Desde que decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir ayuda frente a la crisis cambiaria, funcionarios del gobierno nacional anunciaron en más de una oportunidad que buscarán un acuerdo con las provincias para que asuman parte del ajuste que les exigirá el organismo internacional.
La iniciativa es polémica no sólo porque recuerda a los pactos de fines de los 90 sino porque hace apenas unos meses se firmó el Compromiso Federal, que reordenó el panorama de distribución de recursos entre la Nación y los Estados nacionales. De modo que la puja por el nuevo tijeretazo que impulsa Mauricio Macri promete convertirse en una de las peleas políticas del año.
Frente a esta discusión, un informe de la consultora Economía & Regiones advierte que el gobierno nacional "comete un error si se pretende trasladar el ajuste fiscal completamente hacia las provincias", ya que es en el nivel nacional donde se explica el aumento del déficit, mientras que en el interior, las cuentas públicas están en relativo equilibrio.
"El argumento del Ejecutivo nacional es que las provincias tienen equuilibrio fiscal gracias a que se les restituyó parte del 15 por ciento de la coparticipación de impuestos que la administracion central retenía para el financiamiento de la Ansés", señaló la consultora que fundó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Pero los mismos economistas del centro de estudios aclararon que, con excepción de las provincias con fallo de la Corte (Córdoba, San Luis y Santa Fe), el cronograma de devolución acordado alcanzó hasta ahora a 9 de los 15 puntos. Por otra parte, si bien los distritos "reciben más recursos que antes, todavía están por debajo del piso del 32 por ciento que la ley de coparticipación les asegura para el reparto de recursos federales".
E&R aclara además, que en 2016 y en 2017 ,las provincias tuvieron un déficit consolidado de 0,8 por ciento y 0,9 por ciento, lo que a su juicio es una muestra de que "el buen resultado fiscal de las provincias no es gracias a la mayor cantidad de recursos". De hecho, explicó, "hace diez años que el sector público provincial tiene un déficit fiscal a 1 por cientodel del PBI". En cambio, de acuerdo al estudio, el déficit financiero del gobierno nacional pasó, en ese mismo período, de 0,6 por ciento del PBI a 6,8 por ciento del PBI.
La consultora aclara que el gasto de la Nación, excluido el régimen previsional, superó en un 15 por ciento al gasto de las provincias, pese a que los Estados subnacionales "se hacen cargo de los servicios públicos esenciales como educación, salud, justicia y seguridad". De hecho, el 58 por ciento del gasto de las provincias se asigna a educación, salud y jubilaciones. El otro 10 por ciento va a seguridad.
"Los maestros, médicos, enfermeros, policías y jueces no federales son provinciales, por eso no debe sorprender que el conjunto de los Estados provinciales, con 2,35 millones de agentes, tenga más empleados que la Nación (740.600 personas sin incluir empresas públicas", señaló.
Aunque considera que la Nación debe cargar con la mayor parte del esfuerzo, la consultora también tiene "El nuevo programa fiscal debe presentar metas de equilibrio fiscal primario en 2018 y 2019, que logrará recortando conjuntamente las transferencias a provincias (1,1 por ciento PBI), la obra pública (2 por ciento PBI),los subsidios económicos (2,2 por ciento PBI) y el organigrama del PEN".
El costo será, indudablemente, la actividad económica De acuerdo a las estimacines de E&R, "el nivel de actividad en 2018 presentaría un crecimiento moderado del 0,8 por ciento y por ende del PBI per cápita cerraría este año un 1,3 por ciento or debajo de 2015 y 5,3 por ciento por debajo de 2011. "En la comparación interanual habrá descensos en el tercer y cuarto trimestre".