El Gobierno estudia aplicar un impuesto a la renta financiera y encomendó al diputado oficialista, Héctor Recalde, redactar un proyecto de ley sobre la base de diversas iniciativas enviadas al Congreso.
La medida, que serviría para ayudar a las crecientes dificultades fiscales del Tesoro, es solicitada hace tiempo desde diferentes sectores de la oposición, como el sindicalismo, el denarvaísmo y el massismo, que la entienden como una forma de compensar una eventual reforma del impuesto a las Ganancias.
En declaraciones a la prensa, Recalde dijo que la titular del bloque oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio le encargó “coordinar con los compañeros un proyecto para gravar la renta financiera”.
“Estamos trabajando en eso hace una semana y vamos a ver si podemos adelantar”, remarcó el legislador del Frente para la Victoria.
Recalde presentó en junio del año pasado un proyecto titulado “Impuesto a los Ingresos”, en el que proponía la sustitución de las alícuotas sobre el trabajo personal de la actual Ley 20.628 de Ganancias, por el establecimiento de una alícuota especial a los dividendos de las empresas, renta financiera, distribución de utilidades, minería, juegos de azar y renta del trabajo.
Una iniciativa de similares características fue presentada por el diputado Alfonso Prat Gay, quien a cambio solicitaba desgravar el salario y los haberes jubilatorios.
“La lógica entonces es proveer al Estado de nuevas y más progresivas fuentes de recaudación, que compensen los ingresos dejados de percibir por la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. En segundo lugar, consideramos que es una oportunidad para promover que este impuesto se ajuste mejor a las necesidades de redistribución personal y funcional del ingreso”, señala el proyecto presentado el año pasado por Recalde.
Agrega que: “Se reformula parte de la normativa vigente entendiendo que la estructura del sistema tributario tiene una clara incidencia sobre las condiciones en las que se desarrolla la matriz productiva del país”.
Además, fijaba la incorporación “en forma indirecta una alícuota del 7,7 por ciento sobre los ingresos que las personas físicas reciben de tenencias de acciones y demás activos financieros y de títulos públicos (estos últimos con posibilidad de sustituir tal tasa a cargo del Poder Ejecutivo), de modo de evitar que se eluda el pago del impuesto mediante la distribución de dividendos vía activos financieros”.
“En síntesis, se trata de un conjunto de reformas que, por supuesto, no agotan la discusión sobre la necesidad de una profunda reforma tributaria en el país, pero que, consideramos, ayudarán a hacer de Argentina un país económica y socialmente más justo y equitativo”, refiere el proyecto.
