El gobierno inició ayer la ronda de consultas para la limitación del presidente y de altos funcionarios en materia de juicios al Estado y contrataciones públicas, y se estima que los decretos pertinentes estarán a la firma de Mauricio Macri antes de fin de mes.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, informó que "se hizo una convocatoria a organizaciones no gubernamentales (ONG) y especialistas que trabajan temas de integridad pública, transparencia y control", quienes "vieron los borradores de los proyectos de decreto para la autolimitación del presidente y otros funcionarios en materia de juicios del Estado y contrataciones públicas".
"Se suscitan situaciones que merecen respuestas institucionales para prevenir conflictos de intereses. Todo este proceso refleja el espíritu del propio presidente de no tener ganas de ser objeto de ningún tipo de acusación en el futuro", dijo Alonso en referencia a la polémica generada por el acuerdo, luego echado atrás, con el Correo Argentino —propiedad de la familia presidencial— por una millonaria deuda con el Estado, y de Avianca, controlada por personas cercanas al jefe de Estado.
La titular de la OA presentó los proyectos de decretos de integridad en juicios y contrataciones vinculados al presidente, junto al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el procurador general del Tesoro nacional, Carlos Balbíny el Cippec, entre otros.
El proyecto de decreto de integridad sobre juicios se aplica al presidente y a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quienes deberán abstenerse en casos de "parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor".
Según indicó la OA, en esos juicios el Estado será "representado por la Procuración del Tesoro, que deberá publicar en su web el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas".
En tanto, el segundo de los decretos se refiere a las contrataciones del Estado, y aplica al "presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, ministros y titulares de organismos descentralizados y/o titulares de empresas de propiedad estatal", quiénes estarán "obligados a brindar mayor información pública sobre antecedentes laborales y su grupo familiar directo".
En diálogo con periodistas, Alonso comentó que "se hicieron muchísimos aportes a estos decretos, sin soslayar que hace falta una discusión legislativa amplia" sobre el tema, pese a que la iniciativa se vehiculizará por decreto.
Al respecto, Alonso evaluó que "esta es una medida importante de autolimitación del propio presidente, para que no quede ningún tipo de suspicacia en materia de contrataciones o juicios del Estado" y se pronunció "muy satisfecha de que esta discusión se esté dando".
Se va funcionario por caso Avianca
El director de Logística de Presidencia, Carlos Cobas, dejaría su cargo para volver a la actividad privada. Se trata de uno de los funcionarios imputados por el fiscal Jorge Di Lello junto al presidente Mauricio Macri y otras personas por la adjudicación de rutas aéreas a la empresa Avianca, que en 2016 compró la firma Macair. Cobas trabajaba justamente en la firma que pertenecía a Franco Macri y había pedido una licencia para sumarse al gobierno. La salida se produce en medio de la polémica por la suspensión de la concesión a Avianca y de algunos cortocircuitos en el proceso de compra del nuevo Tango 01.