El Indice de Gestores de Compras compuesto (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos subió a 50,2 puntos en febrero, desde los 46,8 registrados en enero, en máximos desde hace ocho meses, informó S&P Global. Que esta cifra rebase el 50 conlleva una expansión de la actividad. Este alza se vio impulsado por el sector servicios gracias a un clima excepcionalmente cálido, mientras que la industria continúa acusando una caída en la producción y está centrada en la reducción de inventarios. Sin embargo, este retroceso se ha moderado. No obstante, los nuevos pedidos de exportación sí profundizaron su contracción en comparación con el mes anterior, si bien a la menor tasa conjunta desde mayo de 2022 por la baja demanda externa. No obstante, los costos inflacionarios en febrero se suavizaron tras la aceleración observada en enero hasta registrar la segunda tasa más baja desde octubre de 2020. Aun cuando cayeron los precios de las materias primas y componentes, la fortaleza del mercado laboral y la suba de los sueldos apreciaron los costos y mantuvieron la inflación en niveles elevados. En tanto, el PMI de Actividad Comercial del Sector Servicios se encuentra en máximos de hace ocho meses, con 50,5, con una suba de 3,7 respecto al primer mes de 2023. Por su parte, el PMI del Sector Manufacturero alcanzó los 47,8 puntos desde los 46,9 de enero, su nivel más alto en cuatro meses. Asimismo, el PMI de Producción del Sector Manufacturero, que mide si la actividad de las empresas es superior, igual o inferior al mes anterior, se anotó un 48,4, una suba de 1,5 puntos. “Febrero está observando una dinamización de la actividad empresarial después de siete meses de caídas. A pesar de los vientos en contra por las subidas de los tipos de interés y del coste de la vida, las perspectivas de las empresas han mejorado tras los aparentes signos de que la inflación ha tocado techo y los riesgos de recesión se han desvanecido”, ha afirmado el economista jefe de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

Revisan al alza el déficit fiscal de Italia que podría llegar al 10% del PBI

El déficit fiscal de Italia de 2021 y 2022 se dispararía a casi el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) tras una revisión al alza que está encarando el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat) que incorporará el gasto de un programa de estimulo fiscal dirigido a impulsar la economía tras la pandemia. La revisión, que se publicará el próximo 1º de marzo, probablemente afecte a los números del déficit del 2021 y del 2022, indicaron fuentes consultadas por la agencia Bloomberg. En concreto,se incorporará el costo del programa SuperBonus, el cual consiste de una deducción fiscal del 110% de los gastos para quienes realicen reformas edilicias con el fin de mejorar su calificación energética y reducir su riesgo sísmico, es decir, no sólo el gobierno pagaba los gastos sino que otorgaba un incentivo extra a realizar este tipo de obras. Entre las intervenciones que se encontraban abarcadas por el programa se encuentra el asilamiento térmico y el reemplazo de sistemas de aire acondicionado. El programa, lanzado por el gobierno del ex primer ministro Giuseppe Conte en 2020 y votado en su momento por casi todos los partidos políticos, si bien fue cuestionado por los casos de fraude y falta de controles, se trató de uno de los elementos que motorizó la salida de Italia de la pandemia. El sector de la construcción, en ese sentido, experimentó una expansión de 21,3% anual en 2021. La actual primer ministra, Giorgia Meloni, cuestionó el programa desde que fue elegida el año pasado por el gasto “excesivo” del mismo y, por decreto, dispuso su suspensión la semana pasada. Meloni señaló que el programa le “costó 2.000 euros a cada italiano”, y afirmó que de los 105.000 millones de euros que costó “hubo muchísimos fraudes por casi 9.000 millones de euros”. La coalición gobernante -compuesta por los partidos Fratelli d'Italia, Forza Italia y la Lega Nord- ahora apunta a paliar la eliminación del programa, en medio de una férrea oposición por parte de los partidos de centroizquierda. Sin embargo, incluso dentro de la mayoría de derecha existen discusiones por el posible impacto en el sector de la construcción, y la economía que implicaría el abandono del esquema. Uno de los temas en discusión es qué sucederá con los créditos que fueron concedidos y que serán eliminados, con el riesgo de que, de no haber medidas de compensación, se paralicen miles de obras en construcción por falta de fondos.

La UE incluirá 20.000 millones más para medidas energéticas en sus planes de recuperación

Los veintisiete países que integran la Unión Europea (UE) aprobaron el reglamento para incluir 20.000 millones de euros más en medidas energéticas en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles de Rusia y acelerar la transición verde. De ese monto, España obtendrá 2.586 millones de euros, lo que la sitúa como el tercer país de la Unión Europea que recibirá más ayudas de esta partida, con casi el 13% del total del nuevo capítulo del programa Repower EU para hacer frente al alza de los precios de la energía y reforzar las inversiones en las infraestructuras en este sector, así como la transición hacia las tecnologías renovables. En la práctica, los Estados miembros podrán añadir un nuevo capítulo destinado a medidas energéticas a sus planes nacionales de recuperación y resistencia en el marco de los fondos NextGenerationEU, con el fin de financiar inversiones y reformas clave que contribuyan a alcanzar los objetivos verdes de la UE. Este es el último paso del procedimiento de adopción después de que el pleno del Parlamento Europeo aprobase la inclusión de la partida adicional y ahora que el Consejo ha adoptado el Reglamento, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor al día siguiente. Según el documento pactado, los Estados miembro que modifiquen su plan de recuperación y resiliencia a fin de solicitar más financiación deberán incluir medidas para ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar el suministro de energía. Las nuevas normas, que se aplicarán retroactivamente desde el 1 de febrero de 2022, incluyen el requisito de que, como mínimo, el 30% de sus inversiones en el marco del plan para la transición verde se destine a medidas plurinacionales. Con esta medida, se pretende alcanzar el doble objetivo de, por una parte, resolver los cuellos de botella actuales en la transmisión, la distribución y el almacenamiento de energía y, por otra, aumentar los flujos transfronterizos. Los capítulos vinculados al plan REPowerEU deberán regirse por el principio de “no causar perjuicio significativo” al medio ambiente -aunque se aplicarán excepciones provisionales para aquellas medidas que garanticen necesidades energéticas inmediatas- y se introducirán nuevas normas de transparencia para los cien beneficiarios finales con mayor financiación.