Economía

El gobierno avanza con una nueva reforma laboral, pero con las viejas recetas

El proyecto tiene el objetivo de bajar los salarios. Busca derogar institutos históricos del derecho del trabajo.

Domingo 05 de Noviembre de 2017

Todo resulta sencillo y claro: bajar los salarios reales. Esa política empresaria, instrumentada desde el Estado, no puede hacerse sin derogar derechos obreros. Y voltear los derechos permitirá despedir trabajadores con bajo "costo" indemnizatorio, e inclusive, sin ninguno. Permitirá a los empresarios reemplazar trabajadores y trabajadoras con antigüedad, con salarios "altos", sindicalizados y organizados, por otros más baratos tercerizados o subcontratados sobre los cuales ni siquiera serán responsables de lo que les suceda, extender la jornada laboral sin pagar horas extras. Por su parte los trabajadores y trabajadoras podrán renunciar a sus derechos individuales.

Lo primero que uno se encuentra en el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional son sus objetivos. Entre ellos y aunque parezca una broma de mal gusto, leemos que se busca "Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas..." Idéntico objetivo al que fijó en 1976 Martínez de Hoz cuando anunció que "del intervencionismo estatizante y agobiante se da paso a la liberación de las fuerzas productivas." Fue en ese trágico año de 1976 que se produjo la última gran poda de la ley de contrato de trabajo elaborada por el abogado santafesino Norberto Omar Centeno.

Ni siquiera aquella reforma modificó institutos del derecho del trabajo que hoy serían prácticamente derogados si el proyecto del Ejecutivo pasa el filtro de la CGT, de los sindicatos y del Congreso nacional, tres actores cuyo rol histórico será puesto en juego en estos días. A diferencia del año 1976, el gobierno nacional ha llegado al poder por vías democráticas, y nada impide ni condiciona a los sindicatos a defender los derechos conquistados.

Tras los discursos de modernización, una vez más y pese a su comprobada ineficacia para generar empleo, se presenta un blanqueo laboral con perdón total de deudas a los empleadores y rebajas de contribuciones patronales a la seguridad social. También se eliminan las indemnizaciones a favor del trabajador cuando está mal registrado o no registrado. Una enorme transferencia de recursos del Estado y del trabajo al capital.

El proyecto continúa con un golpe a la línea de flotación de la ley de contrato de trabajo, que regula las relaciones entre patrones y trabajadores:

Crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, el que podría inclusive tener 4 "independientes colaboradores" a su servicio, excluyéndolos de la aplicación de las normas laborales y legalizando así el principal fraude laboral.

Habilita la renuncia de derechos individuales por parte de los trabajadores, modificando/derogando el principio constitucional de irrenunciabilidad que hace que cualquier renuncia a cualquier derecho laboral sea nula.

Rompe con el convenio colectivo de actividad dentro de un establecimiento, profundizando la tercerización y subcontratación, quitándole toda responsabilidad al principal empresario y beneficiario del trabajo ajeno. Se permite tercerizar en muchísimas actividades, como limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, higiene y seguridad, gastronomía e informática y transporte, en las que ya se hace, pero ahora se hará sin responsabilidad alguna de la principal. Y para el resto, con un simple y escaso control formal sobre las subcontratistas, también se excluye la responsabilidad solidaria. Se divide así el colectivo dentro de la fábrica, del establecimiento, en donde se aplican diferentes convenios, con salarios más bajos, con innumerables empleadores y sin que exista responsabilidad de la empresa principal. La gravedad de este punto lo dan las trágicas estadísticas de accidentes graves y fatales en el cordón industrial, que en su mayoría son trabajadores contratistas sin capacitación suficiente, que se juegan la vida realizando cualquier tipo de tarea por necesidad, para "pasar a planta".

Niega la posibilidad de reclamar por el mantenimiento de las condiciones de trabajo ante una decisión unilateral del patrón de modificarla, dejando sólo la posibilidad de considerarse despedido.

Rompe con la jornada laboral, habilitando la extensión de la misma por CCT a través de los bancos de horas anuales, extendiéndola hasta 10 hs diarias sin pagarlas como extras.

Modifica el concepto de salario, excluyendo para el cálculo de las indemnizaciones por despido las horas extras, el aguinaldo, comisiones y todos los adicionales y beneficios para abaratar el despido. Con el mismo objetivo habilita la creación del "Fondo de cese laboral" que permitirá financiar las indemnizaciones, por lo cual a la hora de despedir la empresa no deberá pagar absolutamente nada. Así, y en nombre de la creación de empleo, se podrá despedir sin costo alguno.

