El gobierno promulgó el blanqueo de capitales y el pago de los juicios a jubilados

El gobierno promulgó ayer la ley que pone en marcha el blanqueo de capitales y establece una propuesta de pago a los jubilados en condiciones de cobrar ajustes por mala liquidación de haberes, entre otros puntos.

La ley, que reunió en un megaproyecto un paquete de iniciativas muy diversas, había sido sancionada hace casi un mes por el Congreso y ayer fue publicada en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El blanqueo de capitales es el corazón de la ley. La búsqueda de captar fondos que los inversores argentinos tienen en negro llevó al gobierno a ofrecer, a cambio de esa amnistía, una serie de medidas para favorecer a otros sectores. Así, se prometió que parte de ese ingreso irá a financiar el pago de sentencias jubilatorias, al mismo tiempo que se oficializó la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias, se eximió del impuesto a las ganancias el pago del último medio aguinaldo, se instrumentó una moratoria impositiva y se elevó el piso de pago del impuesto a los bienes personales.

La posibilidad de acceder al blanqueo, llamado por el gobierno "sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior", se extenderá desde el 1º de agosto hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.

Luego de la promulgación, vendrán las reglamentaciones: dos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), una del Banco Central, otra de la Comisión Nacional de Valores y un dictamen de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El nuevo blanqueo permite la declaración de tenencia de moneda nacional o extranjera, inmuebles, acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares y demás bienes en el país y el exterior, incluyendo créditos y todo derecho susceptible de valor económico.

"Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación la ley en el caso de bienes declarados por personas humanas y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1º de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas", dice la ley.

De la medida quedan excluidos los representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de las tres jurisdicciones (Nación, provincias y municipios), como también sus padres, cónyuges e hijos.

El régimen exige la declaración de los activos pero no necesariamente su repatriación. La norma permite declarar bienes o divisas a cambio del pago de una tasa general del 10 por ciento, del 5 por ciento en el caso de los inmuebles y del 0 por ciento si se realiza a través de la compra de bonos públicos a tres y siete años.

En cuanto al blanqueo de sumas en efectivo, la tasa también será de 0 por ciento hasta 305.000 pesos y del 5 por ciento entre 305.001 y 800.000 pesos.

No podrán blanquearse las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) como de alto riesgo o no cooperantes.

La ley indica que no habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal.

Para aceitar políticamente el tratamiento del blanqueo de capitales, el gobierno nacional lo vinculó a la posibilidad de financiar el ajuste acelerado de haberes a los jubilados que hicieron juicio al Estado o están en condiciones de hacerlo por haberes mal liquidados. Por eso, el otro gran capítulo del megaproyecto es la llamada reparación histórica a jubilados y pensionados.

La iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional por tres años, con el objeto de que el Ejecutivo establezca acuerdos con unos 2,4 millones de jubilados, entre los que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron pero están en condiciones de hacerlo.