El principal beneficio del acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con los tenedores de deuda externa emitida bajo legislación extranjera es descomprimir el pesado y ajustado cronograma de vencimientos que dejó como herencia el gobierno de Mauricio Macri. Esta reestructuración, junto a la de los pasivos emitidos en dólares bajo legislación local y la renegociación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, contribuirían a despejar el horizonte financiero. También a restar una fuente de demanda de dólares a la economía argentina, aflojar la presión sobre las reservas y liberar recursos del presupuesto nacional que hoy están destinados al pago de estos compromisos.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) recordó que entre 2020 y 2024 vencían u$s 63.664 millones por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera). Con la reestructuración, los compromisos bajarán a u$s 6.116 millones, aproximadamente.
Esto fue posible porque Argentina logró “aplanar la curva” de vencimientos y comprar tiempo en los próximos cinco años, señalaron los economistas de Cepa. Aclararon que “no hay que esperar grandes modificaciones del ratio deuda/PBI” en esta negociación. Esto es porque ese cálculo se realiza considerando stock de capital de deuda y no hay grandes quitas en este acuerdo. La clave es la reducción de intereses y la extensión de plazos.
Esta descompresión de la carga de deuda, agregó el estudio, achica una fuente de demanda de dólares, los que se destinan al pago de deuda pública, y amortigua la restricción que existe en ese sentido. También permite liberar recursos fiscales a la atención de la crisis sanitaria y económica. En el presupuesto 2019 los intereses de deuda alcanzaron el 21% del total de gastos. Antes de 2015, esa participación era del 8%.
Para entender qué significa este alivio es importante remontarse a la historia reciente. La deuda pública nacional subió u$s 96.602 millones entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019. O sea, del 52,6% del PBI al 91%. Pero en el mismo período, la deuda en moneda extranjera pasó de representar el 36,4% del total, al 62%. Aumentó u$s 122.403 millones en cuatro años, hasta los u$s 209.105,54 millones (141,17%).
El famoso análisis de sustentabilidad de la deuda tiene que ver con la imposibilidad de pagar semejante hipoteca, no sólo por su tamaño, sino por la acumulación de vencimientos en el corto plazo. Con este horizonte, la pulseada entre el ministro de Guzmán con los acreedores arrancó en el verano, cuando los acreedores ofrecían un acuerdo por u$s 92 de Valor Presente Neto (VPN) por cada u$s 100 de valor original de cada título. En febrero, ofrecieron u$s 75. En su primera oferta, el gobierno argentino propuso pagar u$s 40 y los bonistas a contraofertaron u$s 65. El 5 de julio, Argentina ofreció u$s 53 y, finalmente, el acuerdo se cerró entre u$s 54 y u$s 55. Ecuador cerró con BlackRock por u$s 59 cada cien de deuda nominal.
Con el acuerdo alcanzado con los acreedores bajo ley extranjera, Argentina logró un ahorro superior a u$s 30 mil millones sobre una deuda total de u$s 68 mil millones. Con el proyecto de reestructuración que avanzó ayer en el Congreso para los bonos emitidos en dólares bajo legislación local, pretende ahorrarse otros u$s 20 mil millones sobre u$s 40 mil millones. Y el otro gran paquete es la renegociación del préstamos realizado por el FMI a Macri, originalmente por u$s 57 mil millones, aunque del cual se desembolsaron sólo u$s 44.000 millones. En este caso, por estatuto, cabe más esperar un alargamiento de plazos que una quita en los pasivos.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, que mostró muy buena sintonía con el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán, los felicitó ayer por el acuerdo, que valoró como “un paso muy significativo”. Ahora, más allá de los gestos, le tocará hacer su parte.
El que firmó Macri con el FMI se encuentra suspendido, y la Argentina buscará renegociar otro programa. Una de las alternativas de máxima es obtener un acuerdo con un flujo de desembolsos netos favorables al país, que le permitan repagar el préstamo y a la vez acelerar la recuperación económica. Una posibilidad es que el Fondo habilite la línea de financiamiento denominada Derechos Especiales de Giro (DEG), destinada exclusivamente para cubrir emergencias sanitarias.
Un capítulo importante de este acuerdo es que se convierte en un paraguas importante para reestructurar la deuda de las provincias. Hay una decena de distritos, entre las que se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Río Negro y Chubut, que iniciaron procesos de reestructuración por un monto total cercano a los u$s 11.000 millones.
Santa Fe no entra en este lote porque no tiene un stock de deuda y un cronograma de vencimiento que amerite una reestructuración. La deuda representa 13% de sus recursos totales anuales y 2,15% del PBG. Fuentes del Ministerio de Economía provincial descartaron que, a partir del acuerdo nacional, exploren esa posibilidad. En cambio, sí lo consideraron importante para acceder a créditos internacionales a menores tasas, para financiar obra pública.
Menos piedras en la mochila
“Macri nos había dejado una mochila de deuda de 100 kilos y el gobierno logró que ahora pese 54,8 kilos, y se la pone recién en 2025 en las espaldas”. Así analizó el economista Emanuel Alvarez Agis el acuerdo alcanzado con los bonistas. Dijo que el gobierno “hizo bien en desgastar a los bonistas” y elogió a Guzmán: “Son pocas veces en la historia que un economista que escribe una idea novedosa, la lleva a la práctica y sale bien”. Esa idea fue, dijo, decirles a los acreedores: “Ahora no puedo pagar, necesito un período de gracia, porque si no voy a prometer algo que no voy a poder cumplir”.