Se disminuye el plazo de prescripción de los créditos laborales de 2 a 1 año (la reforma del ´76 la bajó de 4 a 2).

Se crea el "Sistema de Practicas Formativas" durante un año, con una jornada de 30 horas semanales y con una asignación estímulo no remunerativa en vez de salario. También crea un subsidio a las empresas para incorporar jóvenes en "formación".

Son sólo algunas de las más importantes reformas que presenta el proyecto, que inclusive busca cambiar el concepto de trabajo desconociendo la desigualdad de la relación entre patrón y trabajador.

Lejos quedaron las promesas de no hacer una reforma a la brasileña del ministro Triaca, de analizar actividad por actividad y en el marco de la negociación colectiva, entre sindicatos y empresarios. De aprobarse, implicará una modificación nunca vista en la relación capital – trabajo que impacta de lleno en el sistema laboral argentino, con una gran transferencia de recursos para el sector más poderoso. Y más aún, implicaría en los lugares de trabajo, dentro de las fábricas, de las oficinas, una reconfiguración de las relaciones de poder, tanto del trabajador y trabajadora en términos individuales como del colectivo organizado gremialmente.

Una vez más, aunque no haya que quitarle responsabilidades al Congreso nacional, y como no puede ser de otra manera, serán los trabajadores y trabajadoras, sus sindicatos, las centrales -principalmente la CGT- quienes pueden frenar esta nueva revancha patronal. Y es a poco tiempo de la masiva movilización obrera del 1º de mayo 2016 , en la que se exigía la prohibición de los despidos, y más cerca aún de los paros nacionales, que nos encontramos debatiendo una reforma de neto corte neoliberal y regresivo, analizando cuántos y cuáles derechos perderá la clase obrera. Como siempre, la movilización, la huelga y el uso de todas las herramientas de acción sindical son las principales defensas para enfrentar este nuevo intento de matar al Derecho del Trabajo.

Un nuevo escollo para el BCRA

El equipo de Estrategia & Research de Puente Hnos. analizó la reforma tributaria tomando en cuenta tres frentes: fiscal, monetario y de mercado.

En el frente fiscal, indicaron que el gobierno argumentó que, a pesar que la reforma reducirá la carga impositiva en 1.5 pp del PBI, esperan que la misma sea neutral frente al déficit debido a un mayor crecimiento del PBI y del empleo. "Esperamos que la reforma ayude al gobierno a alcanzar los objetivos fiscales en 2018 y, especialmente, en 2019 debido a que los nuevos impuestos y las subas de alícuotas llegarán mucho antes que las reducciones de alícuotas, que son graduales y distribuidas en los próximos cinco años.", señalaron

En el frente monetario, los analistas advierten que el anuncio, representa un nuevo escollo para la política monetaria del BCRA. "A los precios de mercado actuales, el retorno luego del impuesto del 5% para una Lebac a 35 días caería a 26.1%, un nivel similar al de la semana pasada, previo a la suba de tasa. En este contexto, si la semana pasada el BCRA estimaba que una tasa del 26% no era lo suficientemente contractiva frente a un proceso desinflacionario más lento de lo esperado, la pregunta es si las autoridades mantendrán la tasa o si podríamos ver una nueva suba de la tasa", puntualizaron.

Por el otro lado, debido a que los plazos fijos serán alcanzados por una tasa del 5%, la tasa Badlar actual se volvería negativa en términos reales una vez descontado el impuesto. En este contexto, la tasa Badlar podría incrementarse si el impuesto acelera el traspaso de plazos fijos a Lebacs, aunque, por el momento, los bancos creen que la medida tendrá un impacto acotado sobre los depósitos a plazo.

En lo que respecta al mercado, desde Puente señalaron que el gobierno espera que el nuevo impuesto tenga "impacto cero".

"Hay dos formas en que el nuevo impuesto puede impactar en los mercados. En primer lugar, si el Central decide subir la tasa para mantener una tasa real implícita en la curva de Lebacs en torno al 10%. Dicho movimiento favorecerá a los bonos Badlar, especialmente en un contexto donde los inversores no residentes, que son aquellos que fijan el precio de dichos instrumentos, no vean cambios en su tratamiento fiscal", se indicó.

En segundo lugar, el impuesto reduce el retorno de los activos argentinos para los residentes locales en comparación a los activos del resto del mundo, los cuales esperamos que continúen tributando la misma tasa. Sin embargo, los analistas consideraron que el impacto de esta segunda cuestión debería ser bajo, dado que los residentes locales no son los agentes de formación de los precios y, aún luego de impuestos, el retorno de los activos argentinos continuará resultando muy atractivo respecto a los activos del resto del mundo.

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