Economía

El gobierno avanza con la reforma de bienes personales

La iniciativa oficial casi duplica el actual mínimo no imponible, pasa a $2 millones, pero da marcha atrás con la eliminación del gravamen para 2019.

Jueves 18 de Octubre de 2018

El proyecto oficial de reforma de bienes personales fue presentado ayer en la Cámara de Diputados e incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.

El proyecto forma parte de la agenda fiscal firmada por 18 gobernadores, la cual estipula la suspensión de la cláusula del Consenso Fiscal 2018 que pautaba el compromiso "de no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales".

En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000 de pesos.

De esta manera, el gobierno da marcha atrás en su proyecto original para que bienes personales, denominado "impuesto a la riqueza", desapareciera en 2019.

El artículo 70 del proyecto de ley de blanqueo y reparación histórica 27.260 que se sancionó en 2016 planteaba alícuotas decrecientes hasta su eliminación total en 2019.

La idea del oficialismo es avanzar con la agenda fiscal en la comisión de Presupuesto y Hacienda hoy, en conjunto con un revalúo de ganancias y el proyecto de presupuesto 2019.

Otro aspecto que se modificaría si prospera la reforma tiene que ver con la incorporación al régimen de bienes personales de los titulares de inmuebles rurales, que hasta ahora se encontraban exentos de este impuesto dado que pagaban por ganancia mínima presunta, un tributo que caduca el año que viene.

En 2019 también finalizarán los beneficios que gozaban las personas que habían ingresado en programas de blanqueo o exteriorización de bienes, que estaban exentos de pagar bienes personales por esos bienes.

Ganancias

Por otra parte, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley para que jueces, legisladores y funcionarios electos paguen el impuesto a las ganancias desde el año próximo, se informó ayer.

El radicalismo busca que la iniciativa se incorpore al presupuesto nacional de 2019, y "logre sustituir el artículo 79, inciso a, de la ley 20.628", que dispone quiénes deben abonar ese tributo.

"Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Hacienda que incorpore al presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal de 2019 la sustitución del artículo 79, inciso a, de la ley nacional 20.628 que hasta el momento eximía a los empleados y magistrados judiciales", destaca el texto difundido ayer por la UCR.

Hasta ahora el inciso a del artículo 79 establece como ganancias para el pago de este tributo a los ingresos procedentes "del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares".

La intención del radicalismo es ampliarlo de la siguiente forma: "Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos y los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial y de los ministerios públicos".

Según cálculos realizados por el centenario partido, que integra el frente oficialista Cambiemos, la Afip se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial el 0,06 por ciento del producto bruto interno.

En 2016 ese porcentaje representó 4.607 millones de pesos, en 2017 unos 5.759 millones y en 2018, 6.911 millones, indicó el radicalismo.

En 1996 la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada para eximir a todos los integrantes de ese poder del impuesto a las ganancias. El Congreso sancionó la ley 24.631 para que tanto los legisladores como los jueces y fiscales pagaran ese tributo, pero el máximo tribunal recurrió al concepto de "intangibilidad de los salarios" para eludir el pago.

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