Economía

El debate por el subsidio universal llega al Congreso

La desaceleración de la economía nacional producto de la crisis internacional y también doméstica expuso crudamente la situación de debilidad de las familias pobres del país. Atrás quedó la creciente creación de puestos de trabajo tanto formal como informal...

Domingo 06 de Septiembre de 2009

La desaceleración de la economía nacional producto de la crisis internacional y también doméstica expuso crudamente la situación de debilidad de las familias pobres del país. Atrás quedó la creciente creación de puestos de trabajo tanto formal como informal, y con el incremento del desempleo quedaron al descubierto las necesidades más básicas de los sectores carenciados y se ensancharon las filas de los que menos tienen.

Aunque el tema no es nuevo, la urgencia provocó que el Congreso se hiciera eco de la discusión sobre los proyectos que establecen un ingreso universal para la niñez y la adolescencia, una política social considerada por los especialistas como la más adecuada para enfrentar momentos difíciles, que ahora los legisladores comenzarían a incluir en la agenda parlamentaria.

Existen varios proyectos en danza para poner en marcha un subsidio universal entre los que se destacan las presentaciones de Proyecto Sur, Coalición Cívica (CC), el Partido Socialista (PS), la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión Celeste y Blanco, incluso desde el bloque oficialista no descartan que el gobierno en los próximos días termine presentando un plan propio en ese sentido para ser discutido junto con el presupuesto 2010, que ingresaría el 15 de septiembre al Parlamento. No obstante, los legisladores del Frente para la Victoria propusieron una modificación del régimen actual de asignaciones familiares.

La necesidad de implementar una asignación universal fue considerada por Bernardo Kilksberg, asesor principal de la Dirección Regional para América latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una medida "especialmente virtuosa, totalmente aconsejable, y desde el punto de vista social como la mejor inversión que puede hacer una sociedad".

Para el especialista internacional "inyectar una suma importante de dinero, cuanto más sea mejor, produce efectos multiplicadores inmediatos".

Durante el lanzamiento del programa ingreso social con trabajo que el gobierno nacional presentó recientemente orientado a la creación de 100 mil empleos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso algunas cifras alarmantes. Reveló que de los 12,4 millones de menores que viven en la Argentina, 2.860.713 son niños y adolescentes no tienen ningún tipo de cobertura social y puso de manifiesto la urgencia del tema.

Uno de los ejes centrales del debate se centra en cómo conseguir los recursos y, si bien algunos de los proyectos proponen gravar actividades que hoy no lo están o modificar el régimen del impuesto a las ganancias, otros se enfocan en redistribuir lo existente. El Ejecutivo es el actor más interesado en resolver este punto, ya que las cuentas públicas están más que ajustadas por la caída de la recaudación.

Según cálculos del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), otorgar una asignación universal de 135 pesos a todos los menores de 18 años y generalizar la ayuda escolar anual a 170 pesos implicaría sumar al presupuesto 12.827 millones de pesos. El impacto total sería de 23.311 millones de pesos anuales, a lo que hay que descontarle los 8.730 millones que está presupuestados para las asignaciones familiares en 2008 y 1.753 millones que se tiene previsto asignar en el plan familias por la inclusión social.

El precio de erradicar el hambre

  El informe del instituto de la CTA también agrega que si, en cambio, "se busca garantizar que el hambre en la Argentina no exista más y a tal fin instrumentamos la asignación universal para todos los pibes en un valor de 300 pesos mensuales", el costo neto de esta medida sería de 39.197 millones de pesos.

  La discusión sobre la asignación universal involucrará a tres comisiones del Congreso. Se trata de las de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuya titular es la diputada Juliana Di Tullio; la de Trabajo, que encabeza el abogado laboralista de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde; y la de Salud, que preside el diputado Sylvestre Begnis.

  La importancia de abrir el debate fue adelantada por el titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, en la última sesión de agosto. No obstante, colaboradores del legislador dejaron trascender que ahora el tema podría quedar en stand by hasta resolver la nueva ley de medios audiovisuales.

  Los presidentes de las comisiones de Trabajo, Familia y Salud están llevando adelante una serie de reuniones para trabajar sobre las iniciativas legislativas en la materia que se encuentran en la Cámara baja, adelantó Recalde. "La idea es que den su opinión para unificar criterios y tratar de consensuar las mejores políticas posibles. Vamos a trabajar para ver cuáles son las mejores alternativas para erradicar la pobreza. Creemos que eso va a ser un cambio gradual, porque no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana", agregó, al tiempo que aclaró que aún no existe una agenda legislativa fijada para el tratamiento sobre tablas.

 

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