Entre 2023 y 2025, mientras el índice de precios implícitos de toda la economía subió 334%, el rubro de electricidad, gas y agua aumentó 762%. Así lo señaló un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), en el que se analiza el impacto de la política tarifaria del gobierno en el poder adquisitivo de los hogares y los costos de las pymes, así como el aumento de los ingresos de las empresas operadoras de servicios públicos privatizados.

El informe elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr concluyó que esta política “consolidó un esquema regulatorio de privilegio para empresas privatizadas que aumentaron ingresos y ganancias sin una respuesta inversora equivalente” ya que “en lugar de mejorar estructuralmente los servicios, el modelo refuerza la apropiación de excedentes por parte de sectores concentrados del poder económico”.

Sinceramiento de precios

El estudio recuerda que, desde diciembre de 2023, el gobierno reordenó la política tarifaria bajo el discurso del “sinceramiento de precios” y el equilibrio fiscal. En ese esquema, la reducción de subsidios fue más que compensada por fuertes aumentos tarifarios. El resultado fue una transferencia directa desde hogares, comercios y pymes hacia un núcleo concentrado de empresas privatizadas.

Con el salto de precios, la canasta de servicios públicos básicos llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado en el Area Metropolitana del Gran Buenos Aires (Amba). “Ese promedio, además, oculta una presión mucho mayor sobre trabajadores informales, economía popular y hogares de menores ingresos”, advierten García Zanotti y Schorr.

Si bien el ajuste de subsidios fue uno de los pilares del superávit primario, el traslado a los usuarios “fue todavía mayor”. La baja del gasto estatal no implicó una reducción equivalente del costo del sistema sino su desplazamiento hacia las tarifas pagadas por hogares, comercios y pymes. “En otros términos: el ahorro fiscal se sostuvo sobre una transferencia de ingresos superior al recorte de subsidios”, subrayaron.

Los dueños del negocio

Las empresas privatizadas ganaron con el nuevo esquema. En una muestra de 18 firmas de servicios públicos, los investigadores encontraron que los ingresos por ventas crecieron 28% real en dos años, mientras el valor bruto de producción de toda la economía apenas aumentó 1%.

También crecieron las ganancias, ya que la masa agregada de beneficios de estas empresas aumentó más de 55% real entre 2023 y 2025, impulsada por la actualización tarifaria y la recomposición de ingresos regulados. “El negocio está altamente concentrado, detrás de las principales prestadoras aparece un núcleo reducido de grupos económicos nacionales con fuerte incidencia regulatoria: Mindlin, Eurnekian, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Brito, Bemberg, Reca y Neuss, entre otros”, describieron.

El caso Neuss, enfatizaron, aparece como el de “uno de los grandes ganadores del ciclo Milei”. Ligado a la familia Caputo, el grupo amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones vinculadas a las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases.

Activos financieros

El informe del Ipypp señala que las mayores ganancias no se tradujeron proporcionalmente en inversión, que pasó de representar el 15% de las ventas en 2023 a 11% en 2024 y 14% en 2025. Es decir, “mejoró la rentabilidad pero no hubo un salto equivalente en infraestructura”.

Parte del excedente se volcó a activos financieros. Varias prestadoras aumentaron sus carteras en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros. En algunos casos, esas tenencias representaron porcentajes muy elevados de su facturación.

El informe muestra, de este modo, que la política tarifaria del gobierno “no sólo deterioró el poder adquisitivo de los hogares y elevó los costos de pymes y comercios” sino que “consolidó un esquema regulatorio de privilegio para empresas privatizadas que aumentaron ingresos y ganancias sin una respuesta inversora equivalente”.