El gobierno nacional puso en marcha formalmente el proceso para revisar cientos de convenios colectivos de trabajo, una de las medidas centrales de la reforma laboral. A través de cédulas de notificación emitidas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, comenzaron a llegar las primeras convocatorias a sindicatos y cámaras empresarias.

Según informó el portal especializado Estado de Alerta, la iniciativa alcanza a unos 446 acuerdos y tiene como base el artículo 137 de la ley de modernización laboral 27.802 y el decreto 407 de 2026. La convocatoria había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano en un comunicado del 11 de junio, en el que instruyó a la Secretaría de Trabajo a avanzar con la revisión.

El objetivo oficial es abrir una discusión sector por sector para adecuar los convenios a la nueva legislación laboral. Uno de los puntos más sensibles es el de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias, cuya vigencia quedaría alcanzada por los nuevos criterios. La reforma elimina la ultraactividad, es decir, la vigencia automática de esas cláusulas una vez vencido el convenio, mientras que las cláusulas normativas, como salarios básicos, jornadas y licencias, mantienen un período de transición para su discusión. Además, la nueva normativa promueve la negociación por empresa frente a la de actividad y habilita figuras como el salario vinculado a la productividad.

Frente judicial

La convocatoria llega en medio de una creciente discusión judicial sobre el alcance de las reformas laborales. Días atrás, un juzgado laboral de San Juan resolvió que ciertas modificaciones introducidas por las leyes 27.742 y 27.802 no pueden aplicarse de manera retroactiva a relaciones de trabajo iniciadas antes de su entrada en vigencia. El fallo, vinculado a criterios de cálculo indemnizatorio, se suma a la reciente decisión de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional el artículo 55 de la ley, y a los cuestionamientos que ya arrastra la reforma.

El principal desafío para el plan oficial podría estar puertas adentro, en tanto fuentes vinculadas al área laboral advierten que la reducción de personal y la reorganización de estructuras en la Secretaría de Trabajo dificultarían la gestión simultánea de cientos de negociaciones en el plazo estipulado.