El gobierno nacional ratificó su apuesta a consensuar con los gobernadores y parte de la oposición un plan de ajuste que quede plasmado en el proyecto de presupuesto 2019. Mientras, avanza en los recortes por decreto. Ayer publicó en el Boletín Oficial la norma que congela por hasta fin del año próximo el ingreso de trabajadores al Estado nacional y que, a través del cese de contratos de asistencia con universidades, cesantearía a otros 100 mil agentes. En la misma medida, el Ejecutivo nacional invitó a los Estados del interior a sumarse a esos recortes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que el gobierno nacional apuesta al "diálogo" con gobernadores y legisladores de la oposición para alcanzar un acuerdo para convalidar el ajuste en el proyecto de presupuesto 2019.
En realidad, la Nación apuesta a reducir sustancialmente las transferencias no coparticipables a las provincias. Esos recortes no serán fáciles. Según un informe de la calificadora Moody's, los Estados del interior enfrentarán dificultades para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal por sus compromisos de deudas y paritarias, así como por la inflación.
La calficadora señaló que las provincias enfrentarán "mayores costos salariales debido a las presiones inflacionarias" y tendrán una "mayor carga de la deuda por tasas de interés más altas que los créditos del gobierno nacional".
Como parte del ajuste, el gobierno congeló ayer el ingreso de personal al Estado nacional para disminuir el gasto público en 30 por ciento este año por ese concepto.
La medida se formalizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En el extenso texto oficial, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo "no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019".
El decreto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de esas citadas fuerzas.
Además, el gobierno dispuso que los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, celebrados entre el Poder Ejecutivo y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública "quedarán sin efecto a partir del 1º enero de 2019".
También estableció que no se podrán instrumentar nuevos beneficios "tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o en especie hasta el 31 de diciembre de 2019".
Por último, "invitó" al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las provincias a "adoptar medidas similares".
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) precisó que hasta el momento hubo 22 mil despidos en el Estado nacional pero advirtió que se sumarían 10 mil más si se tiene en cuenta que el nuevo decreto también "implica dejar sin efecto a las contrataciones con universidades".
Moody's advirtió que las provincias tendrán dificultades para
cumplir con la ley de
responsabilidad fiscal