año, hablan de una moderación en enero a la zona del 3 por ciento. El doble, igual, de lo que estimaban para la mayoría de los meses del año pasado, hasta octubre.
Con los aumentos tarifarios, es probable que en febrero los precios vuelvan a repuntar, apilando cuatro meses de ferocidad remarcatoria sin contrapartida en el incremento de ingresos. Y en medio de una nebulosa estadística sólo parcialmente compensada por las mediciones privadas y las percepciones de bolsillo. Parecería ser un buen momento para que el Estado provincial avance en la recuperación, a través de su organismo de estadística, de un índice de precios.
Un pequeño gran paso en favor de la autonomía provincial, en el marco de un nuevo sistema de relaciones federales, en el que el gobierno central ya avisó que en la discusión por recursos que se abrió a mitad de semana, también pretende poner sobre la mesa las transferencias de responsabilidades.
Hasta ahora, la provincia de Santa Fe está, merced al fallo de la Corte por el descuento del 15 por ciento, entre las ganadoras de la nueva coparticipación. Una reparación respecto de la última década, que de todos modos entrará a ahora a competir con una discusión que incluye plata y política.
El encuentro del ministro del Interior con los gobernadores peronistas, luego del escandaloso intento de modificar la coparticipación a favor del gobierno porteño, es el inicio de una discusión áspera y larga.
Es el terreno en el que, mientras se ceba la crisis social, los jefes territoriales ensayarán sus realineamientos políticos. Los jefes sectoriales también comenzaron sus paritarias. En eso se inscribe no sólo la visita de Asociación de Empresarios de la Argentina, con el CEO de Clarín a la cabeza, a la Casa Rosada sino también la vuelta de la mesa de enlace agropecuaria como interlocutor del oficialismo. Dos claras demostraciones de la nueva representatividad corporativa dentro del Estado, en la que no faltaron algunos chispazos. Por caso, el gobierno hizo saber a los agropecuarios su disconformidad con el ritmo de venta de los stocks de soja, luego del esfuerzo fiscal realizado para bajar las retenciones y la transferencia de ingresos forzada con la mayor devaluación desde la crisis de 2002.