El gobierno nacional echó al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el mismo día en que autorizó un aumento del 9% de la tarifa de electricidad para el Area Metropolitana del Gran Buenos Aires (Amba). Ese será el primer tramo, ya que se espera otro incremento para los próximos meses.
El alejamiento de Basualdo, justificado oficialmente en sus demoras para presentar un plan de actualización de tarifas segmentado, salda una discusión entre los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández y el ala más dura del kirchnerismo. El ahora ex secretario se oponía al aumento tarifario.
La decisión se tomó luego de algunas reuniones entre Alberto, Guzmán y Santiago Cafiero, que habría sido el encargado de pedirle la renuncia a Basualdo.
Además se acordó avanzar con el aumento del 9% en las tarifas eléctricas y quedará otra suba para los próximos meses. Se trata del esquema que promovía el ministro de Economía para aflojar la tensión fiscal. "Además empieza un trabajo de segmentación que estaba visiblemente retrasado para que los subsidios dejen de ser planos", dijeron desde el gobierno.
Con este incremento se levanta el congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La última prórroga del congelamiento se definió en diciembre de 2020. En ese momento el Poder Ejecutivo habilitó, además, la renegociación de las tarifas de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) al frente del proceso.
Según fuentes gubernamentales, ya en diciembre de 2019, cuando por ley se congelaron las tarifas de luz y gas, el equipo económico le pidió a Basualdo que modele escenarios de costos algo que nunca presentó. Pero tampoco avanzó en una idea clave para el Gobierno que es la segmentación de tarifas. El ahora exsubsecretario no trazó un esquema para salir del congelamiento de forma ordenada, considerando los costos, los subsidios y el impacto en el bolsillo de los argentinos.
En el gobierno aseguran que la ayuda desplegada durante la pandemia a los distintos actores sociales mediante distintos planes como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) le permitió al Estado recabar mucha información de los ciudadanos para realizar una radiografía socioeconómica más detallada.
A partir del entrecruzamiento de datos de los distintos organismos como la Afip y Ansés, la intención es diagramar un esquema de subsidios que contemple la situación de los sectores más vulnerables, pero que la ayuda llegue de forma directa a quien los necesita. En la Casa Rosada quieren evitar por ejemplo errores del pasado, en donde al definir subsidios por zonas geográficas, se terminaban beneficiando personas de alto poder adquisitivo.
El aumento del 9% rige para las distribuidoras del Amba, Edenor y Edesur. En manos de los entes reguladores está la decisión de incrementar la energía mayorista, luego de las audiencias de marzo. En el caso de las provincias, la mayoría de las empresas ya decidió o pidió autorización para realizar aumentos. Las franjas van desde el 7% decidido por la provincia de Buenos Aires hasta el 36% promedio para usuarios residenciales que pidió la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe.