Economía

El gobierno apura al Congreso por los fondos buitre

Aquel clima de época se revive con el envío del proyecto que impone plazos concretos para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, más la autorización para endeudarse.

Domingo 06 de Marzo de 2016

Es difícil no asociar el emplazamiento del presidente Macri y del juez Griesa al Congreso para votar el pago a los fondos buitre, con aquellas jornadas dramáticas de 2000 y 2001 en las que Domingo Cavallo urgía a los legisladores a aprobar las medidas que precedieron a la gran crisis de esa época.

Aquel clima de época se revive con el envío del proyecto que impone plazos concretos para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, más la autorización para endeudarse en más de 10 mil millones de dólares con el fin de pagar en efectivo a acreedores que iniciaron su negocio comprando bonos defaultados por una decenas de millones.

Suma a esa percepción la presión que ejercen los gobernadores justicialistas a favor de este paquete. Parece calcada de aquellos numerosos pactos fiscales de los meses previos a la crisis, cuando provincias y gobiernos negociaban cada vez con más frecuencia el reparto de las migajas que les dejaba la depresión económica.

En este caso, la llamada paritaria federal involucra un toma y daca de algunos pesos que el gobierno nacional se resiste a emitir y de la potencial deuda en dólares que sí está dispuesto a tomar, en sociedad con los mandatarios del interior.

El reendeudamiento es el pacto económico que le ofrece el gobierno a los dirigentes políticos que acepten ser moldeados como una oposición funcional al nuevo modelo de acumulación. En un contexto autoinfligido de incertidumbre cambiaria, desfinanciamiento del Estado, recesión e inflación, la salida al mercado internacional de deuda es, además, el argumento central y casi excluyente del plan económico en marcha.

El arreglo con los fondos buitre es, en rigor, apenas el peaje a pagar para entrar en el circuito de los bancos de inversión. Al igual que el préstamo sindicado acordado en el verano, no son fondos disponibles para invertir en la economía real sino para transferir a esos mismos sectores. Son casi 20 mil millones de dólares en total, más de la mitad de lo emitido para reestructurar el 93% de la deuda defaulteada en 2001, usados para ganarse el derecho a pedirles prestado a esos bancos y agencias de negocios.

Los ajustes que siempre acompañaron este tipo de operaciones ya se empezaron a sentir desde que el mismo Macri se posicionó como el ganador del ballottage. La secuencia: anuncio de devaluación, suba de precios descontrolada para cubrirse al movimiento cambiario, primera devaluación formal, nueva suba de precios para consolidar el salto cambiario, despidos en el Estado, transferencias de ingresos fiscales a un puñado de sectores empresarios, tarifazo, nueva devaluación y generalización de los despidos al sector privado.

A diferencia de fines de los 80 y de los 90, cuando se presentaron situaciones de ajustes y apremios legislativos, este nuevo shock de políticas de transferencias de ingresos no tuvo el “apoyo” de una crisis económica terminal manifiesta.

Sin negar las tensiones existentes durante los últimos años, lo cierto es que la “pesada herencia” que el gobierno actual exhibe como un relato tan impreciso como el IPC de Moreno incluyó una economía en leve crecimiento, con desempleo mínimo, desendeudada y con índices de inflación que se habían estabilizado en niveles altos, pero diez puntos por debajo del salto que experimentaron tras la devaluación de 2014.

El gobierno de Macri tuvo que crear su propia crisis para justificar la instrumentación de su plan de ajuste. La ofensiva iniciada antes de la asunción, cuando Prat Gay calculó el valor del dólar en 15 pesos, fue el inicio de una arremetida de shocks económicos, desarticulación de programas de administración de precios, liberalización financiera, endeudamiento y señales de ajuste laboral en el sector público y privado. Es la versión pura y dura del programa económico macrista, desplegada con la celeridad que requería aprovechar la embriaguez del triunfo electoral y el blindaje concedido por la opinión pública.

Sobre ese terreno se condicionaron las inevitables negociaciones que sobrevienen a ese período de gracia. Plata federal con los gobernadores, posicionamiento político a los dirigentes de las facciones opositoras, Dinero de obras sociales y Ganancias al sindicalismo tradicional. La gaffe de la modificación al impuesto al trabajo exhibió las dificultades para alcanzar un consenso mínimo con los sectores que le tienen que garantizar la calle. El descontrol de la inflación y la generalización del desempleo no ayudan a legitimar a los elegidos como opositores. La corrida cambiaria de fines de febrero volvió a exhibir los riesgos del fuego amigo.

Agitar la confrontación con los K como un espantajo, avivando las múltiples y variadas causas que tramitan los jueces federales, era el as previsible para jugar en esta etapa. La investigación por el dólar futuro (en realidad, el contrato del dólar futuro porque es un instrumento que se negocia y liquida en pesos) fue la elegida para el debut de Cristina y su equipo económico en tribunales. De todas las causas, es la más endeble. Se pone en cuestión una política económica destinada a defender el peso, que se dio durante la corrida de fines de 2014, y que arrojó ganancias para el Banco Central hasta que el nuevo gobierno decidió impulsar la mayor devaluación desde la caída de la convertibilidad. Esa decisión, y no otra, fue la que provocó las grandes pérdidas al BCRA. La Justicia ya aceptó, incluso, reclamos de particulares por la ruptura de contratos que implicó la intervención inducida por la actual conducción económica en ese mercado.

Si los efectos de la devaluación y el ajuste llegaran en estos tiempos de turbulencias a oscurecer el relato convalidado hasta ahora por la opinión pública y los pactos políticos alcanzados hasta el momento, ese juicio podría convertirse en una incómoda tribuna de debate sobre política económica.

Tan incómoda como ahora está la calle para el nuevo gobierno, donde a pesar del protocolo antipiquetes se suceden conflictos derivados del creciente desempleo. Mientras, las expectativas de la actual conducción económica pasaron para el segundo trimestre, con el pago a los holdouts, el ingreso de los agrodólares y algún derrame del campo. Esta semana, habrá un test con las ferias agropecuarias.

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