Cumbre. El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores en la Casa Rosada la semana pasada.
El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95% y le otorga a la ciudad de Buenos Aires más de $ 180 mil millones adicionales a los que ya percibe”, argumentó el gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida con gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
El gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la Caba”.
“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, explicó el comunicado.
Además, el gobierno consideró que la Corte argumentó “de manera insólita” que “transferirle estos montos millonarios a la Caba no afecta a las provincias argentinas” y advirtió: “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
El presidente tomó la decisión tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada. Estuvieron presentes los mandatarios de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
El miércoles, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte se ordenó al gobierno nacional que pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación.
La polémica arrancó en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que subía del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a Caba por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La excusa fue la transferencia de la policía. De acuerdo con ese planteo, la ciudad contaría con $ 112 mil millones para una fuerza de 19 mil agentes, contra los $ 70 mil millones que recibe la Policía Federal para 32 mil efectivos.
En 2020, Alberto Fernández redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a Caba. “En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso, la ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, recordó el gobierno.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo pero avaló la medida cautelar y ordenó el pago.
Del encuentro en la Rosada no participó el gobernador Omar Perotti. De todos modos, en Santa Fe también había preocupación por el fallo de la Corte. Y apuntaron: “El fallo la deuda con Santa Fe tardó más de siete años y este, que favorece a Caba salió en un par”, apuntaron.
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