El Banco Nación insiste con la necesidad de impulsar el cram down por Vicentin

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, se mostró a favor de que la Corte Suprema de Santa Fe declare el cram down sobre la empresa Vicentin, luego de que el máximo tribunal provincial se abriera a una intervención más profunda por parte de sus acreedores en la cancelación de su deuda.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) tiene una posición privilegiada entre lo acreedores de la empresa, ya que tiene u$s 300 millones de los casi u$s 1.600 millones que la cerealera dejó sin pagar a principios de 2020, entre quienes se destacan otros bancos públicos y extranjeros, además de productores de Santa Fe.

“A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía, que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, aseguró Hecker en declaraciones a la prensa.

Hecker advirtió que si el juez Fabián Lorenzini homologaba la propuesta que la empresa había presentado, se abría una “posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando”.

“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80% en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, subrayó.

Por último, el funcionario recordó que el banco “manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.

Otra de los entidades acreedoras de Vicentin es el Banco Provincia, que también rechazó la propuesta de reestructuración presentada por la empresa “por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública”.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros, a quienes dejó impago cerca de u$s 1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que ahora deberá dirimir la Corte Suprema santafesina.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, buscaba ayer el apoyo de otros ministros del máximo tribunal a la decisión de desplazar al juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso preventivo de Vicentin, quien tiene plazo hasta el viernes para remitir al máximo tribunal la totalidad del expediente de la causa, informaron fuentes judiciales.

La medida del titular de la CSJ provincial, que resolvió el jueves pasado el avocamiento al caso y le pidió al juez que le remita el expediente, procura determinar si existieron irregularidades en su trámite y dejó en vilo el desenlace del concurso, al suspender los plazos procesales.

La decisión de la Corte de desplazar al juez de concurso y pedir la remisión del expediente suspendió también los plazos procesales, por lo que quedó sin efecto la posibilidad de que el magistrado convalide un acuerdo de Vicentin con sus acreedores, con plazo final fijado para el 30 de este mes.

Zona liberada

El diputado provincial Carlos Del Frade, que sigue de cerca el concurso, manifestó su coincidencia con la medida adoptada por la Corte porque, según dijo a la agencia Télam, “frena la zona liberada creada por Lorenzini”.

Varios acreedores sostuvieron, incluso con planteos formales de recusación, que el juez del concurso se allanó a los planteos de la empresa.

Por otra parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se mostró a favor de capitalizar la empresa, habida cuenta de que la entidad financiera pública es el mayor acreedor particular del concurso.

“Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa”, señaló ayer el director del Banco Nación, Claudio Lozano, en un comunicado.

En este sentido, planteó la “idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos”.

Lozano también respaldó la posición del presidente Alberto Fernández respecto de la necesidad de que el Estado sume una empresa testigo que ordene el mercado.

“Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial”, explicó Lozano.

Al respecto, resaltó la importancia de “esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga un límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios, y fortalecer a la comunidad con herramientas que permitan administrar mejor el funcionamiento de la economía”.

“Con el Banco Nación a la cabeza del conjunto de la banca pública y sumando a otros organismos como la Afip, también acreedores de Vicentin, hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso, encolumnados por el carácter de acreedor privilegiado del Nación”, concluyó Lozano.

Apoyo gremial

Un conjunto de gremios de la región también salió a apoyar la posibilidad de una intervención estatal en la cerealera.

Mauricio Brizuela, secretario general del gremio de trabajadores petroquímicos de San Lorenzo opinó que “el Estado tiene que estar presente en un sector tan estratégico para nuestro país que hoy está 100% en manos privadas”.

Sergio Rivolta, titular de la Secretaría Gremial del PJ Rosario dijo: “Es indudable que hacerse cargo de alguna manera de Vicentín por parte del gobierno nacional es totalmente necesaria en esta coyuntura”.

Por su parte, Marcelo Andrada, cabeza del Sindicato de Recolectores de Rosario manifestó: “Para nosotros estatizar Vicentin lo entendemos como algo positivo para que sea el referente en el mercado de grano”.

A su turno, Julio Barroso del gremio de Trabajadores Químicos de San Lorenzo apuntó que, “hay empresas que resultan estratégicas para el desarrollo del país, incluso para favorecer el agregado de valor en el sector privado”.