Javier Milei presentó por cadena nacional una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, según prometió, pondrá fin a 91 años de saqueo e impedirá que la política vuelva a financiarse con emisión. En su discurso destacó cinco ejes: devolverle al BCRA la misión exclusiva de preservar el valor de la moneda; prohibir el financiamiento monetario a todos los niveles del Estado; exigir dos tercios de los miembros presentes de cada cámara para remover a sus autoridades; restringir la transferencia de utilidades al Tesoro; y eliminar las Letras Intransferibles.

Varias de estas modificaciones son razonables. La Carta Orgánica vigente permite adelantos al Tesoro y, una vez cubiertas ciertas reservas, obliga al BCRA a transferirle las utilidades restantes: las ganancias que muestra su balance. No todas son dinero disponible; algunas surgen de la valuación en pesos de sus activos. La reforma propone que esas ganancias no se repartan y que otros resultados líquidos solo se transfieran para cancelar deuda. Las Letras Intransferibles son pagarés que el Tesoro entregó al BCRA a cambio de dólares de las reservas y que el Central no puede vender. Cerrar estos canales mejora la contabilidad y eleva el costo de volver a utilizarlos. No es poco, pero tampoco es el blindaje definitivo que promete el gobierno.

Un cerrojo con la llave puesta

Para ponerlo en claro: la Carta Orgánica del Banco Central es una ley ordinaria. Una mayoría futura puede modificarla o derogarla mediante otra ley. Eso incluye la cláusula que exige dos tercios de los miembros presentes de cada cámara para remover al presidente y al directorio. Supongamos que un nuevo gobierno quiere desplazarlos: ¿por qué intentaría reunir esos dos tercios si puede eliminar el requisito mediante otra ley, cuya aprobación no exige esa mayoría especial? El supuesto cerrojo tiene la llave puesta. El mismo razonamiento alcanza al anunciado “grillete fiscal”: si queda plasmado en otra ley ordinaria, elevará el costo de incumplirlo, pero tampoco será irreversible.

La reforma también agrava una asimetría difícil de justificar. Milei mantiene la designación —Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado—, pero exige una mayoría mucho mayor para remover —dos tercios de ambas cámaras—. Santiago Bausili y el resto del directorio, sin embargo, siguen “en comisión”, sin aprobación definitiva del Senado. Blindar con dos tercios a funcionarios que el Gobierno nombró sin un consenso equivalente parece proteger a personas más que a la institución. Una reforma consistente debería exigir mayorías calificadas para nombrar y para remover. Además, debería disponer la renovación del directorio por partes: así, ningún presidente podría elegir a todos sus integrantes de una vez ni sus mandatos coincidirían con el ciclo electoral.

Cuando el propio Gobierno refutó lo que hoy propone

No hace falta imaginar qué haría una administración futura frente a una regla incómoda. La mejor evidencia la aportó el propio Milei. La ley 27.612 —conocida como ley Guzmán— dispuso en 2021 que todo nuevo programa u operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional debía ser aprobado por una ley expresa del Congreso. En marzo de 2025, el Ejecutivo autorizó una operación con el FMI mediante el DNU 179/25. Diputados validó el decreto por 129 votos contra 108, con seis abstenciones, y el acuerdo avanzó sin una ley sancionada por ambas cámaras.

Puede discutirse la validez de aquel procedimiento. La lección institucional es indiscutible: cuando una regla legal chocó con sus necesidades, el gobierno que hoy promete un Banco Central inmune a la política encontró una vía para sortearla. Mientras un DNU conserve vigencia hasta ser rechazado por ambas cámaras, cualquier blindaje construido por ley ordinaria seguirá siendo vulnerable. Así, la reforma no es más que cerrar la puerta y dejar abierta la ventana.

Las reglas ayudan, la reputación decide

La credibilidad no aparece porque una promesa se publique en el Boletín Oficial. Finn Kydland y Edward Prescott, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2004, mostraron que las promesas de un gobierno con libertad para incumplirlas no anclan expectativas inflacionarias: de ahí la ventaja de las reglas sobre la discreción. Pero una regla solo disciplina si resulta difícil abandonarla. Si está escrita en una ley ordinaria, otro gobierno puede modificarla o sortearla. La discreción no desaparece: apenas se encarece. La confianza no nace con la sanción de una ley, sino de cumplir los compromisos cuando romperlos resulta conveniente.

En su trabajo sobre desinflaciones, el economista Fernando Morra muestra que varios casos exitosos, como Chile y Perú, estuvieron acompañados por reformas de sus bancos centrales. También subraya que la reputación se acumula cumpliendo objetivos: la ley puede ayudar; la confianza aparece después.

La comparación regional es elocuente. Chile consagró la autonomía de su Banco Central en la Constitución y la reguló con una ley orgánica constitucional que, aun tras la rebaja de quórums de 2023, exige la mayoría absoluta de todos los diputados y senadores en ejercicio. Brasil estableció la suya en 2021 por ley complementaria, con la misma mayoría y mandatos escalonados. La Argentina no tiene nada parecido: la Carta Orgánica es una ley ordinaria y lo seguirá siendo después de la reforma. Brasil y Chile pusieron candado y escondieron la llave; la Argentina se limita a cerrar la puerta con un pestillo.

Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie

Calificar la iniciativa como mera cosmética sería excesivo, pero cambia la ley, no la discreción de fondo. Prohibir adelantos, limitar la transferencia de ganancias contables, eliminar las Letras Intransferibles y dificultar remociones arbitrarias puede mejorar el funcionamiento del BCRA y hacer más difícil su uso político. El error es vender esos cambios como una garantía irreversible. Una ley cambia incentivos y costos; no elimina la política.

Si Milei quisiera construir una institución que lo sobreviva, debería buscar un acuerdo amplio, hacer simétricas las reglas de designación y remoción, renovar el directorio por partes, reforzar los controles y limitar el uso de DNU para alterar normas económicas centrales. También podría disponer que las nuevas reglas de gobierno rijan desde la próxima administración, como propuso Martín Redrado, para despejar la sospecha de que el objetivo inmediato es atornillar a las autoridades actuales. La independencia efectiva combina autonomía operativa, objetivos claros, rendición de cuentas y coordinación política.

La credibilidad monetaria no se decreta ni se hereda. Se acumula cumpliendo una regla cuando existe la tentación de romperla. Los mercados no creen que un gobierno no emitirá porque lo dice una hoja: creen, o no, en un equilibrio político capaz de sostenerla. La reforma puede ser un buen primer ladrillo. Presentarla desde ahora como una muralla confunde una declaración de intenciones con una reputación que todavía debe construirse.